ISSN 0798 1015

Vol. 40 (Nº 43) Año 2019. Pág. 3

Cambios en la propiedad agrícola del sector reformado chileno en la comuna de Curicó (Chile), período 1975-2007

Changes in agricultural land tenancy of the Chilean reformed sector in the municipality of Curicó, period 1975-2007

GARRIDO, Estrella A. 1; VALENZUELA, Gregorio A. 2; MISLE, Enrique H. 3 y ARAVENA, Gustavo A. 4

Recibido: 27/05/2019 • Aprobado: 04/12/2019 • Publicado 20/12/2019

Contenido

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

La Reforma Agraria (R.A.) en Chile fue un proceso que provocó cambios en la estructura predial (Henríquez, 1987), en éste destacan dos hechos importantes. Por una parte, el rol de la Iglesia Católica que dio inicio a las expropiaciones en sus propios predios, basándose en el progresismo expresado en el Concilio Vaticano a la luz en la encíclica Mater et Magistra (1961) del papa Juan XXIII, y en las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América Latina (CELAM) y de Chile, a través de la Carta Pastoral Obispos de Chile: “El deber social y político”, que manifestó la profunda necesidad de hacer cambios estructurales en el campo. Cabe destacar que la encíclica Mater et Magistra, entrega la visión más integral que se haya dado en los documentos pontificios sobre una propuesta de cómo se podría concebir una sociedad rural y su estructura (Ortega, 2004). Por otra parte, la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria bajo el Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, en noviembre de 1962 (ley 15.020) popularmente conocida como “Ley del Macetero” por su escasa repercusión (Ortega, 2005). Dicha ley es considerada como una respuesta a las políticas impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos frente al triunfo de la Revolución Cubana a fines de la década de 1950, a fin de evitar que se tomara el caso de Cuba como paradigma (Ferrera y Nieto, 2010). Cabe destacar que la R.A. se desarrolla ante un escenario latinoamericano caracterizado por pobreza y descontento social debido a la mala distribución de la tierra (Baeriswyl, Sartori, Guzmán, Larenas, 2006).

La Conferencia de Punta del Este (Uruguay), fue la instancia para crear el programa ALPRO (Alianza para el Progreso) promovido por Estados Unidos. En dicho documento se establecieron objetivos, requerimientos financieros y técnicos para realizar cambios estructurales en el continente latinoamericano, entre ellos efectuar una “reforma agraria integral” (Alianza para el Progreso, 1961). El compromiso contraído por los firmantes latinoamericanos contemplaba la realización de reformas profundas en sus respectivos países, a cambio de que EE.UU. entregará capitales por la suma de 20 mil millones de dólares a lo largo de una década (Garrido et al., 1988).

1.1. Contexto histórico

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva caracterizado por la apertura, legalización, crecimiento y fortalecimiento de la organización campesina (sindicatos y cooperativas), se dictan las leyes 16.625 de Sindicalización Campesina y 16.640 de Reforma Agraria en el año 1967 (Radovic, 2005). Las expropiaciones en el Gobierno de Frei tuvieron un alcance relativo, llegando a 1.319 predios con 3,4 millones de hectáreas y constituyendo un tercio de la expropiación total. En este período se habrían constituido 910 asentamientos, abarcando un número de 29.139 familias (CORA, 1970).  La presión social campesina fue en aumento, especialmente en la zona central del país, es decir, en las actuales regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule que corresponden a las regiones más intervenidas por la R.A. (Henríquez, 1987). El gobierno de Salvador Allende asumió bajo esta presión y aceleró la aplicación de la ley, lo que produjo una radicalización del proceso; entre 1971 y 1973 se expropian 4.401 predios, abarcando 6,4 millones de hectáreas (Radovic, 2005). En el período de Allende el proceso se reorientó a otras formas más colectivas para administrar la propiedad y se replanteó el denominado “asentamiento”, que correspondía a una explotación de tipo comunitaria, de carácter transitorio, cuyo fin era preparar a los campesinos para una explotación eficiente de la tierra (Henríquez, 1987). Surgen entonces los Centros de Reforma Agraria (CERA) que incluyeron a todos los trabajadores de los predios expropiados y los Centros de Producción Social (CEPROS) que operaban como predios estatales para mostrar a los miembros de los CERA los avances productivos que se podían lograr en estos terrenos (Chonchol, 1981). Sin embargo, este tipo de predios no fueron mayormente usados por el gobierno, ya que sólo se formaron 150 CERA y 27 CEPRO, mientras que se constituyeron 921 comités campesinos de facto y 318 predios colectivos que seguían la estructura de los asentamientos creados en el gobierno anterior (Cox, 2012).

