Arnoldo Pirela
El problema central que nos planteamos en este punto es el de las modernas necesidades de industrialización-reconversión, los efectos de una falta de una política industrial y tecnológica en un contexto macroeconómico “imperfecto” o de desequilibrios y, sometido, además, al tremendo impacto de las “nuevas tecnologías”. Finalmente, presentamos un esquema de política, el cual pone como centro el desarrollo de un amplio programa de negociación y concertación con las empresas, usando al desarrollo de la información como centro del proceso.
Información confiable y ampliamente difundida es un instrumento básico para la construcción de mecanismos de negociación y concertación entre el Estado y las empresas. Esto significa, por una parte, estadísticas confiables, y aquí nos enfrentamos a un problema de falta de transparencia de las empresas, particularmente derivado de las deficiencias del sistema impositivo y especialmente de sus instrumentos y mecanismos de recaudación. Este es un problema complejo, cuya solución escapa del campo de la política tecnológica, sólo deseamos destacar los efectos que tienen y pueden desarrollarse. Por otra parte, ello significa acciones conducentes al desarrollo de una capacidad muy alta de acceso, elaboración y difusión de información especializada para el desarrollo tecnológico y la competitividad de nuestras empresas.
Estamos convencidos que el Estado venezolano se ha visto paralizado en la elaboración de una política industrial y tecnológica, en mucho más que por un posible influencia ideológica del “neoliberalismo”, por la falta de información confiable para programar y tomar decisiones (7) (Pirela et al, 1991), dejando, en gran medida, al poder de ajuste del mercado incluso los procesos de desarrollo tecnológico cuyo estímulo, en un país pequeño como Venezuela, sólo tiene poder y recursos el Estado para adelantarlos. No obstante, es necesario dar respuesta de política a la reconversión de una estructura industrial que viene de un largo proceso de estabilidad y crecimiento y se encuentra en una encrucijada de grandes desequilibrios macroeconómicos, apertura de la economía y, además, la revolución de las “nuevas tecnologías”.
Ahora bien, para desarrollar una política tecnológica en Venezuela, entendemos que los objetivos principales son: 1) contribuir o estimular el desarrollo de una capacidad de investigación y desarrollo e innovación en lo interno de las empresas; 2) estimular para que esa capacidad de I & D e innovación de las empresas cree las vinculaciones técnicas externas más amplias posibles. Veamos en detalle esos criterios.
Primero, se ha demostrado en empresas grandes, medianas y pequeñas; tanto fuera de Venezuela, en países altamente industrializados o de escaso nivel de desarrollo, como en los pocos estudios empíricos adelantados en el país, que todas las empresas necesitan una capacidad propia de I & D. Esta capacidad puede estar muy claramente identificada dentro de las estructuras formales de la empresa o puede ser una función difuminada en diverso grado a lo largo de la organización productiva. Ella puede alcanzar altos niveles de desarrollo y complejidad, así como de proximidad o, incluso, liderizar las fronteras del conocimiento técnico y científico; o puede, simplemente, ser capaz de responder a las necesidades de copia, adaptaciones y modificaciones en productos, procesos, sistemas de control o de organización de la producción. Ahora bien, en todas está presente un practica sistemática de investigación experimental con sus necesarios insumos de información. La existencia de esta capacidad propia de investigación es un indicador clave de la presencia y nivel de desarrollo de una “cultura tecnológica” en la empresa; capaz ella de empujar a la unidad productiva o de servicios por niveles cada vez más altos de competitividad.
Segundo, una consecuencia casi inevitable del desarrollo de la capacidad de I & D en las empresas es el establecimiento de más o menos complejas y variadas vinculaciones técnicas con otras empresas e instituciones de variado carácter (Pirela et al, 1992). Esta conducta de las empresas es cada vez más frecuente y se expresa o es potenciada por las tendencias cada vez más fuertes a la actividad de I & D en cooperación. Ello se ha demostrado, como señalamos, en todo tipo de empresas en diversos países y regiones (8) (Howells, 1990; Rothwell, 1989 y Vonortas, 1991).
