ISSN 0798 1015

Vol. 40 (Nº 32) Año 2019. Pág. 9

Marco Jurídico de la Gestión Ambiental para PyMEs Agrícolas: Contexto Caribe Colombiano

Legal Framework of Environmental Management for Agricultural SMEs: Caribbean Colombian Context

RUIZ-CABEZAS, Meri Rocio 1; BRICEÑO-ARIZA, Leonar Javier 2; SEVERICHE-SIERRA, Carlos Alberto 3 y DURAN-CHARRIS, Luis Jorge 4

Recibido: 14/05/2019 • Aprobado: 14/09/2019 • Publicado 23/09/2019

Contenido

1. Introducción

2. Materiales y Métodos

3. Resultados y Discusión

4. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

1. Introducción

La importancia de mantener un apropiado sistema de Políticas ambientales dentro de la empresa, radica en la necesidad de cuidar el espacio donde se desenvuelve el ser humano (Ayala et al., 2017; Severiche et al., 2014). De hecho, las personas dentro de las organizaciones son cada vez más conscientes de esto, lo cual ha derivado en proyectos de responsabilidad social y de gestiones enfocadas en mantener un espacio adecuado para el empleado, pero al mismo tiempo proteger el planeta mismo (Caldera et al., 2019; Severiche et al., 2016). Ahora bien, es importante considerar la importancia de la competitividad ambiental para una organización, ya que se debe entender que el convencimiento de la sensibilidad organizacional hacia la gestión ambiental supone unos beneficios muy claros para las organizaciones, en general aumentando claramente su competitividad (Acuña et al., 2017).

En relación a estos aspectos, resulta de relevancia particular de esta problemática los postulados planteados por Garcés (2013)  al plantear que los beneficios de esta mayor sensibilización ambiental de las organizaciones permiten el desarrollo de su productividad a partir del cuidado del mismo espacio que les rodea y que a su vez les proporciona la materia prima fortaleciendo la gestión ambiental, pues se debe tener en cuenta que todo lo producido proviene directamente del medio ambiente por lo cual, es un reto el aumento de las ganancias o de la productividad generando el menor daño posible.

Sin embargo no se puede hablar con carácter general de la importancia del competitividad ambiental para una organización, ya que algunas organizaciones han evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: desde posturas iniciales defensivas y negativas frente a las exigencias de gestión ambiental, se ha pasado con el tiempo a su aceptación y, actualmente (si bien, quizás no de forma generalizada), a reconocerse la necesidad de una política empresarial activa y adecuada en materia ambiental, como requisito básico y esencial para la buena marcha y el éxito económico de la propia empresa (Guerrero & San Andrés, 2018).

En general, la competitividad ambiental para una organización mejora sus relaciones, en particular con las competentes en el fortalecimiento de la empresa como un todo. Así pues, las organizaciones, en términos amplios, son agentes económico-sociales de su tiempo y, por ello, van sumiendo y adoptando actitudes y posiciones más respetuosas con el medio ambiente y los recursos naturales, que son las exigidas por las sociedades actuales como lo destacan Junquera y Del Brio  (2016); además de ello, esto le permite a la organización adquirir una mayor reputación y seriedad en torno a las actividades que realiza.

Para explicar las normas ISO y como estas pueden ser parte de una competitividad ambiental para una organización, en un primer momento se debe entender que la ISO es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (productos y servicios), de comercio y de comunicación para todas las ramas industriales excepto de la eléctrica y la electrónica, que reúnen características especiales

En relación a la ISO se debe tener en cuenta que es un organismo no gubernamental y que no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, carece de autoridad para imponer sus normas ISO 14000 o ISO 9000 a los países, sin embargo, muchas organizaciones deciden asumirlas como parte de garantizar un ambiente apropiado y seguro dentro de la organización, por lo cual la gestión se enfoca en la garantía de un espacio que aumente la productividad a partir de la seguridad.

En relación a esto, las normas ISO 14000 que se relacionan con la gestión ambiental incluyen otras que fortalecen este proceso, destacándose las mismas por ser una Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas utilizadas. Es por ello que una organización que aspire tener una gestión ambiental de calidad, garantizando calidad y seguridad al mismo tiempo debe seguir estas normas ISO ya que, son punto de partida estratégico en la calidad de lo ofrecido por la empresa, asimismo da evidencia sobre la Implantación de una competitividad Ambiental (SGA) que garantiza el bienestar de los trabajadores y de los clientes (Guarnieri & Trojan, 2019; Stachetti et al., 2018).

