Igor A. Arias M.
Como hemos señalado en apartes anteriores, el desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de las capacidades y oportunidades de la gente. En este sentido es un concepto que comprende elementos cuantitativos y cualitativos, dirigidos al ser humano y que por lo tanto trasciende un ámbito o espacio determinado.
El desarrollo es un proceso de y para la gente, la sociedad. Es un proceso de construcción colectiva que sosteniblemente se nutre de conocimiento, comunicación, organización, participación, solidaridad y compromiso. El desarrollo es principio y fin: es construcción de capacidades y creación de oportunidades para que el ser humano, la sociedad en un espiral virtuoso pueda crear nuevas capacidades y nuevas oportunidades. El desarrollo, entonces, tiene que ver con la creación de un capital humano/social emprendedor de procesos socioproductivos, constructores de bienestar y por ello tiene un sentido global. (Arias 2002).
Sin embargo, para propósitos prácticos y de permitir la operatividad y utilidad del concepto podemos y se hace imperativo “calificarlo”. Es así que hablamos de desarrollo rural como vivencia que ocurre en zonas rurales y que responde a las características de esos complejos espacios y a sus no menos complejas relaciones con su entorno. En este sentido algunos principios básicos a considerar serían:
Es muy difícil pretender hacer un modelo que contenga todos los componentes del desarrollo rural. Son por supuesto muchas las variables a tomar en consideración pero entendemos que cualquier modelo, aún siendo simplificación de la realidad, puede ser un instrumento de gran utilidad a la hora de comprender esas realidades y sobre esa base orientar políticas, estrategias, acciones, y en general una toma de decisiones más efectiva en procura del desarrollo sostenible de los espacios rurales.
La figura anexa muestra un modelo de desarrollo rural. Se ha tratado de exponer un modelo plano, de círculos concéntricos que expresa de manera sistémica las interrelaciones de los diferentes componentes. Este modelo, consecuente con lo que hemos venido señalando, puntualiza y por ello es núcleo central, que el desarrollo rural sostenible ocurrirá si se procura un desarrollo humano/social que sea medio y fin para el logro de bienestar sostenible de las familias/comunidades rurales.
El círculo exterior del modelo contiene lo que denominamos el entorno o el ambiente en el cual ocurre el proceso de desarrollo rural. Se trata del entorno político, económico, social, cultural, ecológico e institucional del espacio rural bajo estudio. Pero igualmente importante es la consideración de esas variables a un nivel más macro: regional, nacional e internacional que constantemente influencian ese ambiente local. En esos ambientes existen fuerzas de gran dinamismo, algunas independientes, otras interdependientes que ejercen una constante significativa influencia en los procesos de desarrollo.
A un gran nivel podemos decir que se trata de fuerzas políticas, económicas, sociales, ecológicas manifestadas en términos de recursos naturales, organizaciones, instituciones políticas, económicas, culturales y sociales, etc., que actúan en el estado-nación y afectan de manera muy diversa el comportamiento de los diferentes sectores productivos y del estamento social-institucional como un todo.
Es claro que este ambiente visto en forma general, resulta en un acopio de indefinibles de poca utilidad a la hora de estudiar sus influencias y efectos sobre los procesos de desarrollo, pero su estudio a la hora de diseñar programas de desarrollo rural es fundamental. El conocimiento, por lo tanto, de sus componentes y el dinamismo de sus relaciones resulta vital para comprender y sobre esa base planear las posibilidades de desarrollo de cualquier región. Diagnostico y permanente monitoreo de estas variables será necesario.
Si bien no es el objetivo de este trabajo caracterizar ese mar donde navega el desarrollo, quisiéramos detenernos en 2 de estas macro variables que consideramos de gran importancia: la institucionalidad, y el ámbito de lo público y el papel del Estado.
La viabilidad de incorporación de las propuestas que integran una Nueva Territorialidad Rural, en particular en la perspectiva de un nuevo enfoque de territorio y de una nueva economía rural, pasa por la construcción de una nueva institucionalidad, como expresión real de una estructura de reglas de juego y organizaciones que posibilite los procesos políticos y económicos (Echeverri 2001).
La institucionalidad la podemos definir como el conjunto de reglas formales e informales y sus mecanismos de ejecución que inciden sobre el comportamiento de los individuos y organizaciones. Ellas dominan el espacio de lo público (espacio de encuentro entre los diferentes intereses individuales), en un contexto de interacción colectiva.
