Espacios. Vol. 13 (1) 1992

Política tecnológica y competitividad: la información como eje de la negociación

Technological policy and competitiveness. Information as the core of negotiations

Arnoldo Pirela *


RESUMEN

En el presente trabajo se pasa revista a la situación actual de la política tecnológica de los Estados Unidos y se identifican elementos a ser tomados en consideración para el establecimiento de un programa de desarrollo de la competitividad en Venezuela, para lo cual se detalla una agenda de discusión para elaborar un esquema concertado de política tecnológica y se describe lo que pudieran ser las bases para el desarrollo de la competitividad en las empresas venezolanas

ABSTRACT

This paper studies the present situation of the technological policy of the United States and identifies the elements that have to be taken into consideration when stablishing a program for the development of competitiviness in Venezuela. There is also a detailed agenda of discussion to elaborate a coordinated scheme of technological policy and the possible bases for the development of competitiviness in the Venezuelan enterprises.

Contenido


Introducción

Uno de los debates abiertos por el proceso de ajuste estructural de la economía venezolana se centra en el preciso rol que le toca jugar al Estado en una economía abierta. Dentro de este amplio tema, la discusión sobre los asuntos de política tecnológica y competitividad forman parte de una estimulante y activa controversia que toca no sólo a Venezuela, sino que es punto de atracción en todo el mundo. En ella podemos identificar posiciones tan claramente diferenciadas como capaces de presentar ejemplos de resultados exitosos. Por una parte, el enfoque de un Estado activo y promotor de mecanismos de concertación y acción coordinada entre Estado y empresarios, cuyo exponente más conocido es el Japón. Y por la otra, el modelo de los Estados Unidos, creador de amplias oportunidades desarrollo individual y privado y grandes metas en las fronteras del conocimiento, orientadas por las exigentes demandas de los programas de seguridad y defensa y por el hecho de poseer el mercado más atractivo del mundo.

La controversia planteada está hoy particularmente caldeada, en tanto que encuentra en el camino desarrollos económicos, políticos y sociales de alto dramatismo. Particularmente en los Estados Unidos, donde la recesión económica, el déficit comercial, la deuda externa y los violentos y sangrientos acontecimientos de Los Ángeles a finales de abril, han abierto compuertas a la profunda discusión acerca de la ausencia de política y localización de recursos en programas de desarrollo de la competitividad, investigación y desarrollo, así como de infraestructura y apoyo social a las ciudades más importantes de ese país y a las “minorías” que las habitan.

En el terreno general de la teoría económica y de la historia del pensamiento económico, estos acontecimientos y otros, tanto o más dramáticos, presentes en diversas latitudes, parecen estar marcando la declinación o reflujo de la presente ola de “Laissez Faire”, de dejar libre al mercado, de rechazo a la participación del Estado y hasta de proclamación de la necesidad de una ausencia total de política pública en muchos asuntos de importancia radical.

Obviamente, no pensamos que estas frases anteriores son la mejor descripción de los asuntos bajo discusión en el “main stream” de la economía o la política en los países desarrollados, como lo demostraremos en la líneas siguientes. Pero es bueno señalar que como tales son un productos ideológico, prácticamente consignas, las cuales han tenido eco y encontraron en Venezuela, como en otros países de América Latina, voceros calificados y con poder para tomar decisiones basados en esos argumentos.

Lo que queremos, en esta introducción, es destacar en la discusión actual, la importancia de entender el movimiento pendular de la historia en esta materia, de cómo se ha puesto o retirado el Estado de su rol en la economía y cómo el pensamiento económico ha seguido ese mismo movimiento pendular. A lo largo de la historia, la popularidad cambiante de Fisiócratas, Neoclásicos, Keynesianos y Neoliberales resume esas grandes olas del pensamiento económico que ha pasado por corrientes claramente interventoras de los Estados a repliegue en su injerencia y vuelta a intervenir, en forma intermitente.

Hoy aparecen acontecimientos que pueden indicar un nuevo movimiento en la historia, de regreso a un mayor protagonismo del Estado y las comunidades organizadas. Esperemos que el movimiento pendular no desplace completamente el eje, como ha ocurrido tantas veces, para encontrarnos de nuevo en un plan de exagerada intervención del Estado, de burocratización, favoritismo, clientelismo y completo olvido o intentos por violentar dramáticamente la acción de las fuerzas del mercado. Particularmente en América Latina, donde, como se ha dicho, siempre hemos llegado tarde en la aplicación de modelos y esquemas o teorías del desarrollo, pero además, cuando llegamos, aplicamos los esquemas con más fuerza y decisión que nadie.

El objetivo de este artículo es, primero, presentar uno de los elementos de la fluida e interesante situación actual de la política en los Estados Unidos, en particular de lo que hoy se puede llamar política tecnológica. Por varias razones estos acontecimientos son importantes, como contexto de la discusión sobre política tecnológica e industrial y para la definición de bases para un programa de desarrollo de la competitividad en Venezuela. Los Estados Unidos son nuestro primer mercado, nuestro más importante proveedor, nuestro primer acreedor, el socio principal de los organismos internacionales que regulan nuestra política económica y el modelo que se ha aceptado “copiar” como orientación básica para el ajuste estructural de nuestra economía.