Según el Manual de Oslo (2006) se refiere a la introducción de nuevos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de organización.  Incluye, por ejemplo, la introducción de nuevas prácticas para la mejora del aprendizaje y nuevas prácticas de catalogación del conocimiento. También se incluyen las nuevas prácticas de formación del personal y la introducción de competitividad que permiten mantener a los empleados, como lo son los sistemas de educación y formación.

Dentro de los procesos administrativos, existen cuatro funciones fundamentales: planeación, organización, ejecución y control. Todos constituyen el proceso de la administración (Hernández et al., 2019; Coca et al., 2016; Orellana, 2010). Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la administración: La Planeación: para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse.

La Organización: para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. La Ejecución: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. El Control: donde los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado (González et al., 2019; Wang et al., 2017).

Por otra parte, Vargas (2014) señala que las nuevas y mejores prácticas corresponden a un conjunto coherente de acciones (técnicas, métodos, procesos, actividades y otros) consideradas en su momento como las más eficaces e innovadoras para resolver problemas o promover el desarrollo en diferentes campos. Además, estas prácticas se les reconocen como exitosas en su contexto, y se espera que lo continúen siendo en contextos similares. Estas también mantienen una vigencia temporal variable, lo cual significa que no son necesariamente de las más recientes. Por ello, la intención de usar las mejores prácticas obliga a estar atento a su conveniente renovación o reemplazo por otras.

Con la creación de la Carta Magna en 1991, se generaron grandes pasos consagrando el derecho a un medio ambiente sano, sentando las bases para la legislación ambiental y la política consagrándose en la ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible - MMADS), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, y todos sus artículos y decretos que la complementan, incluyendo la Política Nacional de Producción Más Limpia adoptada por el Gobierno entre otros.

La política ambiental colombiana, seguirá principios generales contemplados en el Título I, Art. I, de la Ley 99/93; esta investigación se fundamentará en los siguientes principios: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país, se orientará según los principios universales, del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; y 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional, de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Debido a todo lo expuesto en este trabajo se busca Identificar el marco jurídico de la gestión ambiental para PyMEs Agrícolas del distrito de Santa Marta en el Caribe Colombiano.

El trabajo es de tipo descriptivo con diseños de investigación de campo no experimental, además como se realiza en un momento preciso y en un tiempo determinado se considera transeccional o transversal, ya que el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo.

2.1. Población

La población estudiada en el Distrito de Santa Marta corresponde según Cámara de Comercio de Santa Marta (2016), un total de 731 PyMEs o unidades empresariales; de éstas son PyMEs Agrícolas 97. Ahora bien, es necesario determinar las unidades informantes, las cuales según Parra (2010) son todas aquellas unidades de observación por medio del cual se obtienen la información. La población objeto de esta investigación son las 97 PyMEs Agrícolas: 91 empresas pequeñas y 6 de tamaño mediana (Cámara de Comercio, 2016). En cada una de las 105 Pequeñas y Medianas Empresas agrícolas se aplicó el cuestionario al “Administrador” persona responsable de la realización de las actividades relacionadas con el proceso productivo.

2.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

La recolección se realizó con base en la técnica de la encuesta y se seleccionó como instrumento el cuestionario. Para elaborar el instrumento de recolección de datos, a su vez los instrumentos que se utilizaran para medir las variables gestión ambiental para la competitividad en las PyMEs Agrícolas de Santa Marta, fue un cuestionario tipo encuesta. En el mismo orden, se utilizará la técnica del análisis de estadística descriptiva de forma amplia y específica, tomando en cuenta todas las cualidades alcanzadas a través de la observación directa, análisis de textos y páginas web, en torno al objeto del presente trabajo. Dicho cuestionario está integrado por un total de seis (6) ítems. Estos ítems son derivados de las mencionadas variables, sus dimensiones e indicadores, estructurado con preguntas cerradas de respuestas múltiples, con cinco (05) alternativas de respuesta tipo escala de Likert clasificadas como: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En este sentido, como se muestra en la Tabla 1, se construyó una tabla de intervalo, variables y descripción para el análisis del promedio, sobre la base de alternativas de respuestas que fueron cinco (5) y en consideración a estas alternativas planteadas se elaboró un baremo para la interpretación de las variables de estudio.

Tabla 1
Baremo de categorización.