Con el inicio del gobierno militar el año 1973 la R.A. sufrió cambios sustanciales; el proceso es conducido por la Oficina de Normalización Agrícola (ODENA), organismo que reemplazó a la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Dicha oficina se encargó de la devolución de algunos predios que habían sido expropiados al margen de las leyes vigentes y de la asignación de parcelas (Pcs) a los campesinos en forma individual. Posteriormente, la tarea y la mantención del catastro de las tierras y de las aguas, se le entregó al organismo general de regulación de la actividad agrícola, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Al término del gobierno militar en 1989, se derogó la Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria, dejando los asuntos pendientes a cargo del SAG (Torres, 2006).

El proceso de R.A. contemplaba una duración de 30 años en los cuales los asignatarios constituirían primero asentamientos y posteriormente recibirían la tierra en forma individual. En el período 1967-1975 las propiedades agrícolas expropiadas se manejaron de manera colectiva, mayoritariamente a través de asentamientos y en menor medida como CERA y CEPROS, cuyo propósito era capacitar a los campesinos para que posteriormente trabajaran la tierra de manera eficiente. En este breve periodo dicha meta no se fue alcanzada, quedando los asignatarios en una situación de vulnerabilidad para enfrentar los cambios venideros.  Por razones políticas que son parte de la historia del país, el proceso no se desarrolló en el tiempo estipulado y el año 1975 de manera anticipada se asignó la tierra individualmente, previo proceso de postulación.

La incorporación de Chile al modelo económico neoliberal otorgó las facilidades para transar los recursos naturales como son suelo y agua, del mismo modo que otros bienes.  Estas fueron las condiciones apropiadas para generar el traspaso del suelo agrícola desde los campesinos a manos de terceros, que compraron el suelo a numerosos asignatarios quienes no fueron capaces de manejar su pequeña empresa de una manera rentable, lo cual les hubiera permitido pagar la cuota de su suelo al Estado. Por tanto, un sector de propietarios privados con una dotación de recursos iniciales pudo practicar una agricultura moderna, aprovechando adecuadamente las oportunidades que les brindaban los mercados internos y externos, de productos e insumos (Gómez, 1982).

Por estas razones y a 40 años de dicho proceso, se hace un seguimiento de la propiedad agrícola del sector reformado desde que fue asignada hasta el año 2007, con el propósito de cuantificar el real impacto que han tenido los factores mencionados. Se propone la comuna de Curicó para este estudio puesto que la región del Maule y la provincia de Curicó en particular, representan la zona más agrícola de Chile hasta nuestros días (INE, 2002).

El objetivo de esta investigación fue realizar un seguimiento a la propiedad agrícola del sector reformado en la comuna de Curicó entre los años 1975 y 2007, para determinar la superficie que en la actualidad continúa en manos de los asignatarios originales o sus descendientes, cuantificar la superficie del sector reformado que presenta subdivisiones o fusiones de rol y discutir las causas históricas que han influido en dicho cambio.

