Alexis Mercado* y Marely Malavé**
Recibido: 26-03-2010 8 - Aprobado: 01-06-2010
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Visto por los resultados, el “vinculacionismo”, más que un mecanismo útil para la política científica y tecnológica en América Latina, ha constituido una aspiración de los actores e instituciones encargados de su formulación y ejecución. Basta con dar una hojeada a la agenda de política desarrollada por los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCIT`S) de la región en los últimos veinticinco años para constatar los innumerables esfuerzos realizados. Sin embargo, al revisar los impactos en términos de desarrollo y transferencia de tecnologías, y la contribución a la resolución de problemas de la sociedad, se consigue que los resultados han sido más bien discretos, distando mucho de haber cumplido lo planteado en los objetivos.
En la región, la formulación de instrumentos de este carácter se incrementó significativamente desde inicio de los años ochenta de mano de la crisis económica y el ascenso de la visión neoliberal que en el caso de la promoción de la ciencia y la tecnología por parte del Estado, se traducía, en una “racionalización” en el otorgamiento de recursos a las universidades para la investigación y desarrollo, condicionándolo a una adecuación de estas actividades a los requerimientos del mercado. Esta etapa que ha sido denominada por algunos autores como neo-vinculacionista planteó incluso un rediseño de la estructura funcional de las instituciones de educación superior para adecuarse a las nuevas demandas (Thomas y Dagnino, 2000).
A nuestro entender, los escasos resultados de estos esfuerzos derivan, en mucho, de la implantación de ideas y programas de política, provenientes de los países desarrollados (PD), casi bajo la forma de modas, sin tomar en cuenta las realidades concretas de los niveles y requerimientos de desarrollo tecnológico local. Por ejemplo, a finales de los años ochenta se difundió con fuerza la idea de creación de parques tecnológicos, iniciativa que fue acogida ampliamente por los ONCIT de diversos países de la región, los cuales en muchos casos presentaban diferencias ostensibles en términos de desarrollo tecnológico e industrial. Era evidente que en el caso de los países que poseían escaso nivel de desarrollo tecnológico e industrial, estos instrumentos no resultaban los más apropiados para el desarrollo de capacidad tecnológica e industrial.
En el caso específico de Venezuela diversos han sido los esfuerzos de vinculación. Desde inicios de los sesenta ya se identifican acciones que proponían aproximar al ámbito académico, generador de conocimiento científico, al mundo industrial. Aunque en ese momento en la exigua política pública privaba una visión ofertista, concentrada en torno a la promoción de la actividad científica, ya se explicitaba la necesidad de cooperación entre estos dos mundos. Ya en la etapa neo-vinculacionista, durante los ochenta e inicio de los noventa se adoptaron las proposiciones generadas por la UNESCO y la OEA, y más tarde, durante los noventa, por otros organismos multilaterales (específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID).
La poca efectividad de estos esfuerzos de política también ha tenido que ver con la inadecuada consideración de ciertos aspectos estructurales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el caso de la oferta (universidades y centros de investigación) conseguimos muy enraizada una cultura de investigación orientada hacia las actividades científicas básicas o fundamentales y grandes debilidades en el área de desarrollo tecnológico, traducida, entre otras cosas, en una muy escasa actividad de diseño de procesos. Mientras en el lado de la demanda – la industria - se ha internalizado una cultura que ha privilegiado la adquisición y uso de la tecnología, dejando muy pocos espacios para el desarrollo tecnológico propio y la innovación. En esta perspectiva se entiende porque la instrumentación de estas políticas, pensadas en otras latitudes para estimular interacciones entre estos dos ámbitos y en ambientes que presentan mayor dinamismo innovador, no ha dado resultados positivos.
Tal situación es consecuencia, también, de otra característica de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI): la poca capacidad para articular y coordinar acciones entre los diferentes actores que le componen (Mercado y otros 1999). En el caso de Venezuela, el desarrollo de instrumentos de política científica y tecnológica nos lleva casi siempre a la identificación de esfuerzos institucionales particulares, bien sea desde el Estado a través del CONICIT en un primer momento, y más recientemente en los primeros años del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MppCTII), o de las universidades, a través de los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCHs), respondiendo fundamentalmente a lógicas internas que han tomado muy poco en cuenta los puntos de vista y necesidades de los demás actores.
Por estas razones, ha resultado difícil la conformación de instancias de integración entre las universidades y el sector productivo, espacios que, sin duda, son necesarios para avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica, propósito fundamental de la política científica y tecnológica (PCT) que adelanta la administración gubernamental presente en Venezuela desde 1999.