2.3. Análisis de los datos

El análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario se realizó con el software IBM SPSS statistics 22. Al tratarse de variables categóricas se utilizó el procedimiento frecuencias gráficas y además medidas de tendencia central: Media, mediana y moda. Para llevar a cabo el análisis se agruparon todas las PyMEs agrícolas y se analizó cada uno de los ítems. En un segundo momento se sacaron las medias de cada una de los ítems del cuestionario segmentando los datos por nombre la organización. Los datos recolectados fueron procesados con estadísticas descriptivas, procediendo a tabular los resultados en una matriz de doble entrada, ubicando en el margen superior horizontal los ítems indicando cuales pertenecen a cada indicador, asimismo en el margen izquierdo en forma de columna se ubicaron los sujetos encuestados, los cuales se sumarán permitiendo conocer el puntaje de cada uno de ellos, la sumatoria obtenida en cada ítem.

Los indicadores de marco jurídico de la gestión ambiental que contribuye a la competitividad de las PyMEs Agrícolas estudiados fueron Políticas ambientales y Normas técnicas colombianas, para cada uno se formularon tres cuestionamientos como se muestra en la Tabla 2, Cada uno de estos indicadores obtuvo una ponderación respectiva de 4.02, y 3.78, ver Figura 1. Estos resultados se ubican cada uno dentro del baremo destinado señalando un mediano acuerdo.

Tabla 2
Indicadores marco jurídico de la gestión ambiental.

Figura 1
Ponderación de los indicadores

Ahora bien, después de haber analizado el marco jurídico de la gestión ambiental para PyMEs Agrícolas, se pudo entender la importancia de apropiarse de la normatividad ambiental que regula las acciones dentro de la PyMEs, la cual radica en la necesidad de cuidar el espacio donde se desenvuelve el ser humano. De hecho, las personas dentro de las organizaciones son cada vez más conscientes de esto, lo cual ha derivado en proyectos de responsabilidad social y de gestiones enfocadas en mantener un espacio adecuado para el empleado, pero al mismo tiempo proteger el planeta mismo.

De igual manera, es importante considerar la importancia que tiene para una organización la aplicación de políticas ambientales y reconocimiento de los impactos ambientales generados por los problemas ambientales y estados de contaminación, lo cual conlleva al convencimiento de la sensibilidad organizacional hacia la gestión ambiental, lo cual supone unos beneficios muy claros para las organizaciones, en general aumentando claramente su competitividad.

En relación a estos aspectos, resulta de relevancia particular de esta problemática los postulados planteados por Garcés (2013) al plantear que los beneficios de esta mayor sensibilización ambiental de las organizaciones permiten el desarrollo de su productividad a partir del cuidado del mismo espacio que les rodea y que a su vez les proporciona la materia prima fortaleciendo la gestión ambiental, pues se debe tener en cuenta que todo lo producido proviene directamente del medio ambiente por lo cual, es un reto el aumento de las ganancias o de la productividad generando el menor daño posible

Sin embargo no se puede hablar con carácter general de la importancia del sistema de gestión ambiental para una organización, ya que algunas organizaciones han evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: desde posturas iniciales defensivas y negativas frente a las exigencias de gestión ambiental, se ha pasado con el tiempo a su aceptación y, actualmente (si bien, quizás no de forma generalizada), a reconocerse la necesidad de una política empresarial activa y adecuada en materia ambiental, como requisito básico y esencial para la buena marcha y el éxito económico de la propia empresa; entendiendo que el desarrollo sostenible permite a las organizaciones garantizar su productividad a largo plazo a través del cuidado de la materia prima que proporciona la misma naturaleza.

En general, el sistema de gestión ambiental para una organización mejora sus relaciones, en particular con las competentes en el fortalecimiento de la empresa como un todo. Así pues, las organizaciones, en términos amplios, son agentes económico-sociales de su tiempo y, por ello, van sumiendo y adoptando actitudes y posiciones más respetuosas con el medio ambiente y los recursos naturales, que son las exigidas por las sociedades actuales como lo destacan Junquera y Del Brio (2016); además de ello, esto le permite a la organización adquirir una mayor reputación y seriedad en torno a las actividades que realiza.