El estudio se desarrolló en la comuna de Curicó, Región del Maule (34°59' 07'' LS y 71°14’21’’ LO).  Se recopiló información de los 17 proyectos de parcelación pertenecientes a la comuna de Curicó, los cuales constan en los textos y planos confeccionados por la CORA durante el período 1975 – 1976, antecedentes que actualmente maneja el SAG. Se hizo un seguimiento a la propiedad, revisando el historial de cada una de las parcelas originadas por estos 17 proyectos de parcelación. Los antecedentes constan en los roles asignados por el Departamento de Avaluaciones del SII a cada parcela y en la información presente en las escrituras de dichas propiedades en el Conservador de Bienes Raíces de Curicó. La información se complementó con aquélla que manejan los organismos encargados de autorizar las subdivisiones prediales y cambios de uso de suelo: SAG, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Agricultura, Catastro de Bienes Raíces Agrícola y No Agrícolas de la comuna de Curicó del Servicio de Servicio de Impuestos Internos, planos de subdivisiones prediales aprobados por el SAG y planos de loteo de poblacionales presentes en el Servicio de Impuestos Internos (SII), bases de datos de MINVU y SAG con los registros de certificación de subdivisiones prediales y registros de cambios de uso de suelos entre los años 1975 y 2007. Para seguir el destino de la propiedad agrícola del sector reformado, la información fue organizada en cuadros empleando planillas de cálculo y mapas generados en el programa AUTOCAD (versiones R14 y 2007 demo).

En total se revisó el historial de cada una de las 507 parcelas resultado del proceso de R.A. en la comuna de Curicó. Con estos antecedentes posteriormente se discuten las causas que generaron el cambio de propiedad de la tierra y su destino.

3.1. Sistema de división de la tierra

La expropiación de los suelos afectó principalmente los terrenos que se encontraban abandonados y aquéllos que, por su excesivo tamaño, es decir, superior a 80 hectáreas de riego básico (HRB), debían ser divididos (Ley de Reforma Agraria N° 16640).

La división de la tierra se realizó en función de la capacidad de uso de los suelos y el número de asignatarios (Garrido et al., 1988); la superficie se determinó según el artículo N° 172 de la Ley N° 16.640, que establecía el término HRB. Éste consistía en un mecanismo de equivalencia entre superficies de suelo de distinta categoría de capacidad de uso; para ello la ley incorporaba un cuadro que permitía homologar superficies de suelo. De esta forma a cada campesino se le asignaba una unidad agrícola familiar conformada por 7-8 HRB.

3.2. Aplicación de la ley 16.640 en la comuna de Curicó

La aplicación de la ley Nº 16.640 del año 1967, en la comuna de Curicó generó 507 Pcs y 482 sitios a partir de diecisiete proyectos de parcelación que se presentan en el Tabla 1.

Tabla 1
Número de parcelas, sitios y superficies totales (ha)
generados por los proyectos de parcelamiento.

En la Tabla 1 se observa que los proyectos de mayor superficie corresponden a Los Cristales [5] (1.429,70 ha); La Florida (55,83 ha); Viña Paris (497,00 ha); Casas Grande (466,80 ha) y Chequenlemu (461,30 ha). La división de la tierra abarcó suelos de riego con capacidad de uso III y IV que representan mayoritariamente la calidad de los suelos que presenta la comuna de Curicó. De un total de 6.828,31 ha que constituían las parcelas y sitios de los 17 proyectos de parcelación, 3.848,05 (58,18%); 1.343,27 (20,31%) y 766,57 (11,59%) ha de las parcelas, presentaban capacidad de uso III, IV y II, de riego respectivamente, y una superficie de suelos de secano correspondiente a 655,20 ha.

Los sitios normalmente se ubicaron en los sectores de vivienda de la comunidad que trabajaba en los predios; estos constituían la casa con cerco donde la familia tenía derecho a cultivar su chacra. Las superficies presentaban en promedio 0,4 ha. Los 17 proyectos de parcelación originaron un total de 482 sitios (Tabla 1), cuya superficie cuenta con 133,02 (61,81%); 43,85 (20,37 %) y 15,15 (7,04%) ha capacidad de uso III, IV y II de riego, respectivamente, existiendo también una superficie de 23,20 ha de secano.