Procurando superar la visión ofertista tradicional, centrada fundamentalmente en la promoción de actividades de investigación (Íbid ant) 1, el MppCTII ha realizado importantes esfuerzos por conformar instancias para el desarrollo tecnológico. Ejemplo de ello es que a finales de 2005 se decreta la creación del CNTQ, organismo que bajo la figura de interfase, se propone aproximar a universidades y centros de investigación y la industria, básicamente a partir de la identificación precisa de problemas de las empresas, y la conformación de equipos de trabajo aprovechando las capacidades de I+D en las primeras.
Los esfuerzos iniciales para promover vínculos a partir de necesidades concretas de la producción, evidenciaron, aparte de las tradicionales dificultades de aproximación (objetivos y dinámicas diferentes) problemas tales como: estructuras organizacionales que entorpecen la vinculación, dificultad de muchas empresas para caracterizar adecuadamente sus problemas y plasmarlos en proyectos e inexistencia, en diversos casos de capacidades de I+D en las universidades para resolver problemas planteados por las firmas, en especial de aquellas pertenecientes a sectores intensivos en capital. Tal situación llevó a revisar lo apropiado de las estrategias definidas en la creación del Centro. La estrategia basada en la formulación de proyectos conjuntos de I+D se veía limitada por el escaso nivel de desarrollo tecnológico de las empresas y la ausencia de capacidades tecnoproductivas en las universidades 2. Se procede entonces a la elaboración de un plan estratégico para adecuarse mejor a esta realidad.
La aprobación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en 2005, ha constituido un apropiado marco institucional para la gestión del CNTQ, pues basado en lo establecido en este instrumento en cuanto a la obligación que tienen las empresas de invertir y/o aportar, se han desarrollado programas de alcance sectorial para abordar importantes problemas mediante la conformación de redes tecnoproductivas.
Es evidente que los desafíos de este organismo son de gran magnitud. Es necesario promover un cambio en las culturas de las universidades y las empresas para que la coordinación y la cooperación sean elementos fundamentales de sus estrategias; ello requiere el desarrollo y la conjunción de altas capacidades técnicas y de gestión. En ese sentido, más que un organismo promotor de la interacción, el CNTQ, se está constituyendo en un organismo integrador de redes tecnoproductivas alrededor de problemas estructurales de importantes sectores industriales, que ampliaran las agendas de trabajo entre ambos sectores.
Como se indicó en la introducción, muchos han sido los esfuerzos en la región para promover la vinculación universidad – sector productivo. Inspirados generalmente en programas diseñados en los PD, han surgido programas tanto de los organismos promotores del Estado como del seno mismo de las universidades. Acuña (2007) citando a Machado y Kessman (1991), Rojas (1991) y Waissbluth (1991) y sin hacer alusión directa a la participación del Estado, indica que son múltiples las formas que han establecido la universidad y el sector productivo para relacionarse. Estas varían en intensidad, yendo desde actividades sencillas de formación y prestación de servicios como el dictado de cursos; acuerdos para pasantías en la industria; análisis de laboratorio; asistencia técnica y actividad de consultoría, hasta algunas mucho más complejas como la transferencia de tecnología; conformación de incubadoras de empresas; financiamiento de proyectos de I+D; diseño de postgrados adaptados a necesidades empresariales; programas de investigación cooperativos y conformación de parques tecnológicos.
En el caso venezolano pueden conseguirse esfuerzos en todas las áreas señaladas; algunos intentados desde las propias universidades (dictados de cursos, pasantías, servicios de análisis de laboratorio y actividad de consultoría) y otras ensayadas desde el Estado (financiamiento de proyectos de I+D; programas de investigación y promoción de la conformación de parques tecnológicos).
Como se indicó, los esfuerzos han respondido la mayoría de las veces a iniciativas institucionales particulares, que muchas veces no incorporan efectivamente los requerimientos de los actores vinculados con los problemas o cuestiones consideradas.
La falta de comunicación y, en algunos casos de interés, son en gran medida causas de esta situación que bien pudiera esquematizarse de la siguiente manera:
¿Donde radican las causas de estas actitudes?
Dagnino y Thomas (2000) señalan que durante el período vinculacionista – años sesenta y setenta - desde el Estado se promovió la creación de centros de investigación cuyo objetivo fundamental era generar investigación y desarrollo de prototipos tecnológicos3 condiciones a partir de las cuales se podía y debía generar innovación en la industria, apoyándose en los programas de vinculación. Esta realidad correspondía apenas a la de los países de mayor desarrollo relativo (Argentina, Brasil y México) pues en el caso de los demás países fundamentalmente se desarrollaba la parte de investigación.