La institucionalidad es mucho más que organizaciones formales públicas. La forma de regulación de una sociedad, los acuerdos, las normas, las competencias, los compromisos, los roles, las formas de organización formal e informal, las organizaciones privadas y públicas, forman parte integral de la institucionalidad. Su reflejo es lo que podemos denominar un contrato social, el cual sirve de referente para la acción individual. La institucionalidad es garante de los derechos reconocidos para y por los miembros de una sociedad y brinda parámetros para el ejercicio y cumplimiento de deberes con el colectivo y la misma acción privada (Echeverri 2001).
El desarrollo rural exige una institucionalidad, unas reglas de juego que hagan posible la visualización y la instrumentación de estrategias, políticas y cursos de acción, y que permita convocar efectivamente y den garantía a los actores del desarrollo rural en el ejercicio del rol activo que les corresponde.
La institucionalidad deseable debe ser proactiva y acorde a las circunstancias, vinculadora de los esfuerzos de todos los protagonistas del desarrollo, la agricultura y la ruralidad, y lo más importante: a la altura de exigencias, retos y nuevos desafíos que demandan mayor creatividad, ingenio, comprensión, solidaridad y compromiso.
En este sentido, las organizaciones formales en tanto que instituciones deben estar legitimadas por el compromiso y la participación. Las organizaciones deben constituirse en un gran foro que convoque, acerque la fructífera discusión conceptual, a un necesario y participativo accionar en los espacios rurales. Esa es la búsqueda hoy. Una búsqueda hacia fuera, al encuentro de espacios para discutir y actuar en los procesos de desarrollo.
Las instituciones son hoy instrumentos del cambio necesario, pero para ello deben interpretar realidades, adecuarse y dar respuesta a los requerimientos sociales. Hoy las instituciones, para ser motor de cambio, motor de desarrollo, requieren ser el resultado de acuerdos sociales, ser manejables, perfectibles, ágiles y relacionables.
El desarrollo de los territorios rurales requiere generar un proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión e interlocución de los actores rurales con el nivel regional, nacional y global. Para ello se deben emprender acciones que tiendan a consolidar el empoderamiento local, o sea la toma de poder de las localidades en cuanto a la forma, criterio, naturaleza, orientación y priorización de los apoyos públicos requeridos para un desarrollo propio. Debemos por ello prestar especial importancia a la institucionalidad local porque es a este nivel (mas que en las organizaciones públicas nacionales distantes) donde se produce el desarrollo y se construye la nueva ruralidad.
Como sabemos es en el ámbito local donde se perciben con mayor precisión la especificidad de las carencias, restricciones y potencialidades de la sociedad. Igualmente las posibilidades del capital humano/social aumentan en aquellos espacios territoriales reducidos y cuando los interlocutores institucionales están próximos y finalmente en los ámbitos locales las posibilidades de control social son mucho mayores.
La descentralización o la transferencia del poder de decisión a las localidades (estados, municipios, comunidades) es una política de Estado de particular pertinencia. Sin embargo, está llena de complejidades porque implica un cambio radical en la cultura de las organizaciones públicas con un legado de siglos de políticas centralizadas y además, exige capacidad administrativa y técnica en la población local para asumir las responsabilidades transferidas por el gobierno central (Escobar, A. 2000).
Este proceso implica igualmente que las instituciones locales asuman la responsabilidad y los riesgos de sus propias decisiones y requiere mecanismos eficientes, participativos y democráticos para que se ejerza un adecuado control social sobre la gestión de sus propias instituciones.
El desarrollo de estructuras institucionales de nivel local que sirvan de sustrato al aumento de capital social; la flexibilidad organizacional de las organizaciones comunitarias, privadas y ONG’s, así como un consolidado relacionamiento e integración institucional, son todas posibilidades parar la creación de una fortalecida institucionalidad para el desarrollo rural.
Se requiere generar una institucionalidad local fuerte y legítima que, considerando la gran heterogeneidad rural, debe desarrollar la capacidad para que las instituciones básicas locales, evolucionen de acuerdo con sus particularidades hacia una institucionalidad propia, singular, legítima, de amplia participación y fuertes sistemas de control social. Esto último se corresponde con lo que denominamos desarrollo endógeno y empoderamiento social comunitario local.