La legislación ambiental gira en torno a unos ejes que, articulados, completan la gestión ambiental del Estado y apuntan de manera directa hacia el desarrollo sostenible como premisa a seguir. Esos ejes son los que soportan la legislación en conservación, administración o manejo, vigilancia y control y la parte sancionatoria a quienes incumplen la normatividad ambiental; y el desarrollo sostenible es el sello indeleble que por principio debe acompañar a toda esa legislación ambiental. Hasta acá la labor a desarrollar por las entidades del poder ejecutivo del sector público más conocidas como “Autoridades Ambientales” y que, tal como las agrupa y estructura la Ley 99 de 1993, conforman el llamado Sistema Nacional Ambiental –SINA.

Lo anterior, sin excluir de las obligaciones ambientales a las demás entidades del Estado. Sin embargo, el constituyente y el legislador, no se conformaron con haber concebido unas autoridades ambientales y unos órganos ejecutores de la política ambiental; concibieron además un control fiscal orientado a evaluar la gestión de las entidades estatales en materia ambiental e incluyeron bajo el manto de dicho control no solo a las autoridades ambientales, sino a todas las entidades del estado sin distingo de su actividad ni de su nivel, sea este nacional, departamental o municipal. Para el caso de las PyMEs se crearon “Políticas e instrumentos para mejorar la gestión ambiental de la PyMEs en Colombia y promover su oferta en materia de bienes y servicios ambientales (Van Hoof, 2005)”.

Las PyMEs Agrícolas responden en un 76,3% que reconocen la política ambiental de la empresa; el 89,7% aplica la política ambiental; esto permite inferir un nivel satisfactorio en cuanto a la difusión de las políticas ambientales y el reconocimiento de una conciencia ambiental empresarial; igualmente se requiere continuar el fortalecimiento de estas pequeñas y medianas empresas e implementación y desarrollo de programas de mejoramiento de la gestión ambiental; todo esto contribuirá a la minimización de impactos ambientales sobre el entorno natural y al desarrollo sostenible de la actividad productiva.

Pues bien, una de las fórmulas planteadas para hacer realidad el desarrollo sostenible consistió en “internalizar las externalidades ambientales”, concepto económico de gran profundidad al que se vieron abocados los profesionales de esa disciplina. Consideraron los expertos que los costos por los impactos ambientales del desarrollo estaban siendo asumidos por la totalidad del conglomerado social y no toda esa población era receptora de los beneficios de la cadena productiva en que se fundaba ese desarrollo.

Así las cosas y bajo la fórmula de que “el que contamina, paga”, había que trasladarle al beneficiario de la cadena productiva los costos ambientales de su actividad. Las autoridades ambientales por su parte se encargarían del cumplimiento de esta internalización de costos y los órganos del control fiscal de velar porque esas autoridades cumplieran el mandato.

Los estudios de impacto ambiental, son instrumentos esenciales para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, con el fin de prevenir futuros daños a los recursos naturales renovables y al medio ambiente para mitigar en lo posible los efectos nocivos que determinada actividad pueda causar sobre los mismos. Las autoridades ambientales no pueden autorizar, la realización de actividades que puedan causar daño al medio ambiente y a los recursos naturales, sin que se haya hecho una evaluación previa de los posibles impactos al medio ambiente y se hayan determinado las medidas de prevención, compensación, mitigación y restauración de los efectos nocivos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Si bien es cierto de que la legislación ambiental colombiana establece algunos casos en los cuales no se requiere de licencia o permiso ambientales para la realización de actividades económicas, también lo es, de que este hecho no exime a las autoridades ambientales de ejercer un seguimiento y monitoreo de dichas actividades y exigir un plan de manejo ambiental cuando las mismas pongan en peligro al medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Las PyMEs Agrícolas responden en un 85,6% que tienen en cuenta los impactos ambientales lo cual implica adquirir información y habilidades a través de la formación del capital humano en la competencia ambiental en la aplicación de acciones preventivas de generación de situaciones ambientales que conlleven a impactos ambientales e incidan en la baja calidad ambiental y en la imagen de estas empresas ante sus stakeholders. 

