ISSN 0798 1015

Vol. 40 (Nº 22) Año 2019. Pág. 11

Mala praxis en la gestión pública de la inmigración. El caso de la comarca de Campo Arañuelo. España

Bad practice in the public management of immigration. The case of the Region Campo Arañuelo, Spain

CASTRO-SERRANO, José 1; MORA ALISEDA, Julián 2 y CASTELLANO-ÁLVAREZ, Francisco J. 3

Recibido: 11/03/2019 • Aprobado: 17/06/2019 • Publicado 01/07/2019

Contenido

1. Introducción

2. Metodología y ámbito de la investigación

3. Las hipótesis de partida y su contrastación en el tiempo

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

En el año 2001 una institución pública (el Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, España) nos encomendó una investigación relativa a la integración social de los inmigrantes en dicha región. Esa investigación se realizó en dos fases: un primer informe centrado especialmente en las repercusiones económicas y demográficas de la inmigración extranjera en Extremadura, y una segunda investigación centrada en la integración social de los inmigrantes en la región.

Estas investigaciones no habrían pasado de ser un mero informe socioeconómico más, de no ser porque el paso del tiempo nos permitió hacer a posteriori lo que en 2003 era imposible: contrastar la corrección o no de nuestras hipótesis de trabajo y de las propuestas y recomendaciones que hacíamos en aquel momento respecto a los posibles escenarios futuros que se podían dar en Extremadura partiendo de la situación que se registraba en el momento de realizar la investigación.

Cuando publicamos los resultados de nuestras investigaciones como informe del Consejo Económico y Social de Extremadura (Mora Aliseda, J.; Pimienta Muñiz, M.; Castro Serrano, J.; Pavón Pérez, J.A. y Rodríguez Barrigón, J.M, 2003) ni el formato ni el objeto de dicha publicación eran adecuados para formular hipótesis de partida. Sólo cabía hablar de la situación existente en ese momento y de lo que podrían ser recomendaciones para una adecuada política de integración de los inmigrantes en la región. Pero, aunque no se pudieran explicitar en el documento resultante, es indudable que, como investigadores que somos, ni entonces, ni ahora, podíamos renunciar a enfocar nuestro estudio partiendo de unas determinadas hipótesis. Toca ahora dar cuenta de en qué medida eran correctas dichas hipótesis de partida y en qué medida las recomendaciones y prevenciones recogidas en nuestro estudio inicial acabaron siendo confirmadas o desmentidas por lo que entonces eran escenarios futuros y ahora constituyen acontecimientos pasados y presentes, según los casos, es decir, por la realidad de los hechos.

2. Metodología y ámbito de la investigación

3. Las hipótesis de partida y su contrastación en el tiempo

3.1. Escenarios de futuro planteados en 2003.

Nuestra primera hipótesis de partida era que la migración no voluntaria, sino provocada por causas económicas (que es la que nos ocupa), constituye un fenómeno tan poco deseable para quien lo protagoniza (los migrantes) como inevitable, dadas las actuales circunstancias de desigualdad económica global, fruto de las diferencias y desajustes económicos internacionales. Así, las migraciones económicas deberían percibirse, a priori, como un fenómeno a erradicar mediante la transformación de las realidades socioeconómicas que lo motivan. Para ello, debe potenciarse y fomentarse siempre que sea posible la migración de ida y vuelta.

En este sentido consideramos que la política de fomento del asentamiento de inmigrantes en las sociedades de acogida desarrolladas no constituye una política adecuada ni deseable, por más que la inmigración pueda suponer un beneficio económico y social para dicha sociedad de acogida, lo que no deja de ser una motivación utilitarista, tan poco válida como la xenofobia excluyente a la hora de diseñar políticas migratorias.