3.3. Subdivisión, tenencia y destino de las tierras asignadas por la R.A. en la comuna de Curicó

En la Tabla 2 es posible observar que la mayor parte de las parcelas de los asignatarios de la R.A. han sido subdivididas parcial o totalmente y en menor medida fusionadas. De las 507 parcelas, 147 se subdividió entre los años 1975 y 2007, el 20,51% del total (104) se subdividió parcialmente y el 8,48% se subdividió completamente (43). Parte de las subdivisiones tuvo fines poblacionales directos, como es el caso de la parcelación San Eugenio que fue completamente absorbida por el avance urbano. Sólo 40 parcelas (7,89%) se fusionaron para formar unidades productivas de mayor tamaño; uno de estos proyectos es La Florida que se fusionó completamente. Cabe destacar que al 2007, la superficie en manos de los asignatarios de la reforma agraria o de sus descendientes alcanza a 1624,89 ha, lo que representa el 24,57 % del total (Tabla 2).

Tabla 2
Número de parcelas fusionadas, subdivididas y superficie
en poder de los asignatarios de reforma agraria

La Figura 1 muestra el número de parcelas que han sido transferidas a otros propietarios en los períodos 75-80; 80-90 y 90-2007. Un total de 389 parcelas fueron transferidas a terceros propietarios lo que representa un 76,73% de las parcelas originales, quedando sólo el 23,27 % (118) en manos de las mismas en manos de los asignatarios o sus descendientes. Para este estudio se revisaron las transferencias de propiedades ocurridas a los 5, 10 y 17 años. De acuerdo a lo anterior, se puede comparar lo ocurrido en los 15 primeros años con un periodo similar de 17 años. Es posible observar que en los primeros 15 se transfirió la mayor parte de la propiedad, es decir, 253 de las 389 parcelas.

Figura 1
Parcelas transferidas a otros propietarios
en los períodos 75-80; 80-90 y 90-2007.

La tenencia y destino de los sitios por proyecto de parcelación se presenta en la Tabla 3; éste muestra que el 57,05% de los sitios (275), han sido transferido a terceros, principalmente en el período posterior a 1990 pero conservando mayoritariamente el destino agrícola, sólo 207 sitios correspondientes al 42,95% aún es propiedad de los asignatarios de R.A. o sus descendientes. En cuanto a las fusiones, la situación es diferente a las parcelas ya que prácticamente sólo se fusionaron los sitios del proyecto de parcelación La Florida y 3 sitios del proyecto Las Acacias, continuando con su destino agrícola. Sin embargo, se encontraron 43 sitios afectos a subdivisión, situación que generalmente se realiza para que los herederos accedan a vivienda a través del subsidio habitacional rural. Estos agricultores (descendientes), mantienen la vocación agrícola de sus padres y acceden al programa de desarrollo local (PRODESAL) [ 7], que el Estado ha creado para atender a pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias. El objetivo de dicho programa es mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, con el propósito de incrementar sus ingresos y calidad de vida. Mayoritariamente estos pequeños agricultores realizan agricultura de subsistencia.

Tabla 3
Tenencia, período de transferencia y destino
de los sitios por Proyecto de Parcelación.

(1)=Asignatarios; (2)=Otros A=agrícola, H=habitacional, l=industrial. Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Catastro de Bienes Raíces SII año 2006, Base datos SAG 1990 a 2005 y Conservador de Bienes Raíces de Curicó años 1975 a 2005.

La percepción de muchos especialistas es, por tanto, que la tierra volvió a quedar en manos de grandes conglomerados que han vuelto a concentrarla (Bengoa, 1983; Gómez y Echeñique, 1988; Gómez, 1992; Chonchol, 2006; Hernández y Pezo, 2009). Nuestro estudio indica que la transferencia de predios en la comuna de Curicó se ha realizado en su mayoría a nuevos empresarios, sociedades agrícolas e inmobiliarias y no a los antiguos propietarios, coincidiendo con la percepción de los autores mencionados. Sin embargo, el proceso parece ser más complejo puesto que los cambios sociales producto de la globalización han afectado no sólo al sector rural, sino también al sector urbano que compite y presiona por nuevos espacios que lo conduzcan a mejorar la deteriorada calidad de vida de la ciudad (Moreno, 2009). A esto se debe agregar la ausencia de una legislación coherente que proteja los espacios rurales abiertos y considere el ordenamiento del territorio en las zonas rurales (Gastó, 1996).