De nuevo llegamos tarde en la aplicación de modelos o esquemas de desarrollo. Cuando los Estados Unidos, al igual que el resto del mundo desarrollado, hacen esfuerzos desesperados por copiar y adaptar los esquemas japoneses, en Venezuela se ha intentado reproducir “en la forma más pura posible” el esquema económico que todos consideran agotado. Ello aunque teóricamente no lo esté, pues nunca se ha probado verdaderamente.

Segundo, el artículo presenta una agenda de discusión, para la construcción de un esquema concertado de política tecnológica en Venezuela. Y, tercero, describe esquemáticamente lo que pudieran ser las bases para el desarrollo de la competitividad de nuestras empresas. Centrada ésta en el desarrollo de la información especializada, como eje de la construcción de un espacio de negociación entre los diversos actores sociales involucrados en este proceso.

1.- Política tecnológica y ventajas competitivas o de cómo el estado tira la piedra y esconde la mano

El papel de la política industrial y tecnológica del Japón es ampliamente conocida, también lo es el rol histórico y actual del MITI, algún trabajo hemos hecho al respecto (2) (Pirela, A. 1987). También se ha difundido mucha información acerca de los mecanismos e instrumentos que cada día descubren quienes se aventuran a incursionar el mercado japonés. La diversa experiencia de Europa, por países o en tanto que Comunidad Económica es también muy amplia. Basta tan sólo hacer referencia a la industria de aviones. Son bien conocidos los ejemplos del Concord, como éxito técnico y fracaso comercial, pero que dio paso al AIRBUS, el cual responde hoy por cerca del 20% del mercado mundial de aviones de pasajeros. Es interesante señalar que sobre el último modelo, el A320, los Estados Unidos están poniendo obstáculos para la comercialización en su territorio, alegando subsidios en su desarrollo por parte de los Gobiernos de la Comunidad.

En un terreno directamente concerniente con lo que deseamos demostrar en este artículo, nos interesa trabajar lo que ahora se puede llamar política tecnológica de los Estados Unidos. Es decir, desde un gobierno orientado por la “Reaganomics”, donde “Política Industrial”, “Picking Winners” (seleccionar ganadores”, son blasfemia, están llegando signos de cambio: el Asesor de Asuntos Científicos del Presidente Bus, D. Allan Bromley ha adelantado una iniciativa para que el Gobierno Federal apoye lo que él ha llamado “tecnologías precompetitivas”. Es decir, en sus propias palabras “... aquellas investigaciones que se hacen antes del punto en donde una empresa o compañía puede decir que esa tecnología tiene un potencial comercial” (3) (Rycroft and Kash, 1991). Como señala: “La iniciativa es una pequeña victoria para aquellos que reclaman un rol más agresivo del gobierno, tal como Dr. Bromley, sobre los defensores del libre mercado” (Rycroft and Kash, 1991). No obstante, es bueno señalar que acerca de la expresión “tecnologías precompetitivas”, muchos empresarios norteamericanos han hecho comentarios sobre lo incomprensible del término y acerca de lo difícil que es trazar la línea que divide los “precompetitivo” de lo estrictamente comercial.

Otras propuestas han sido más agresivas y el rango de problemas bajo discusión es muy amplio. Algunos han propuesto que los Estados Unidos debe asumir que, una vez terminada la guerra fría, los asuntos económicos y de comercio internacional, en particular la competencia con Japón, se ha transformado en problema de seguridad nacional y deben ser tratados como asuntos de defensa. Por tanto, han propuesto la creación de una “Civilian DARPA” (Defense Advanced Research Project Agency), la agencia que manejó durante las últimas tres décadas los asuntos de tecnología militar. Otros han adelantado la necesidad de fijar objetivos y metas tan específicas y retadoras como las que terminaron con el hombre en la luna después de la “vergüenza” por el sputnik. Estos últimos señalan que: “Una política tecnológica requiere legislación que establezca como la más alta prioridad nacional la de alcanzar un surplus comercial en manufacturas, en un período de tiempo determinado... el postulado central de esta política tecnológica es que la habilidad para innovar en tecnologías competitivas es necesaria para alcanzar el surplus comercial.” (Rycroft and Kash, 1991).

Un análisis muy amplio de estas propuestas, y lo que es más importante, una demostración de la larga tradición de intervención del Estado para estimular determinadas industrias o para favorecer específicas tecnologías, aún bajo el gobierno de Reagan, se encuentra en una reciente publicación resultado de un panel sobre el Rol del Gobierno en Tecnología Civil. (National Academy of Science, 1992).