Estos análisis concuerdan con lo expuesto por Chávez (2015), en su investigación titulada “Gestión ambiental y Desempeño laboral en las empresas consultoras de ingeniería de Valledupar” y con Morillo (2015) en su: “Gestión ambiental y calidad de servicio en las Cajas de Ahorro y Préstamo del sector universitario, ya que ambas investigaciones radican en conocer los componentes básicos de la Gestión ambiental en las instituciones, como son la información que puede ser recogida tratada y almacenada por los sistemas de información de la institución facilitando la creación de un cuadro de mando del entorno y un cuadro de mando integral para la dirección y las habilidades que son en cambio más complicadas de trasmitir ya que implica adquirir nuevo conocimiento para el que las recibe

Si estos sistemas están bien diseñados obtendremos información periódica y sistemática de lo que ocurre tanto dentro como fuera de la institución y se podrá tomar decisiones con rapidez. Existen factores claves en la Gestión ambiental que es bueno tener presente, como la cultura orientada al conocimiento, infraestructura técnica e institucional, respaldo del personal directivo, vínculo con el valor económico, orientación del proceso, claridad el objetivo, practica de motivación, estructura del conocimiento y los múltiples canales para la transferencia del conocimiento.

El conocimiento es el recurso esencial para generar y sustentar una ventaja competitiva. En efecto, el conocimiento es altamente valioso, único para la organización, difícil de copiar y difícil de sustituir, por lo tanto, permite no sólo crear sino sostener una ventaja competitiva. El conocimiento se define como todo lo tácito y explícito que los individuos de una organización saben respecto de productos, sistemas y procesos.

El conocimiento explícito es aquel que puede ser conceptual y sistemático, codificado en manuales, bases de datos, concepto de productos, diseño, marca, patentes y sistemas de información. Por su parte, el conocimiento tácito es aquel que puede ser experimental o rutinario, compartido colectivamente en la firma a través de rutinas y cultura, Ahora bien, existen fuentes externas e internas de conocimiento y ambas son importantes.

Las PyMEs Agrícolas responden en un 84,5% afirmando que cumplen con la normatividad ambiental para prevenir la contaminación.  Es importante que se promueva el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas a través del fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento, acordes con la realidad de estas empresas como lo propone Van Hoof (2005) en las “Políticas e instrumentos para mejorar la gestión ambiental de la PyMEs en Colombia y promover su oferta en materia de bienes y servicios ambientales.

La media total de la dimensión es de 3,90 y el baremo señala un mediano acuerdo. El conocimiento de las políticas ambientales y normatividad ambiental por las PyMEs Agrícolas es uno de los primeros pasos para generar y sustentar una ventaja competitiva. En efecto, el conocimiento es altamente valioso, único para la organización ya que le permite direccionar sus procesos productivos con el mínimo impacto ambiental negativo y poco deterioro de los recursos naturales, por lo tanto, permite no sólo crear estrategias ambientales sino sostener una ventaja competitiva.

El proceso final en el marco jurídico de la gestión ambiental para PyMEs Agrícolas del distrito de Santa Marta. Es aplicarla, es decir, convertir el conocimiento en productos valiosos para la organización, la aplicación del conocimiento se facilita a través de sistemas dinámicos y flexibles que permiten compartir ideas y convertirlas en productos. Pero la aplicación del conocimiento también se puede emplear para tomar mejores decisiones estratégicas, en tal sentido cabe mencionar que la gestión ambiental es un proceso orientado a dirigir y orientar las prácticas productivas y relación adecuada de las empresas con los recursos que provee la naturaleza.

De los resultados presentados, de su discusión y de los antecedentes de la literatura expuestos a través del artículo, se pueden obtener las siguientes conclusiones principales: Se obtuvo un puntaje que define el cierre de las dimensiones en 3.90, lo cual significa según la clasificación del baremo un mediano acuerdo, evidenciándose la muestra de debilidades en las políticas y normas ambientales, es decir que existe un desconocimiento de lo que deben cumplir y lo que se ha establecido por el estado colombiano, lo cual ha generado inconvenientes en su desenvolvimiento social. Se recomienda la realización de talleres de actualización que se acoplen al funcionamiento de dichas empresas, ya que de esta manera el personal puede conocer el contenido de las leyes colombianas en aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales; para que de esta manera puedan comprender sus deberes como sus derechos dentro del contexto en el cual se encuentran.

