ISSN 0798 1015

Vol. 40 (Nº 43) Año 2019. Pág. 4

Apuntes teóricos para la promoción de la responsabilidad social empresarial en Ecuador

Theoretical notes for the promotion of corporate social responsibility in Ecuador

SALTOS Orrala, Miguel A. 1 y VELÁZQUEZ Ávila, René M. 2

Recibido: 04/06/2019 • Aprobado: 04/12/2019 • Publicado 20/12/2019

Contenido

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

Varias décadas han transcurrido desde que comenzó a asumirse que la responsabilidad de las empresas era únicamente generar utilidades. En la actualidad, dicha concepción cambió, teniendo en cuenta que no es suficiente ni aceptable por el alcance que reviste la misma. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones.

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con la empresa. Para que esta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna.

El crecimiento de la empresa constituye una variable que depende de numerosos factores que están asociados a su desarrollo; sin duda alguna la responsabilidad social empresarial constituye uno de los más importantes, teniendo en cuenta que favorece toda iniciativa que se origina en la empresa, lo que facilita el establecimiento y empoderamiento de su marca garante de la renovación de su imagen corporativa, cuestión que unida al marketing de su producción, captura la preferencia y lealtad de los clientes, además promociona una perfecta armonía entre la empresa, la sociedad y la comunidad en la que opera y percibe sus beneficios. Dentro de este espacio de desarrollo y crecimiento, la responsabilidad social empresarial impulsa el crecimiento de la empresa, debido a que mejora ostensiblemente la reputación y la credibilidad, y con ello logra el reconocimiento ante sus asociados con interés, que adquiere mayor significado cuando el compromiso con la estrategia de responsabilidad social que se asume, es percibido como reflexivo, ético y espontáneo.

En Ecuador “muchas empresas han decidido hacer su compromiso explícito con la responsabilidad social empresarial en sus declaraciones de misión, visión y valores. Estas declaraciones frecuentemente se quedan solo en esa proyección sin materializar ni concretar ninguna acción que lo haga evidente” (Guerrero, Parra, Rivera, Palma, & Scrich, 2017). Pareciera que en nuestro país la aplicación de acciones de RSE fuera meramente declarativas, poco efectivas en unos casos e inexistentes en otros. Algunas empresas ecuatorianas que deciden diseñar y aplicar prácticas o programas de responsabilidad social lo hacen motivados por la búsqueda de mejorar su imagen corporativa ante sus clientes externos, más que por otra razón (Echeverría-Ríos, Abrego-Almazán, & Medina, 2018).

Las organizaciones, privadas o públicas, que tengan por objeto la transferencia de bienes y/o prestación de servicios a la sociedad, están obligadas a cuidar de su entorno, principalmente porque:  “1) sus clientes, usuarios o consumidores a la vez son miembros de la sociedad y, 2) sus acciones y desempeño impactan no sólo a quienes forman parte de su mercado, sino también a los miembros de la sociedad” (Toca Torres, 2017, p. 398). Algunas investigaciones como la de Razeg han concluido que la mayoría de las empresas que desarrollan acciones de responsabilidad social tienen como común motivación la búsqueda de beneficios económicos, “bien sea implementando acciones o programas al interior de esta, donde se ven beneficios en la productividad de los trabajadores, clientes y proveedores, o como forma de atraer más clientes” (2010, p. 26).

La definición de responsabilidad social corporativa construida por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que nos dice que es el “compromiso continuo por parte de las empresas a comportarse de forma ética y contribuir al desarrollo económico sostenible, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias así como de la comunidad local y la sociedad en general”, concepto recogido en el trabajo realizado por Díaz de la Cruz y Fernández (2016), se convierte en una especie de eje para que el Estado a partir de esta idea pueda promover en el empresariado prácticas responsables con todos sus grupos de interés.

Entender en su esencia y significado el tema de RSE implica comprender el concepto de sostenibilidad, identificado con la capacidad que tiene la empresa para crear valor económico y al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos con los que se relaciona, es decir, buscar una equidad social y también preservando el medioambiente en el desarrollo de sus actividades de negocio. Por tanto, una empresa sostenible será aquella que genera valor para sus accionistas, para la sociedad y el medioambiente.