En noviembre de 2002, cuando el Consejo Económico y Social puso a disposición del público, en formato digital, a través de su web (www.cesextremadura.orgo) el primero de los dos informes que elaboramos para dicha institución, titulado La inmigración y su repercusión en el mercado laboral extremeño, uno de los principales periódicos regionales recogió la noticia con el siguiente titular: “El CES insta a frenar la inmigración para evitar problemas en la región”. Era domingo y la noticia era portada del día. La polémica estaba servida. El Consejo Económico y Social de Extremadura, que de suyo es un órgano consultivo de consenso, con una amplia representación de los distintos agentes sociales y políticos de la región, estaba recomendando reconducir la política regional de inmigración en previsión de que pudieran producirse en el futuro problemas de convivencia y de integración socioeconómica de los trabajadores inmigrantes. Era evidente, a raíz de las reacciones que generó este titular, que casi ninguno de los componentes del CES había sido lo bastante exhaustivo en su lectura del informe como para evitar que en el estudio hecho público aparecieran afirmaciones y recomendaciones que no parecían, ahora, una vez recogidas por la prensa, siempre ávida de titulares polémicos, políticamente correctas.

Aunque el titular periodístico era bastante polémico, el tratamiento interno que se daba a la noticia era bastante ajustado al contenido de las conclusiones del informe publicado en 2002:

“Conclusiones del informe: "la inmigración y su repercusión en el mercado laboral extremeño" -  CES de Extremadura.

El informe del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, titulado La inmigración y su repercusión en el mercado laboral extremeño, aconseja frenar el asentamiento de extranjeros en la región, sobre todo los que acuden a trabajar en el campo, porque el actual mercado laboral ya no lo justifica. Además, revela que la inmigración ha supuesto el 40% del crecimiento poblacional extremeño en la última década. Extremadura es la comunidad autónoma con más porcentaje de inmigrantes magrebís.

El estudio asegura que la situación del mercado laboral extremeño no justifica "nuevos asentamientos de población activa inmigrantes de forma permanente", dados los niveles de desempleo en el medio rural extremeño, y el hecho de que la economía regional tiende a concentrarse en el sector servicios, lo que podría llevar a los extranjeros a competir con los nativos por los puestos de trabajo que existen.

Antes de asumir nuevos cupos, según el CES, Extremadura tendría que incorporar a los eventuales sin ocupación estable actualmente. En el informe se reconoce que "hasta el día de hoy" no se han producido fricciones porque trabajadores nativos e inmigrantes se complementaban, pero se advierte de que ya se está dando competencia en el sector de empleadas del hogar, y que, de continuar la afluencia de extranjeros en los términos actuales podría producirse "fricción laboral" con los jóvenes rurales menos cualificados, quienes no sólo se sentirían amenazados por los extranjeros en el sector agrícola, sino también en "ocupaciones como conductores, limpiadores o mozos de almacén".

El análisis refleja que la inmigración, mayoritariamente (sobre todo en Cáceres), tiene un marcado carácter económico, optando por empleos poco cualificados. Esta llegada de foráneos no se compensa por la marcha de extremeños a otras regiones, ya que, en la última década, "la emigración de nativos no es por falta de cualquier trabajo, sino de aquellos cualificados".

Desaparición del jornalero:

Respecto a la situación general de la agricultura extremeña, el CES concluye que "casi nadie quiere ya trabajar en el campo", y agrega que la mecanización de las labores agrícolas ha traído el abandono de las pequeñas explotaciones, a las que la inversión exigida no les es rentable.

Otro fenómeno importante es que sólo en las explotaciones de regadío de tamaño medio y dedicadas a cultivos sociales --tomate, tabaco o espárrago blanco-- se ha mantenido la demanda de asalariados, ya que los familiares del propietario ya no colaboran en las tareas de recogida.