Acuña, N., L. Figueroa y M. Wilches, Influencia de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio empresas manufactureras de Barranquilla. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 25(1), 143-153 (2017)

Ayala, C., M. Murillo, J. García y M. Pérez, Normativa legal vigente aplicable durante las etapas del ciclo de vida de los proyectos civiles de obras públicas en la ciudad de Barranquilla. Revista Espacios, 38(44), Pág. 20 (2017)

Caldera, H., C. Desha y L. Dawes, Evaluating the enablers and barriers for successful implementation of sustainable business practice in ‘lean’ SMEs, Journal of Cleaner Production, 218, 575-590 (2019)

Coca, G., O. Castrillón y S. Ruiz, Programación de un Sistema de Fabricación tipo "Job Shop" bajo un Enfoque de Sostenibilidad. Información Tecnológica, 27(6), 31-52 (2016)

Chávez (2015). Gestión ambiental y Desempeño laboral en las empresas consultoras de ingeniería de Valledupar. Cesar, Colombia.

Garcés, C. (2013). Estrategias empresariales de responsabilidad medioambiental: presión de stakeholders y barreras de adaptación en la empresa. Madrid. España.

González, A., L. Capa, L. Toro y A. Zambrano, La gestión ambiental en la competitividad de las MIPYMES de la Provincia El Oro, Ecuador. Revista Espacios, 40(4), Pág. 17 (2019)

Guarnieri, P. y F. Trojan, Decision making on supplier selection based on social, ethical, and environmental criteria: A study in the textile industry, Resources, Conservation and Recycling, 141, 347-361 (2019)

Guerrero, M. y P. San Andrés, Estrategias organizacionales para incrementar los ingresos en una consultora ambiental de la ciudad de Guayaquil del Ecuador. Revista Espacios, 39(44), Pág. 38 (2018)

Hernández, Y., D. López y F. Moya, Monitoreo ambiental como herramienta para el seguimiento continuo previsto en la evaluación de impacto ambiental. Revista Espacios, 40(3), Pág. 17 (2019)

Junquera, B y Del Brio J. (2016). Retos de la dirección medioambiental en la pyme española. Sugerencias tras una revisión de la literatura 2005 – 2015. Universidad de Oviedo.

Manual de Oslo. (2006). Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Tercera edición.

Morillo (2015). Gestión ambiental y calidad de servicio en las Cajas de Ahorro y Préstamo del sector universitario, para optar al grado doctoral en la Universidad del Zulia. Venezuela.

Orellana, V. (2010). La responsabilidad social de las empresas multinacionales petroleras, perenco limited Colombia y Hocol S.A: el aporte al desarrollo local del municipio de Yopal.

Severiche, C., D. Muñoz y J. Jaimes, Gestión del conocimiento en sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Revista Omnia, 22(1), 91-105 (2016)

Severiche, C., R. Acevedo y J. Jaimes, Minería de rellenos sanitarios como alternativa de gestión de residuos sólidos. Revista Producción Más Limpia, 9(1), 115-123 (2014)

Stachetti, G., C. Martins y I. de Barros, Sustainability assessment of ecological intensification practices in coconut production, Agricultural Systems, 165, 71-84 (2018)

Van Hoof, B. (2005). Políticas e instrumentos para mejorar la gestión ambiental de las PyMEs en Colombia y promover su oferta en materia de bienes y servicios ambientales. CEPAL – SERIE Medio ambiente y desarrollo N° 94. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile. Consultado en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5634/S05291_es.pdf;jsessionid=489148064226C3FA7E9755BB01B190CA?sequence=1

Vargas, L. (2014). El surgimiento de la política global ambiental. Revista Opera. Universidad Externado de Colombia.

Wang, Z., N. Subramanian y otros cuatro autores, Port sustainable services innovation: Ningbo port users’ expectation, Sustainable Production and Consumption, 11, 58-67 (2017)

1. Doctora en Ciencias, Magister en Recursos Humanos, Magister en Estrategia y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural, Especialista en Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo con énfasis en Educación Ambiental, Especialista en Formulación, Gerencia y Evaluación de Proyectos, Licenciada en Ciencias Naturales. Universidad del Magdalena. Santa Marta – Colombia. mlmendez@unimagdalena.edu.co

2. Doctor en Ciencias, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Administrador de Empresas. Universidad Cooperativa de Colombia. Santa Marta - Colombia. leobri2010@gmail.com

3. Doctor en Ciencias (Mención: Gerencia), Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Químico. Corporación Universitaria Rafael Nuñez - CURN. Cartagena de indias - Colombia. carlos.severiche@curn.edu.co

4. Doctor en Ciencias (Mención: Gerencia), Magister en Telemática y Telecomunicaciones, Especialista en Redes de Computadores, Ingeniero de Sistemas. Universidad Cooperativa de Colombia. Santa Marta - Colombia. luis.duran@campusucc.edu.co