Asimismo, luego de haber analizado el concepto de sostenibilidad y comprender que la empresa debe crear valor para los grupos con los que se relaciona bajo un enfoque de desarrollo sostenible, ahora nos orientaremos en la RSE. Este concepto abarca tres niveles, los cuales comprenden la responsabilidad legal, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual.

En un primer momento se refiere a cumplir las normas, el segundo cumplir las reglas y estándares consensuados a nivel colectivo en el cual la empresa desarrolla sus actividades, y, el tercero, se relaciona con un código propio de conducta, desde una acción social externa, un plan de conciliación de vida familiar y laboral para los empleados, un plan de pago justo para los proveedores hasta la realización de una memoria de RSE (Moreno, 2015).

En Ecuador la responsabilidad social empresarial tiene una connotación paternalista, puesto que se ha creído que la realización de proyectos sociales en beneficio de la comunidad es una reducción de las utilidades de las empresas (Briones, Torres, Rojas, Jiménez, & Ávila Pita, 2017). Esta percepción hallada en la investigación de los autores antes señalados sirve para configurar una idea general de una barrera existente en el sector empresarial ecuatoriano para ejecutar programas socialmente responsables. Estas adversidades sumadas a las económicas de nuestro país propician un “nuevo escenario que impone el redimensionamiento, capacitación y concientización acerca de una fundamentación teórica de la Responsabilidad Social de las empresas” (Guerrero et al., 2017).

Investigaciones en materia de responsabilidad social aplicadas a empresas ecuatorianas han analizado que estas acciones no corresponden “con las concepciones teóricas que se defienden en la teoría sobre este tema” (Meibo, Vásquez, Pérez, García, & Scrich, 2017), pero que es un asunto corregible porque en nuestro país están gestándose los elementos culturales y jurídicos para potenciar esta disciplina. La “implementación de acciones de comportamiento socialmente responsable, asociadas a la responsabilidad social empresarial, va a variar en función del contexto de la organización y de las características culturales de sus stakeholders internos” (Ramos, Ávalos, Vinueza, & Tejera, 2018). Entre los aspectos coyunturales se debe considerar el marco de promoción legal o de políticas públicas retributivas con el empresario que decide llevar cabo programas o actividades socialmente responsables.

En este artículo se pretende ofrecer una reflexión crítica sobre definiciones y propuestas relacionados con la RSE, como fundamento básico a lo que se desarrollará a corto plazo en el proyecto que se trabaja, donde las ambiciones tributan a un constructo objetivo de la realidad de la responsabilidad social en Ecuador que permita el diseño de un producto académico que pueda servir como instrumento base para generar una ley de promoción de RSE, que beneficie a toda la nación ecuatoriana.

El enfoque metodológico seleccionado para el desarrollo de este trabajo es mixto, cualitativo y descriptivo. Emplearemos la técnica de revisión documental que se basará en el estudio de la normativa jurídica de responsabilidad social empresarial existente en Ecuador, así como del estudio de la literatura académica de las últimas teorías de RSE. “El análisis documental consiste en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o varias preguntas sobre un tema” (Hurtado, Pichardo, García, & Hernández, 2017, p. 165).

Sumado a lo anterior, se efectuó un análisis estadístico descriptivo por intermedio de la aplicación de una encuesta a 397 compañías domiciliadas en la ciudad de Guayaquil.  Se utilizó muestro probabilístico aleatorio simple, siendo su objeto de estudio la población de las empresas -personas jurídicas reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros- domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, la misma que a julio del 2019 ascendía a 9.000 compañías (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019). Con un margen de error máximo permitido del 5%, con un nivel de confianza del 95%.  Estas encuestas se efectuaron entre los meses de julio y agosto del 2019, a través de correo electrónico que lo derivaba a un hipervínculo. El instrumento aplicado fue aquél propuesto por Gallardo-Vázquez, Sánchez-Hernández, & Corchuelo-Martínez-Azúa (2013), el mismo que se consideró como referente por incluir aspectos evaluables de las dimensiones social, económico y medioambiental, ejes fundamentales de la RSE.