3.3. Causas que modificaron la tenencia de la tierra del sector reformado

El auge de la exportación de fruta producto del sistema de libre mercado instaurado en el país después de 1973 habría contribuido a la modificación de la tenencia de la tierra según Kay (1995), toda vez que empresarios capitalistas adquirían tierras de los parceleros de la R.A., quienes no contaban con capital para reconvertir su producción agrícola a producción frutal. No se impulsaron políticas para proteger a los beneficiarios de la R.A. que trataban de constituir la pequeña empresa campesina ante ese escenario económico.  El sistema de mercado no otorgó igualdad de condiciones a los agricultores para reconvertirse a otros rubros y aunque algunos agricultores lograron involucrarse en nuevos negocios agrícolas, con posterioridad vendieron parte o la totalidad de su propiedad para desprenderse de la deuda acumulada producto de la inversión en frutales. Gómez (1986) menciona como ventas forzadas de predios el remate de propiedades agrícolas ordenado por los bancos e indica que el sector empresarial, denomina a este proceso como “nueva reforma agraria”. Este autor menciona que sólo entre 1980 y 1987 estas ventas forzadas habrían alcanzado a 147 predios en la región del Maule. A fines de los años 70 se postuló la tesis de la contra-reforma; ésta señala que, con el inicio del gobierno militar en 1973 se detuvo el proceso de reforma agraria y que las políticas de dicho gobierno apuntaban a la restauración del antiguo sistema agrario, tesis apoyada por autores como Collins (1979) y Bengoa (1983). Sin embargo, Bellisario (2007), discute este planteamiento señalando que el antiguo sistema de latifundio no fue restaurado y que con la R.A. la hacienda (latifundio) habría cambiado para siempre.

Gómez (1991), Kay (1995) y Chonchol (2006), se refieren a la contra-reforma agraria como proceso, para explicar primeramente la devolución de los dos tercios de las tierras expropiadas que se produjo en el país; estas se realizaron por la vía de revocación del acuerdo de expropiación (devolución total), ampliación del derecho de reserva (devolución parcial), remates de predios y reservas CORA, por transferencias a organismos públicos e instituciones y a las fuerzas armadas. De acuerdo a la ley de R.A. las expropiaciones afectaban a los predios “rústicos”, definiendo como tal en el Art°1° a “todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal, que esté comprendido en zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique una interpretación diferente, se entenderá que la palabra "agrícola" significa, igualmente, ganadero o forestal”. No obstante, el Art° 27 señala que, “No son expropiables por las causales establecidas en esta ley los terrenos cubiertos de bosques artificiales, como tampoco aquellos terrenos cubiertos de bosques naturales cuyos dueños estuvieren cumpliendo un plan de ordenación aprobado por el Ministerio de Agricultura, cuando unos u otros sean terrenos de aptitud exclusivamente forestal o agrícola no arables. Tampoco son expropiables los terrenos desarbolados, de aptitud exclusivamente forestal, en los que sus propietarios estén cumpliendo un programa de forestación aprobado por el Ministerio de Agricultura”. Mediante el Decreto Ley 2247 de 19/ Junio/ 1978. Algunas tierras fueron categorizadas como “terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal” y fueron transferidas a particulares o a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) o remates ulteriores (Radovic, 2005).