La ausencia de un tejido industrial innovador que demandara conocimiento de base, entre otras causas, determinó que estas instituciones reforzaran, en la mayoría de los casos, un perfil orientado a la investigación fundamental cuya producción se traducía básicamente en artículos y comunicaciones científicas, situación que llevó a cuestionar la efectividad del modelo ofertista.
En el período neovinculacionista, se hace más evidente la “alineación” de la política científica y tecnológica con las proposiciones de organismos multilaterales. Por ejemplo, a mediados de los años ochenta se da el “Boom” de creación de parques tecnológicos, comenzando en Brasil donde en 1984 el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil (CNPq) da inicio a su programa de Parques tecnológicos. En Venezuela a inicio de los noventa el CONICIT comienza a formular su programa (Mercado y otros, 1998), mientras que en Argentina, comienzan a implantarse los primeros parques a finales de esa década (Giacone, 2004). Los resultados de estas experiencias han sido muy disimiles, pues mientras en Brasil se consolidaron algunas importantes experiencias, y en menor medida en Argentina. En Venezuela, quizás con la excepción de la experiencia del Complejo Parque Tecnológico de Mérida (CPTM), han resultado poco exitosas.
Lima, Cavalcante y Ramacciotti (2005) señalan que, aun cuando en el caso brasileño se registraron algunas implantaciones exitosas 4, existen importantes limitaciones en el programa en cuanto al impacto que ha tenido en la estructura tecnológica de aquel país, identificando como una de las causas la replicación de modelos diseñados en los PD en sistemas de innovación locales que caracterizan como frágiles y fragmentados.
Durante los noventa, acompañando los programas de apertura y ajuste estructural adoptados casi indiscriminadamente en la región, el BID establece líneas de crédito para fomentar la actividad de I+D. Estos programas, pensados desde los PD tampoco consideraban, de nuevo, las realidades de los países. Por ejemplo, el programa BID 1 colocaba como áreas prioritarias a ser financiadas a las denominadas nuevas tecnologías; dentro de ellas estaban la química fina, la microelectrónica y la biotecnología, áreas en las que, en el caso de Venezuela, prácticamente no existía capacidad industrial alguna. Lo sorprendente era que en los convenios para el otorgamiento del préstamo se establecía como condición fundamental la transferencia de resultados de los proyectos al mundo de la producción. la pregunta es ¿qué transferir si no hay adonde transferir? Cabe señalar que no hubo tan siquiera una transferencia de los resultados de la investigación a la producción.
La creación de estructuras de interfase (EDI), instancias cuyo objetivo fundamental es fomentar y facilitar las relaciones entre el ámbito universitario y el industrial, comienzan a difundirse también desde finales de los ochenta en la región. Se promueve con fuerza la creación de Fundaciones Universidad – Empresa, que tienen dentro de sus objetivos la valorización y aprovechamiento económico del conocimiento generado, y en algunos países, especialmente Brasil y México, se promueve la creación de oficinas de transferencia de tecnología en las universidades.
Fernández y otros (1986) señalan tres estrategias en torno a las cuales pueden agruparse las EDI: Intermediación en la cual se proporciona soporte técnico y económico en la gestión de proyectos de I+D (ejemplos serían los casos de México y Venezuela); Dinamización, cuyo objetivo es contribuir con el cambio de cultura en el mundo académico para una mayor incorporación de investigadores en las actividades de cooperación y transferencia de conocimiento al sector industrial; y la Comercialización de los resultados de la investigación.
Los ámbitos de gestión de éstas estructuras se concretan a través de diversas actividades como la exclusiva Promoción de los vínculos, Apoyo tecnológico a las empresas, Contratos de I+D, Protección de resultados de Investigación, creación de empresas de base tecnológica, Conformación de incubadoras y Formación del Recurso Humano, entre otras.
En Venezuela, se citan como ejemplos la creación de la Fundación de Investigación y Desarrollo (FUNINDES) por parte de la Universidad Simón Bolivar a mediados de los ochenta, con el objetivo de servir de mecanismo vinculante entre las capacidades de esta universidad y las necesidades de desarrollo del sector industrial y en la Universidad de los Andes, en el año de 1992 se crea la Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTN) con el objetivo de promover la investigación y la creación de empresas de base tecnológica.
Transcurridas poco más de dos décadas de estos esfuerzos, puede decirse que los resultados en términos de impacto sobre el desarrollo tecnológico de la estructura industrial han sido bastante discretos. Debe señalarse que la inexistencia de una agenda de política tecnológica e industrial coherente, que impulsara el desarrollo tecnológico, contribuyó a esta situación.
Vol. 31 (4) 2010
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