De esta forma se buscarán los criterios más relevantes en la materia objeto de esta investigación, para que así sirva para construir la propuesta de ley que será el producto final de este proyecto.

3.1. ¿Qué beneficios reporta para la sociedad la Responsabilidad Social Empresarial?

Aunque la RSE es inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la que estas organizaciones se ocupan de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medioambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que esta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.

En base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que asume la ciudadanía como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su compromiso social en principios y acciones que benefician a su negocio e impactando positivamente a las comunidades en las que opera. Estableciendo, también, a partir de estos principios, compromisos para minimizar los impactos negativos de sus actividades, basados en una abierta y constante comunicación con sus grupos de interés.

La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá de las obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente reconocidos y del marco legal existente.

Con lo que, además, la empresa puede contribuir al desarrollo del país al maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de sus actividades principales; realizar inversiones sociales y filantropía estratégica e involucrarse en el debate de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, entre otras muchas acciones.

La responsabilidad social no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas o ambientales exclusivamente, ni con cualquier otra actividad adicional al propósito de la empresa. Su implementación conlleva actividades de medición y reporte de sus impactos y su relación con el desempeño de la organización, por lo que exige de la empresa rendición de cuentas y transparencia.

Podemos decir, entonces, que la Responsabilidad Social Empresarial se refiere también a la actitud y al conocimiento de una empresa encaminada a mantener el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad, un entorno sustentable, y la viabilidad comercial y económica de ella misma.

La aspiración de una empresa por la responsabilidad social se fundamenta en el reconocimiento de la mutua interdependencia de todos los actores sociales, económicos y ambientales afectados positiva o negativamente por la actividad de la organización, y por lo tanto en el reconocimiento de que todos ellos cuentan con intereses legítimos sobre estas actividades.

3.2. Repercusiones positivas de una Responsabilidad Social Empresarial congruente

Al ser ejercida, la Responsabilidad Social Empresarial modifica el papel social y ético de la empresa, según las necesidades y el contexto propio de cada empresa, y según los requerimientos de cada sociedad. La RSE brinda beneficios reales y tangibles para la empresa, que pueden medirse de diferentes maneras, basándose en información cuantitativa y cualitativa. Entre ellos están:

• Lealtad y menor rotación de los grupos de relación (stakeholders).

• Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades.

• Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común.

• Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial.

• Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad a largo plazo.

• Decisiones de negocio mejor informadas.

• Aumento en la capacidad para recibir apoyos financieros.

• Mejoramiento en el desempeño financiero, se reducen costos operativos optimizando esfuerzos y se hace más eficiente el uso de los recursos enfocándolos al desarrollo sustentable.

• Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la empresa y de sus marcas.

• Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor

• Incremento en la productividad y en la calidad.

• Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados, se genera lealtad y sentido de pertenencia entre el personal.

• Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo.

Las compañías líderes en el mundo han incorporado la RSE a su estrategia de negocios como elemento diferenciador y como ventaja competitiva, con resultados financieros positivos. Cada vez más estudios, realizados en distintas partes del mundo, comprueban la correlación positiva entre los resultados económicos y financieros y el comportamiento socialmente responsable de la empresa. La opinión pública espera hoy que la empresa sea parte de un cambio positivo en la sociedad, contribuyendo de manera sustentable al desarrollo de las comunidades.

3.3. La Responsabilidad Social Empresarial es conveniente

Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de algunos en nuestro país, todavía hay trabajo considerable por hacer para alcanzar condiciones favorables en los ámbitos económico, social y ambiental que beneficien a toda la sociedad. Con la privatización aumentando a través de todo el hemisferio, la potencia y la influencia de las empresas continúan creciendo y es cada vez más evidente que la construcción de una sociedad más justa y una economía más sostenible depende, en gran parte, de influenciar a la comunidad de negocios para poner en ejecución acciones que permitan alcanzar estas metas.