Perfil:

La afluencia de inmigrantes a Extremadura está contribuyendo al rejuvenecimiento de la región, ya que, según el informe del CES, el perfil medio del inmigrante en Extremadura es el de un varón marroquí con una media de edad de 33 años, soltero, que carece de cualificación laboral y trabaja como eventual agrario en el noreste cacereño. Además, los casados también contribuyen a este fenómeno, puesto que la posibilidad de reagrupación familiar hace que acudan con una numerosa prole, ya que la mayoría tiene 3 o más hijos.

La escasa formación de estos trabajadores condiciona también su elección laboral, y el 70% (el 90% en Cáceres) se emplea como asalariado, sobre todo en el campo, del que, como los nativos, quieren huir lo antes posible, y su objetivo es trabajar en el comercio, la hostelería o, en general, cualquier empleo fuera del sector agrario.

Asimismo, según el CES, la difícil situación en que acuden los inmigrantes marca que sean, con frecuencia, explotados laboralmente. Sus empleos como temporeros, empleadas de hogar, limpiadores, vendedores ambulantes o a domicilio, o camareros, suelen tener como denominador común la precariedad que, en su manifestación más extrema, según el estudio, aboca "a la prostitución como recurso de algunas mujeres inmigrantes a falta de otros empleos".

Quienes logran trabajo se ven expuestos a jornadas de 10 horas al día, sin cobrar horas extra, pese a lo cual "apenas entran en conflicto por ello", lo que les convierte en bocado apetecido por empresarios sin escrúpulos.

Este panorama se ve favorecido por el hecho de que muchos inmigrantes --el 43% de los residentes en Extremadura-- pertenecen al colectivo que se ha dado en llamar sin papeles, caldo de cultivo de una floreciente economía sumergida que tiene su máxima expresión en la provincia de Badajoz, donde la mitad de los extranjeros carece de permiso de trabajo. La situación contrasta con la de Cáceres, zona de acogida de marroquís, que son los que en mayor número han logrado regularizar su situación.

Concentración geográfica de los inmigrantes: 

Otra característica significativa es la fuerte concentración geográfica de los inmigrantes, marcada, de manera genérica, por los asentamientos norte-sur a lo largo de la Ruta de la Plata, y este-oeste en las vegas del Guadiana.

Concretamente, 18 localidades concentran a más del 80% de los extranjeros. Como es bien sabido, el principal núcleo es Talayuela, en cuyo padrón figuran 4.715 inmigrantes, la mayoría marroquís, que suponen un tercio del total. Navalmoral, Rosalejo y Cáceres tienen poblaciones foráneas que rondan el millar, seguidas de Badajoz, Plasencia, Losar de la Vera y Don Benito.

Ocupaciones:

El estudio analiza las ocupaciones de los inmigrantes, muy relacionadas con su ámbito de asentamiento. Conclusiones:

Los marroquís suelen encontrar empleo como eventuales agrarios en el noreste de Cáceres, o dedicarse a la venta ambulante.

Los portugueses, segundo grupo en importancia numérica, se asientan en zonas fronterizas como temporeros.

Los iberoamericanos, principalmente colombianos, brasileños, dominicanos y argentinos, sin descartar el trabajo en el campo en las cuencas fluviales, optan también por actividades como la construcción y el trabajo doméstico.

Los asiáticos, inmigración emergente sobre todo de nativos de la China Popular, se decantan por las ciudades, "como una estrategia encaminada a garantizar la viabilidad de sus actividades comerciales".

La emigración se ceba en los jóvenes mejor preparados:

A juicio del CES, en la última década la población extremeña en edad laboral se ha estancado, no sólo por el menor crecimiento vegetativo, sino, sobre todo, por una emigración "menos intensa que en etapas anteriores" pero que se ceba "entre los jóvenes mejor formados", lo que constituye, junto con el abandono de las zonas rurales "uno de los principales problemas de la región".

Además, el informe del consejo califica el paro una rémora "de carácter estructural", y apunta que en la última década el desempleo en Extremadura creció en un 6,2% mientras en España bajaba un 3%.