Gómez (1991), Kay (1995) y Chonchol (2006) también mencionan que dada la situación de quiebre institucional producida en 1973, se hicieron interpretaciones arbitrarias a la ley de R.A., ampliando el término “beneficiario” a empleadores, antiguos administradores y profesionales, excluyendo del proceso a los dirigentes campesinos que promovieron las movilizaciones para lograr la expropiación de determinados predios. Sólo un tercio de la tierra expropiada se asignó a los campesinos que habían participado del proceso, dejándolos abandonados a la lógica del mercado sin un apoyo adecuado. Cabe destacar que muchos pequeños agricultores no tenían la escolaridad mínima y existía un porcentaje de analfabetismo amplio en algunas localidades. La cifra de analfabetismo consignada por el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA) en 1970 es de 443.457 analfabetos en la población rural chilena, aproximadamente el 60% de la población rural de 1970. La rápida asignación individual de la tierra a partir de 1975, permitió que la población campesina recibiera este bien sin contar con capacitación técnica, apoyo crediticio y organización adecuada.

El gobierno de Eduardo Frei Montalva consideró la participación organizada de los campesinos al impulsar la ley 16.625 de sindicación de trabajadores independientes, que incluía los asentamientos agrícolas y las leyes para la formación de juntas vecinales. Se crearon entonces, los instrumentos necesarios para negociar colectivamente tanto en lo laboral, comercial y participación ciudadana en general, para impulsar el desarrollo de la comunidad, pero con posterioridad a 1973 no se promovió el trabajo de la comunidad organizada. Ortega (2005) señala que, entre 1965 y 1973 se constituyeron organizaciones campesinas de diversos tipos en los asentamientos establecidos, fuera de ellos y entre ellos; habrían existido más de 1.600 sindicatos con 130.000 afiliados, 300 Cooperativas de base bordeando los 36.000 socios, 2.100 comités de pequeños agricultores con 71.000 socios y 14 Cooperativas multi-activas regionales; que en 1977 habían desaparecido casi en su totalidad.

En la comuna de Curicó la situación no fue distinta a la del resto del país y de las 23.092,20 ha físicas expropiadas, sólo 6.613,09 ha (29%) fueron entregadas a los asignatarios de R.A. (Álvarez, 1979). Esta superficie corresponde a suelos agrícolamente explotables; las tierras de uso forestal quedaron como Reservas CORA dentro de los proyectos de parcelación. Con posterioridad estos suelos han sido transferidos a particulares y en algunos casos han sido objeto de loteos residenciales en la actualidad. 

3.4. El modelo económico imperante y el avance urbano

Uno de los factores importantes que ha afectado la venta de los suelos agrícolas, ha sido el crecimiento de las ciudades, estimulado por el modelo económico neoliberal y la economía de libre mercado instalada en el país desde la década de los ‘70 a la fecha.

Los resultados de los censos poblacionales realizados entre 1970 y 2017, evidencian que la población que habita en el área rural disminuyó dramáticamente en la comuna de Curicó (Figura 2), producto de la migración campo-ciudad especialmente entre los años 80-90 y 90-02. En el primer período la población migra porque las condiciones de vida del sector rural, en cuanto a infraestructura pública (caminos, comunicaciones y otros) eran deficientes con respecto a la ciudad. Entre los años '90 e inicios del nuevo siglo, la población urbana ha querido volver al campo dado el deterioro de su calidad de vida en la ciudad, presentándose la figura habitacional conocida como “parcela de agrado”, que en ocasiones representa una segunda vivienda, no siempre con propietarios pertenecientes a la provincia. Lo anterior ha incidido como un factor importante en la venta y subdivisión del suelo agrícola por parte de los asignatarios de la R.A. o sus descendientes. De este modo la empresa inmobiliaria, presiona el cambio de uso del suelo rural.  Esto ha sido posible dada ausencia de normas específicas que reglamenten el uso del suelo de acuerdo a los requerimientos locales. Cabe señalar que para realizar cambios de uso de suelo se aplican de manera generalizada el artículo N° 55 del Decreto Supremo N° 458 del MINVU, el Decreto Ley N° 3516 sobre división de predios rústicos y los instrumentos denominados Plano regulador Comunal y Límite Urbano. Los instrumentos legales mencionados han facilitado la venta del suelo agrícola, no existiendo un órgano oficial del Estado que aborde directamente el tema del ordenamiento territorial; a excepción de la responsabilidad que la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y la Administración Regional que le asignan a los Gobiernos Regionales (Arenas, 2006).