Los mismos indicadores, cuantitativos y cualitativos, servirán de base para que la empresa y sus directivos establezcan las medidas necesarias para hacer más efectiva y eficiente la manera en que la responsabilidad social se integra a sus estrategias medulares.

Como toda estrategia de negocios sus resultados se vinculan tanto a los objetivos de la empresa como a sus diferentes grupos de relación (partes interesadas o stakeholders). Para conseguir crear valor de forma persistente las empresas han de satisfacer no sólo a sus clientes y accionistas, sino perseguir, en la medida de lo posible, la satisfacción de todas las partes interesadas (Moreno, 2015).

En el trabajo efectuado por Knoepfel et al. (2011), sobre las políticas públicas nos dicen que son la consecuencia de la aplicación de acciones democráticas de diálogo y consenso con la ciudadanía. Seguidamente, esta problemática será recogida en la agenda de gobierno para que sean priorizados desde puntos de vista técnicos o políticos. El establecimiento de opciones de solución es otro ejercicio de diálogo, de aprovechamiento de información confiables y de lo realizado académicamente en investigaciones de situaciones similares en otros espacios. Estas políticas públicas siempre deberán estar alineadas al marco jurídico vigente. En una segunda gran fase, los ministerios o secretarías de gobierno serán los responsables de adoptar y ejecutar estas medidas. Todo esto no necesariamente tiene que darse secuencialmente, es un modelo que permite dividir estas etapas.

En la creación de las leyes “es fundamental que se entienda cómo las relaciones sociales, históricas y económicas (fuentes materiales) relacionan y condicionan la creación de la ley, de las costumbres, de la doctrina y de la jurisprudencia (fuentes formales).” (Marrafon & Robl Filho, 2015, p. 109). Estos elementos coyunturales deben ser tomados en consideración para que los sistemas legales vigentes en una sociedad estén ajustados a las necesidades y reclamos de sus poblaciones. Trasladando esta idea a la RSE, tenemos que esta “debe extenderse más allá del resarcimiento y el soporte social, pues debe apuntar su campo de aplicación en lo social, ambiental y económico, contribuyendo desde las empresas al desarrollo sostenible y trabajando mancomunadamente con sus grupos de interés” (Melamed, Blanco, Miranda, & Esperanza, 2017). La ausencia de una norma tiene como efecto principal la falta de vinculación de la población por precautelar un determinado bien jurídico (Uribe Arzate & Paz González, 2015, p. 1.160), en el caso ecuatoriano la falta de una ley de promoción de responsabilidad social empresarial, podría decirse que es la falta de interés para impulsar proyectos serios y consistentes en beneficio de los sectores más vulnerables, del cuidado del medioambiente y del bienestar de la sociedad en general.

Un aspecto positivo a destacar, que favorece el trabajo en este sentido es que en Guayaquil, a diferencia de otras partes de la nación ecuatoriana, se encuentran ciertas disposiciones legales en la figura de ordenanzas municipales que buscan paliar los efectos de contaminación ambiental, así encontramos normativa respecto al control del transporte y los residuos que las industrias y la población desechan, lo que evita que vayan a parar a los ríos. Existe un plan desarrollado por las autoridades que conlleva a que se dedique presupuesto al tratamiento del agua para asegurar su purificación y no la contaminación. Por último, cabe resaltar que la tendencia de consumo está cambiando, se están priorizando los temas ambientales y de género.

En ese sentido, los cambios señalados en Ecuador son aspectos que deben ser tomados en cuenta por las empresas para replantear sus estrategias, analizar el actual escenario y tener una visión global como agente de cambio en la sociedad, de esa manera, las acciones de responsabilidad social estarán más alineadas con las necesidades de la comunidad. Con respecto al consumo, las empresas deben comprender que no solo venden productos o servicios, ya que los consumidores actuales tienen mayor conciencia socio-ambiental.

Por tanto, se puede señalar que en la actualidad varias empresas ya emplean políticas de RSE; sin embargo, estas aún no se incorporan a las medianas y pequeñas empresas, cuando ya en la actualidad se cuenta con varias experiencias y proyectos de RSE en diversas compañías del territorio.