Esta situación la sufren, especialmente, los jóvenes y las mujeres, de manera que los menores de 25 años tienen cada vez más dificultades para incorporarse al mercado laboral.”

Este resumen venía a sintetizar bastante fidedignamente lo que fueron las conclusiones del primer informe y, sin duda, los aspectos más polémicos de la investigación, motivo por el cual lo hemos mantenido literalmente, pues es un buen punto de partida, como resumen, de las conclusiones alcanzadas en el primer informe que publicamos en 2001.

3.2. La realidad confirma los peores escenarios: los resultados de una mala praxis política en la gestión de la inmigración en Extremadura.

Este artículo, además de validar las hipótesis que sostuvieron aquellas primeras conclusiones polémicas (algunas de ellas fueron suavizadas o incluso directamente eliminadas de la publicación definitiva del informe final en 2003), pretende también hacer justicia a quienes en aquel momento no tuvimos más remedio que transigir con las limitaciones que se nos ponían a la hora de dibujar escenarios futuros. Estas limitaciones se basaban en la imposibilidad material de saber entonces qué derroteros seguirían los acontecimientos futuros y a qué situación real nos llevaría la política de inmigración de las administraciones en los años posteriores. Hoy es posible poner las cosas en su sitio. Y son las hemerotecas e internet las que nos permitirán hacerlo.

Respecto a nuestra primera hipótesis, que era en última instancia, junto con el resto de la información disponible entonces, la que motivaba el titular de prensa, es evidente que el tiempo nos ha dado la razón. Desde comienzos de los años 90 en que comenzaron los primeros asentamientos de inmigrantes magrebíes en el noreste regional (Campo Arañuelo, La Vera y el Jerte) se había seguido una política de no intervención e incluso de favorecimiento del asentamiento permanente de la población inmigrante por parte de la administración regional y, especialmente, por parte de algunos municipios (Talayuela es el paradigma de este proceso).

Aunque era evidente, como se recogía en el informe, que la mayor parte de estos trabajadores sólo encontraban trabajo en el sector agrario y durante determinadas épocas (campaña del tabaco y, en menor medida, del espárrago), algunos municipios como Talayuela fomentaron de forma voluntaria el asentamiento y el empadronamiento de estos trabajadores en sus poblaciones. Así, Talayuela y algunos otros municipios pasaron a protagonizar crecimientos espectaculares de su población residente.

Tabla 1

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística de España

Es evidente que algo sucedió entre 2003 y 2008, momento en que comienza la crisis. Ese crecimiento espectacular no sólo cesó en 2006, sino que en los 3 años siguientes se produjo una auténtica recesión demográfica en el municipio, habiendo perdido, pese a los aportes migratorios, alrededor del millar de habitantes. Durante la década siguiente esta población, permanece totalmente estancada, en ligera y constante recesión, quedándose en los niveles de 1999.

Figura 1
Evolución demográfica de Talayuela

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística de España

Tal y como habíamos predicho en 2003, a medida que la crisis del sector tabaquero se agudizó y como consecuencia de la propia crisis del sector de la construcción a partir del año 2008, muchos trabajadores nacionales volvieron al campo extremeño, pese a haberlo abandonado para dedicarse al sector constructivo durante los años de fuerte crecimiento del sector inmobiliario en España.

¿Qué había pasado? ¿Por qué Talayuela volvió a perder población? Sencillamente porque el crecimiento demográfico experimentado había sido tan artificial como ausente de una base económica que permitiera convertirlo en un crecimiento estructural.