Ahora bien, resta preguntarse cómo hacerlo desde la empresa y cómo puede el Estado desarrollar política e instrumentos que promuevan tales acontecimientos en las empresas. La compleja variedad de estudios existente demuestran dos cosas: primero, hay marcadas tendencias idiosincrásicas que van desde mecanismos con probados resultados a nivel internacional o en algunas regiones de la tierra el sudeste asiático o los “cuatro tigres” como se les suele llamar, hasta aquellos instrumentos que se muestran más específicos o regionales o locales y los que han probado ser empresa específica. En consecuencia, una gran variedad de instrumentos y mecanismos se han puesto en práctica son diverso grado de éxito según regiones, países o sectores industriales y empresas particulares y existen infinidad de estudio que dan muestra de ello. Segundo, en gran medida derivado de lo primero, encontramos una tendencia cada vez más fuerte a usar o aplicar simultáneamente una variedad de instrumentos y mecanismos y esperar por los que dan mejores resultados.
En el caso venezolano, afirmamos que se debe experimentar con toda clase de instrumentos tomando como eje central la captación, elaboración y difusión de información especializada para construir de este modo las bases y costumbres de negociación entre Estado y empresas. A partir de allí se pueden enfrentar retos más importantes de política tecnológica concertada.
Entre las líneas de acción más importantes que se deben desarrollar están las que siguen, presentadas de manera esquemática por razones de espacio.
Ya adelantados en este documento. Las tres áreas o sectores lucen como claves en Venezuela: Química y Petroquímica, Metalurgia y Metalmecánica y Agroalimentario. Acerca de ellas es necesario que el Estado, en su misión de proveedor y facilitador de acceso a información y como parte del desarrollo de estrategias negociadas y concertadas con las empresas, promuevan el desarrollo del conocimiento para:
Fortalecer las instituciones de apoyo horizontal a la industria:
Todo ello en concertación con las empresas y con los centros de formación de recursos humanos y de desarrollo del conocimiento atinente a estas áreas.
Es necesario hacer énfasis en el estímulo al desarrollo de mecanismos de vinculación con la estructura educativa que permitan el fácil tránsito de la escuela o universidad a la empresa. Además es necesario la incorporación a los programas y pensas universitarios, de conocimientos generales sobre las áreas de gerencia de tecnología y la formación directa de especialistas en este campo.
Se plantea la necesidad de estimular a las instituciones del llamado tradicionalmente “Sector de Ciencia y Tecnología” para que se involucren en actividades de producción y servicio cada vez más ambiciosas, siempre y cuando ellas estén lo más cerca posible de las fronteras del conocimiento. En este aspecto, es muy importante el desarrollo de proyectos conjunto entre universidades y empresas con respaldo del Estado, en áreas de punta para Venezuela.
Venezuela necesita una política tecnológica que promueva y cuide la competitividad de su industria. Ni más ni menos lo que han hecho y están haciendo todos los países desarrollados, incluyendo a los Estados Unidos, con Reagan, Bush y su tradicional endiosamiento de la economía libre de mercado. Construir y, antes que todo, acordar entre Estado, empresarios y universidades las bases de esa política, es una tarea ineludible. Sus postulados básicos deben alimentar el proceso de renegociación de la deuda y el paquete de apoyo internacional a los ajustes estructurales de nuestra economía. De lo contrario no hay reconversión posible de nuestra industria o a un costo social y político demasiado alto.
Las ideas aquí presentadas, pretenden contribuir a ese proceso de construcción de una política. Estamos convencidos que el paso inicial es un compromiso y acción del Estado para involucrarse en un masivo proceso de recopilación, creación y difusión de información especializada sobre todos los aspectos relativos al desarrollo de la competitividad en las empresas. Ese proceso puede crear la base y la costumbre de negociar y concertar política. Lo demás se lo podemos dejar al poder regulador del mercado.