Aunque no se cuenta en este instante con un registro de información completo para expresarlo desde este estudio, existen algunas informaciones como resultados de encuestas y entrevistas aplicadas parcialmente atendiendo a las variables de la investigación, donde se aborda el tema de una perspectiva de análisis teórico. Este análisis demuestra que existen algunas empresas que elaboran sus reportes de sostenibilidad y comunican su desempeño; cuestión que será abordada en otro trabajo en corto tiempo, por parte de este equipo de investigación. Ello resulta importante para comprender la magnitud y saber cuánto más se tiene que trabajar.

En Ecuador las normas relacionadas con la RSE están dispersas en distintas leyes, podríamos clasificarlas en normas relacionadas entre: empresa – trabajadores; empresa – medioambiente; empresa – Estado – sociedad; y, empresa – clientes. Las acciones de responsabilidad social pasan por el cumplimiento de estas normas legales que tienen como principal actor a la empresa (Lima & López, 2012). A través de la herramienta informática Lexis Finder (Lexis, 2018), que es un “sistema computarizado que almacena, organiza y actualiza diariamente todas las leyes ecuatorianas”, realizamos una búsqueda de la normativa vigente en el país con el criterio “responsabilidad social” y obtuvimos que solo 22 leyes de carácter nacional lo mencionan por lo menos una vez.

Tabla 1
Leyes ecuatorianas donde se menciona
el criterio “responsabilidad social”

Nota: Adaptado de la información resultante de
la búsqueda del software Lexis Finder (2018)

En la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en tres artículos se hace referencia a la responsabilidad social, específicamente en lo relacionado al derecho a la propiedad, buen vivir y a la autonomía universitaria. Así tenemos que respecto al derecho a la propiedad se lo considera un derecho básico garantizado por el Estado ecuatoriano “en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental” (§66). Como deber de todos los ecuatorianos para la consecución del buen vivir se dice que nos corresponde “producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental” (§278). En cuanto a las universidades y escuelas politécnicas, la Constitución menciona que gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, pero esto no “exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional” (§355).

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Asamblea Nacional, 2016a) menciona que los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al dominio público porque se busca promover el desarrollo tecnológico, científico y artístico, pero que esto deberá estar en función de la responsabilidad social (§86). Por otro lado, este cuerpo legal garantiza la libertad de investigación, rigiéndose sus actores por los “principios de solidaridad, equidad, responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y calidad.” (§41).

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional, 2010a) entre sus fines tiene fomentar la producción nacional, comercio y consumo de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental (§4). Esta ley determina que el Consejo Sectorial de la Producción tendrá como deber “impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad social por parte de las MIPYMES.” (§54)

El Código Orgánico del Ambiente (Asamblea Nacional, 2017) respecto a los fondos privados para la gestión ambiental dispone que se deberá seguir “los principios de internalización de costos y de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de otras acciones que puedan emprender en el marco de la responsabilidad social, así como de otras contribuciones a título gratuito.” (§20)

El Código Orgánico Monetario y Financiero (Asamblea Nacional, 2014) define a las cooperativas de ahorro y crédito como organizaciones formadas “con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios.” (§445) Esto dado que la naturaleza de estas instituciones está en función de atender las necesidades de sus socios.

La Ley de Minería (Asamblea Nacional, 2009a) crea la Agencia de Regulación y Control Minero definiéndola como la encargada “del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera” que se realicen en el territorio ecuatoriano, por cualquier persona natural o jurídica, pública, privada o mixta. Pero, también tendrá competencia para exigir el “cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros” (§8). Más adelante, en el artículo 16 de esta misma ley, se dispone que la explotación de los recursos mineros se deba ajustar al Plan Nacional de Desarrollo, “a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medioambiente y de la participación y responsabilidad social”. En otro apartado, este cuerpo legal respecto al otorgamiento de las concesiones mineras no metálicas y de materiales de construcción señala que en el reglamento general de esta norma jurídica se establecerán los requisitos para el otorgamiento de estas concesiones, pero se deja claro que deberá incluirse los criterios de responsabilidad social (§31). Por último, la ley garantiza la promoción de la minería en los pequeños emprendedores, pero “bajo principios de solidaridad y responsabilidad social.” (§137)