En ese documento se evalúa la acción del Gobierno Federal-más adelante haremos una referencia a los gobiernos estadales- en su apoyo a la investigación básica y su efecto en el desarrollo de particulares industrias de punta; algunas de las formas como el Gobierno Federal se ha involucrado con inversiones más allá de la investigación básica: en agricultura, computadores y microelectrónica, industrias biomédicas, biotecnología, industria de aviación civil, combustible sintético y otras.

También se refiere el documento a algunos de los éxitos alcanzados y las razones que los explican:

  1. Vínculos estrechos entre los usuarios de la tecnología y los proyectos de I & D con soporte federal;
  2. Inversión conjunta de Estado e Industria en la difusión de las nuevas tecnologías desarrolladas;
  3. programas de financiamiento estable y de larga duración;
  4. Ilimitada intervención política en el desarrollo operativo de cada programa;
  5. Distanciamiento de los encargados de la coordinación de los programas por parte del gobierno tan pronto como se hacen evidentes las aplicaciones comerciales;
  6. Costos compartidos entre gobierno e industria;
  7. Evitar excesivas presiones por rápida comercialización de los resultados.

Por otra parte, en el documento se evalúan algunos programas de particular importancia, actualmente en ejecución. Primero que todo, por su gran importancia está DARPA, establecida en 1958, donde se destaca el papel que ella ha jugado en el desarrollo de tecnologías de uso dual (civil y militar). También el SBRI (programa de investigación para la innovación en pequeñas empresas), el cual incluye financiamiento no sólo para facilitar la investigación, sino para el desarrollo y comercialización posterior. Otro programa importante se refiere al complejo de actividades y funciones que cumple el “National Institute of Standards and Technology” (NIST) y el “Advance Technology Program” (ATP), ambos en el Ministerio o Departamento de Comercio. El primero, con funciones y cobertura más amplia: desarrollo de standards técnicos, técnicas de calibración, métodos de control de calidad y generación de tecnologías para seis áreas: ingeniería eléctrica y electrónica, ciencia y tecnología Química, física, ciencia e ingeniería de materiales, construcción e investigaciones sobre incendios, sistemas de computación y, finalmente, laboratorios de computación y matemática aplicada. El segundo, (ATP), uno de los muchos programas iniciados con el respaldo del “1988 Trade Act”. Este programa financia directamente a empresas, especialmente pequeñas (entre 20 a 200 trabajadores) y medianas (entre 200 y 500), en la investigación y desarrollo de tecnologías “genéricas”, “precompetitivas” y que estimulen productos, procesos y tecnologías de “alto riesgo” y “alto potencial”.

Finalmente, es bueno considerar también la evaluación del papel que cumplen los laboratorios de investigación financiados por el Gobierno Federal en el desarrollo y transferencia de tecnologías comerciales. Son aproximadamente 700 laboratorios federales con u presupuesto total para 1991 de U. S $ 20.900 millones. La mayoría son pequeñas unidades de investigación, entre cinco y diez investigadores a tiempo completo, muchas de ellas localizadas en agencias federales o en universidades. Algunos son propiedad del gobierno y operado por funcionarios del Estado. Otros, no obstante se propiedad del gobierno, son operados por contratistas, normalmente universidades o empresas privadas. Estos últimos, en particular, tienen grandes potenciales y facilidades para actuar en transferencia y comercialización de tecnologías.

Es extensa la argumentación en este documento acerca de la política tecnológica de los Estados Unidos, como parte de una política industrial “escondida” del Gobierno Federal, incluyendo muchos aspectos que por falta de espacio no pueden ser presentados en este artículo. Otro tema no desestimable se relaciona con el papel de la política industrial y tecnológica de muchos gobernadores de estado, con diversas orientaciones políticas y, ciertamente, no todos favorables a la idea de “laisser faire”. En esa consideración entran, por ejemplo, los 634 millones de dólares gastados en I & D por agencias estadales en 1988 con una alta concentración en cinco o seis estados (National Science Board, 1991).

Por otra parte, muchos otros trabajos de diverso carácter, acerca de los cuales sólo aporto algunas referencias (Harshall and Branscomb, 1991), argumentan, por ejemplo, que “... tres áreas industriales donde los Estados Unidos pueden mostrar un excelente <performance> -Agricultura, Aeroespacial y Farmacéutica- son aquellas en donde la nación ha contado con una específica y elaborada política industrial que las respalda”.

Por lo tanto, no obstante las proclamas de Reagan y Bush acerca de las virtudes del mercado y las quejas por la política industrial del Japón y Europa, los Estados Unidos tienen y han tenido siempre una forma de política industrial, escondida dentro de una acción de promoción del desarrollo científico y tecnológico. El problema es que buena parte de ella, por razones históricas que no discutimos aquí, se ha hecho de una manera ineficiente, por la vía del desarrollo de tecnologías de utilidad dual: militar y civil.

En definitiva, como señala Business Week en relación con la frase proscrita por la administración Reagan-Bush: “Industrial Policy, call it what you will, the nations needs a plan to nurture growth”. (Business Week, 1992).

* Profesor-investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela.

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