En nuestros informes e hipótesis de trabajo habíamos advertido de que toda política de inmigración responsable debería anteponer la potenciación del retorno a los países de origen frente al asentamiento permanente de los inmigrantes en la sociedad de acogida, máxime cuando dichos inmigrantes eran fundamentalmente temporeros dentro del sector agrario, y no trabajadores permanentes y estructurales. Nuestro planteamiento era claro: sólo debe potenciarse el asentamiento permanente de la población inmigrante en una determinada área si existe una clara previsión de suficiente persistencia en el tiempo de las condiciones económicas, niveles de actividad y ofertas de empleo que la provocan. Sólo debe favorecerse la inmigración económica en la medida en que responda a una demanda de la sociedad de acogida y se traduzca en una complementariedad laboral clara. En Talayuela y, por ende, en Extremadura, estos principios en materia de gestión de los flujos migratorios se obviaron.

No se había tenido presente, porque parecía políticamente incorrecta, nuestra advertencia de que, si la inmigración que se recibe no viene a complementar carencias o disfuncionalidades irresolubles dentro del mercado laboral de la sociedad de acogida, o si dichas disfuncionalidades pueden corregirse con una modificación de la regulación interna de la sociedad de acogida, debería evitarse recurrir a la solución de la importación de mano de obra exógena, pues cabe la posibilidad que si se fomenta la inmigración y posteriormente se produce una modificación drástica no prevista en las circunstancias del mercado laboral, pueda producirse un fenómeno de competencia, en lugar de complementariedad, entre la sociedad de acogida y la población inmigrante. Para evitar fenómenos de competencia desleal o falta de complementariedad, debe evitarse en la medida de lo posible cualquier fenómeno que sea contrario a la legalidad, como, por ejemplo, la existencia o permanencia en el territorio de población inmigrante no acogida a la legalidad administrativa.

Así, si en lugar de favorecer los empadronamientos en la región se hubiera optado, tanto por parte del gobierno regional como por parte de los principales municipios del Campo Arañuelo, afectados por una política de gestión del temporerismo agrario de los autóctonos, o, en su defecto, del temporerismo de los trabajadores inmigrantes, no se habrían producido estos procesos y algunos fenómenos sociales conflictivos que tuvieron lugar posteriormente como consecuencia de todo ello.

Llegamos así a la siguiente de nuestras hipótesis de partida:

El favorecimiento de la inmigración económica y su asentamiento permanente en el mercado laboral sin que esto responda a una necesidad estructural de la sociedad de acogida, constituye una política irresponsable y puede traducirse, en determinadas circunstancias, en fenómenos de rechazo y culpabilización del inmigrante, generándose procesos de xenofobia y reacción de la población autóctona frente a la población inmigrante por falta de previsión de la administración responsable.

La falta de regulación o la inacción de la administración en dicha materia provoca en los autóctonos fenómenos de rechazo y culpabilización del inmigrante, generándose procesos de xenofobia y radicalización que en buena medida pueden ser consecuencia de una reiterada falta de intervención de la administración para erradicar comportamientos ilegales o contrarios al ordenamiento administrativo.

Cuando el Periódico Extremadura publicaba la noticia de la aparición del primer informe del CES con un titular polémico en el que el citado organismo aparecía casi como un defensor de las políticas de cierre de fronteras ante la inmigración económica, sin duda la intención del periodista no iba mucho más allá de la venta de más ejemplares. Sin embargo, pese a lo desacertado de su motivación, no iba desencaminado en cuanto al fondo de su mensaje. Había que frenar un proceso de asentamientos de inmigrantes que no respondían a una necesidad real de la sociedad extremeña ni a una necesidad real de la población inmigrante que supuestamente se afincaba en esos municipios extremeños. ¿Por qué? Porque en una situación de cambio de ciclo económico o por un simple cambio en la oferta y demanda laboral del sector tabaquero, que era más que probable por la nueva OCM del tabaco que ya se vislumbraba en el horizonte a principios del milenio, era fácil que la frágil situación de coexistencia económica de inmigrantes y autóctonos se tornara en una situación de enfrentamiento o mutuo rechazo, pudiendo degenerar en un vuelco social hacia posiciones xenófobas o contrarias al asentamiento de inmigrantes en determinados municipios de la región.