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (Asamblea Nacional, 2007) establece como principio la excelencia, definiéndola como la “obligación de las autoridades gubernamentales propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad social.” (§2,4). En cambio en la Ley Orgánica de Cultura (Asamblea Nacional, 2016b), respecto a la autonomía de las instituciones del Sistema Nacional de Cultura en la disposición general segunda dice que no se “las exime del cumplimiento de la normativa de control aplicable, de la fiscalización, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional.”

En la Ley Orgánica de Comunicación (Asamblea Nacional, 2013) definiendo a los medios de comunicación privados, nos dice que “son personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad social” (§84). Posteriormente, refiriéndose a la publicidad dispone que se regulan a través del reglamento de esta ley “con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social” (§92).

La Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea Nacional, 2012) en la declaración de los principios en que se fundamenta nos habla de la responsabilidad social colectiva, definiendo que todos debemos respetar los derechos de las personas con discapacidad, facultándonos a exigir el cese inmediato de cualquier acción que violente los derechos de estas personas, así como de buscar que se otorgue la reparación integral del derecho vulnerado o anulado (§4). Otra norma legal que se fundamenta en los principios de la responsabilidad social es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (Asamblea Nacional, 2011a), puesto que en el Artículo 4 dice que quienes se encuentren amparados por esta ley, en el ejercicio de sus actividades entre otros postulados deberán guiarse por “la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas”.

La Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea Nacional, 2010b) refiriéndose al ejercicio de la autonomía responsable de las instituciones de educación superior menciona que “mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas” (§17). En esta misma norma encontramos los requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica, entre los que se exigirán propuestas técnico-académicas de los modelos curriculares, mallas, diseños, programas analíticos “describiendo los objetivos, contenidos, recursos, forma de evaluación, bibliografía, cronograma de actividades, número de créditos, la diversidad pluricultural y multiétnica, la responsabilidad social y compromiso ciudadano” (§109).

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (Asamblea Nacional, 2009b) establece las atribuciones de los miembros de los directorios de cada una de estas instituciones, entre las cuales se menciona “aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa” (§9). En otro orden de materia legal, tenemos a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Asamblea Nacional, 2015a) que al referirse a la adjudicación directa dispone que la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones deberá considerar temas de responsabilidad social como parte de los criterios a tomar en cuenta en dicho proceso (§51).

Siguiendo con la revisión de la consideración de criterios de responsabilidad social en la legislación ecuatoriana, encontramos que en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Asamblea Nacional, 2015b) lo incluye como postulado para la determinación de las tarifas, diciendo:

Los pliegos tarifarios serán elaborados por el ARCONEL, observando los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en la regulación respectiva. La tarifa será única en todo el territorio nacional según las modalidades de consumo y niveles de tensión. Adicionalmente, se deberán considerar principios de responsabilidad social y ambiental (§55).

En la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco (Asamblea Nacional, 2011b) se dispone la prohibición, promoción y patrocinio de estos productos en todos los medios de comunicación masiva, así como “en actividades deportivas, culturales y artísticas, así como la promoción de programas de responsabilidad social de la industria del tabaco” (§19).

De la revisión de las normas jurídicas referidas en los párrafos precedentes, tenemos que no existe ninguna ley específica de promoción de la RSE. Lo que se ha encontrado son simples referencias en algunas leyes como parte de sus bases fundamentales o como criterio para desarrollar algún servicio público. No existe un cuerpo legal que de forma clara y concreta recoja los principios teóricos de la RSE, ni tampoco el establecimiento de condiciones mínimas exigibles en el sector empresarial ni de beneficios que podría otorgar el Estado para aquellos que se esmeren en ejecutar proyectos que vayan más allá del cumplimiento legal.