Figura 2
Variación intercensal de la población
urbana y rural en la comuna de Curicó

Al mismo tiempo la demanda por suelos agrícolas se incrementó por parte de las empresas que invierten en el agro. Cabe destacar que, desde 1985 en adelante, después de la crisis económica a inicio de los ‘80, abierta la economía hacia los mercados internacionales, el sector silvoagropecuario chileno mostró un permanente crecimiento en cuanto a inversión, exportación, empleo, entre otros (Ortega, 2005). Aunque los numerosos acuerdos comerciales que ha suscrito Chile y que en términos generales han beneficiado al país, no siempre han tenido la misma repercusión en la pequeña agricultura (Ortega, 2004) que, en gran parte representa a los asignatarios CORA o sus descendientes. Es preciso señalar además que, existe un aumento de las exigencias de producción (calidad, nuevas normativas, etc.), lo que baja la rentabilidad del sector (Errázuriz y Muchnick, 1996), afectando en mayor medida a los pequeños y medianos agricultores, quienes subdividen su tierra y transfieren parte de la propiedad, es decir, indirectamente se han incorporado al negocio inmobiliario tal como lo han hecho los grandes agricultores.

Finalmente, los efectos de estos tratados comerciales se han hecho sentir en la transferencia de la tierra en la pequeña empresa agrícola, desde mediados de la década de los ‘90 a la fecha. Curicó como provincia agrícola de la región central de Chile ha sufrido los efectos de las políticas mencionadas en el cambio de uso del suelo y la tenencia de la propiedad agrícola.

En la comuna de Curicó aproximadamente 6.828 ha fueron intervenidas con la aplicación de la ley de R.A. N° 16640; esta superficie se organizó en 17 proyectos de parcelación los que dieron origen a 507 parcelas y 482 sitios. 

Entre los años 1975-2007 se transfirieron de dominio 389 parcelas y 275 sitios a otros propietarios, quedando solamente 118 parcelas y 207 sitios en manos de los asignatarios de R.A. o sus descendientes.

La transferencia de las tierras se produjo principalmente en la década del ‘80 y ‘90 con la consolidación del modelo económico neoliberal.

 Por una parte, el sistema de mercado imperante no otorgó las condiciones a los agricultores para que, pudieran reconvertirse mediante el establecimiento de rubros más rentables y de esta forma pagaran la tierra al Estado. Los escasos agricultores que adquirieron créditos para establecer otros rubros más exitosos como el frutícola o vitivinícola, más tarde no pudieron dar cumplimiento a las instituciones financieras, razón que los obligó a desprenderse de la tierra. Por otra parte, el suelo del sector rural se ve presionado por el avance urbano; ante esta situación los agricultores subdividen su tierra y se incorporan directa o indirectamente al negocio inmobiliario. Esta situación se ve propiciada por el aumento de las exigencias en la producción agrícola y la baja rentabilidad del sector. 

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1. Académico, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Católica del Maule. egarrido@ucm.cl

2. Profesional, Avalúo Fiscal. Servicio de Impuestos Internos. gregoriovalenzuela@gmail.com

3. Académico, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Católica del Maule. emisle@ucm.cl

4. Académico, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de la Frontera. gustavo.aravena@ufrontera.cl

5. Uno de estos casos es el loteo de parcelas de agrado “Cerro Cristal”, que corresponde originalmente a parte de la Reserva CORA N° 2 del Proyecto de Parcelación Los Cristales.  

6. Los lotes originados cuya superficie es inferior a 1,0 ha constituyen parcelas de agrado que en la práctica poseen destino habitacional y los lotes con superficies entre 1,0-10,0 ha presentan destino agrícola real.

7. Programa de Desarrollo Local. https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)