Si en el primer estudio había quedado claro cuál era la región geográfica regional en la que podían producirse conflictos en según qué situaciones, en el segundo estudio relativo a la integración social de los inmigrantes, con una amplia encuesta a los extremeños, se puso en evidencia que la población que menos simpatías y facilidades para la integración social plena manifestaba era la población magrebí. Resultaba evidente que esto venía a agravar la fragilidad de la situación de concentración de inmigrantes en el noreste regional, dado que en su mayoría eran precisamente de esta procedencia.

Por desgracia en el segundo informe el CES no mantuvo una posición tan liberal frente al equipo de investigación como la que había mantenido durante el primer estudio. Tanto es así que muchas de las prevenciones o recomendaciones que de otro modo se habrían hecho en la línea de lo planteado en el primer informe fueron rechazas y no se asumieron por parte del CES, pues no se quería volver a protagonizar ninguna polémica mediática ni a entrar en conflicto con la política regional de inmigración. Como consecuencia de ello el segundo informe resultó mucho más aséptico en sus conclusiones y propuestas, algunas de ellas obvias o ya superadas por otros informes similares en otras Comunidades Autónomas, otras valiosas pese a no ser tan polémicas.

En cualquier caso, la esencia de nuestra concepción en lo que respecta a la adecuada gestión de los flujos migratorios ya había sido recogida en el primer estudio: cambiar una política de asentamientos permanentes por otra de fomento de una inmigración temporal de trabajadores agrarios, sin asentamiento familiar y sólo durante algunos meses al año: los de las campañas que daban empleo a estos inmigrantes.

Las consecuencias de seguir una política contraria a ésta no tardaron en hacerse palpables. En septiembre de 2006 saltó a los medios y a la sociedad extremeña en general la polémica: la población de Talayuela se oponía fervientemente a la edificación en la ciudad de una mezquita que diera servicios religiosos a la numerosa población de credo musulmán afincada en el municipio. Titulares que aún están disponibles en la web comenzaron a hacerse cotidianos: “Vecinos de Talayuela (Extremadura) se oponen a la construcción de la mezquita en el casco urbano”; Los magrebís reanudan la obra de la mezquita de Talayuela; El alcalde de Talayuela, amenazado de muerte por permitir una nueva mezquita”

Hasta ese momento Talayuela se había “vendido” como la “Babel” de la nueva sociedad multicultural y multiétnica, como el ejemplo de la convivencia e integración multicultural de autóctonos e inmigrantes, de españoles y magrebíes, de españoles y extranjeros. El pueblo había sido incluso premiado con la Medalla de Extremadura por ser ejemplo de convivencia. Pero ahora el problema había trascendido incluso a la prensa nacional. El diario de tirada nacional El Mundo recogía en septiembre de 2006 entre sus titulares: Un centro islámico hace peligrar la convivencia en la 'Babel extremeña'. La revista interviú lo expresaba de forma mucho más sintética en su edición digital del 6 de junio de 2008: Adiós a la integración. Y resumía así la noticia:

“Llegó a ser considerado todo un ejemplo de convivencia entre inmigrantes y autóctonos, pero ahora la población de Talayuela, un pequeño pueblo de Cáceres dedicado a la producción de tabaco, cae a pasos acelerados. Ya no hay trabajo para todos y las relaciones se tensan.”

Aunque nosotros ya habíamos detectado en nuestras encuestas y en el arduo trabajo de campo llevado a cabo durante el verano de 2002 que la convivencia e integración como tal era más bien una coexistencia mutua, sin una integración social real, por la existencia de múltiples barreras: la idiomática, la cultural, la laboral, etc., no se nos había permitido insistir en ello más allá de lo que ya se enunciaba en el informe. La ausencia de problemas hasta la fecha parecía bastar para constatar que todo iba bien.