Para la identificación de los grupos de interés que pueden ser tomados en cuenta en el diseño de una propuesta de elementos para una ley de RSE, González propone un procedimiento basado en el diálogo, en donde los intereses de estos grupos vinculados con la empresa pueden ser categorizados en “particulares, grupales y universalizables o generalizables” (2007, p. 210). En cualquiera de estas categorías el grupo de interés respectivo debe ser visto como sujetos que deben ser tomados en cuenta en las resoluciones que adoptare la organización, esto debido a su potencial como difusor de información de lo que percibe o experimenta.  Los principales deberes que tienen estos actores son: cumplimiento irrestricto de la legislación laboral y seguridad social; proteger el medioambiente en el desarrollo de las operaciones de la empresa, esto implica la obtención de las correspondientes licencias exigidas por las autoridades locales o nacionales; trato de óptima calidad a los clientes, esto debe verse reflejado en productos buenos y procesados según los estándares exigidos en los respectivos sectores; y, el trato a los proveedores debe ser responsable y de fiel cumplimiento con lo acordado (Maraví Lindo, Cañote Santamarina, Terry Toledo, Díaz Ruiz, & Coloma Vera, 2014).

Hoy se trata de lograr que la responsabilidad social se institucionalice, a través de distintos organismos y empresas del sector privado; significa que es necesario encontrar una manera sólida de sustentabilidad. La RSE no es estática, seguirá cambiando y nuevos acontecimientos habrán de sumarse a esta línea de tiempo que pretende marcar en un documento cronológico, algunos de los hechos que han forjado esta nueva visión del quehacer empresarial.

Las pretensiones de este artículo es no repetir lo que otros autores y especialistas han abordado sobre el tema, se trata de reflexionar en un ejercicio crítico y de referencia para emprender un camino en procura del diseño de una variante de norma que regule jurídicamente su comprensión y mediante la cual se sientan identificadas y protegidas las empresas e instituciones en general.

3.3. La visión de las empresas en cuanto a la RSE

En base a la propuesta de indicadores trabajados por Gallardo-Vázquez et al (2013) se aplicó la herramienta de encuestas a una muestra de 397 compañías guayaquileñas. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Tabla 2
Sectores a los que pertenecen
las empresas encuestadas

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Tabla 3
Tamaños de las
empresas encuestadas

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Tabla 4
Resultados de encuestas

La visión actual que se tiene desde la empresa permite que las políticas se implementen ajustadas a diversas estrategias que miden su alcance y perdurabilidad en el tiempo, en pos de mejorar el desarrollo de sus lineamientos de acción dentro de la Responsabilidad Social Empresarial, cuestiones que deben ser de análisis permanente y se reflejan en el ámbito interno y externo.

El análisis teórico presentado pretende abordar el desarrollo de la RSE en Ecuador, evidenciar la importancia que tiene hoy en día para las empresas, analizar las implicaciones que posee y fomentar las buenas prácticas de RSE para enfrentar los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades.

De la revisión de la normativa jurídica ecuatoriana nos encontramos que en los últimos años se ha incluido ciertos aspectos de la RSE en diversas leyes, evidenciando de parte de las autoridades de este país un interés por buscar promover estas prácticas en las empresas. A partir de los resultados de las encuestas aplicadas, podemos concluir que el hecho de que existan estas normas legales ha traído como efecto que el empresariado guayaquileño se muestre con una predisposición favorable superior al 70% para estos temas.

Desarrollar una ley de promoción de RSE en Ecuador constituye una alternativa para la sociedad que estimula al sector empresarial en la adopción de acciones de innovación utilizando herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de todos, lo que genera en sí un elemento educativo y garante de la formación social de los individuos, evitando la tentación de utilizar la RSE como un elemento publicitario de atracción. Se trata de regular su tratamiento en una ley que estimule su práctica por convicción, basada en la dignidad humana y los beneficios sociales, ambientales y económicos.

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1. Docente de la Carrera de Mercadotecnia. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Abogado. Correo: miguel.saltos@cu.ucsg.edu.ec

2. Director de Tecnología e Innovación Educativa. Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Correo: rene.mva34@gmail.com