Pero, ¿realmente el problema era la mezquita? ¿Eran exclusivamente de carácter religioso las motivaciones que provocaban este rechazo y la escalada de tensión en el municipio? Es evidente que no. Las razones de unas manifestaciones de este tipo y de un posicionamiento popular tan férreo en contra de una mezquita tenía otras motivaciones más complejas y que tienen mucho que ver con las políticas de gestión de las prestaciones y servicios públicos.

¿Cómo se pasa de una situación modélica de convivencia multicultural a una situación de mayoritario rechazo social hacia la convivencia con los inmigrantes? ¿Acaso se produjo en 2006 una epidemia de xenofobia altamente contagiosa en estos municipios del noreste regional? Evidentemente no. Evidentemente las medallas y el reconocimiento institucional al comportamiento cívico de los ciudadanos no son suficientes para compensar algunos de los problemas implícitos que genera un fenómeno de alta concentración de población inmigrante como el producido en el Campo Arañuelo durante la última década. El factor clave para garantizar la integración social no es otro que proveer a las comunidades en las que se produce de todos los recursos materiales y humanos para que el nivel de servicios y prestaciones sociales dispensados por las administraciones no se resientan en lo más mínimo por el incremento demográfico o por la elevada concentración de personas con niveles de renta inferiores a la media.

Entendemos que la principal responsabilidad de las manifestaciones de rechazo e intransigencia vividas en el noreste regional desde 2006 corresponde a las administraciones responsables de la gestión de la integración social de los inmigrantes.

Hemos subrayado el párrafo que hace referencia a lo que entendemos ha sido la causa principal de los fenómenos de rechazo hacia la inmigración: la competencia por los servicios sociales básicos. En el caso del noreste regional los detonantes fueron principalmente la vivienda (Navalmoral de la Mata) y los equipamientos religiosos (Talayuela), pero durante nuestra investigación detectamos otros problemas latentes: los recursos educativos (en la escuela y los institutos) y los recursos médicos (centros de salud locales).

De lo que estamos convencidos es que en ningún caso este rechazo responda a motivaciones ideológicas. El ejemplo más evidente lo constituye de nuevo lo sucedido en el municipio de Talayuela durante las elecciones municipales de mayo de 2007. Este municipio venía siendo gobernado por el PSOE desde hacía varias legislaturas, siendo su alcalde el socialista José Moreno Gómez, principal responsable de la política de favorecimiento del empadronamiento de inmigrantes en su localidad. Para este responsable político “la inmigración es una necesidad por parte de la persona que inmigra. Es un problema si los lugares de recepción no están preparados para atender las necesidades básicas de los inmigrantes. Incluso es un problema si la mentalidad de los receptores es tan estrecha que no tiene capacidad para mirar o, mejor, analizar la situación de forma global.”  Es ilustrativa esta afirmación por dos afirmaciones: primero, la convicción de que el principal problema es atender las necesidades básicas de los inmigrantes (nada se dice aquí de los autóctonos); en segundo lugar, el achacar a la sociedad de acogida estrechez de miras si no tienen una percepción global del fenómeno. Sin embargo, cuando se le pregunta por la conflictividad la respuesta es clara: “La sociedad extremeña, bajo mi punto de vista, en general, “acepta” quizás por el recuerdo histórico. Las reacciones xenófobas son puntuales e individuales: no a nivel de grupo. Pueden darse si los servicios básicos siguen siendo los mismos que cuando no había inmigración”

Esta percepción también la manifestaba el director del Instituto de Educación Secundaria de Talayuela: “De todas formas, el fenómeno de la inmigración no debería ser considerado como un problema, pero si es necesario comprender que para evitar el rechazo o problemas de adaptación son necesarios medios materiales y sociales, junto con una mejora de las condiciones de vivienda, sanidad y educación, para que las localidades que alojan a una gran cantidad de población inmigrantes no vean sus servicios desbordados por el aumento de población.”

Parece evidente que esta es la motivación principal a la hora de producirse fenómenos de rechazo colectivo: la competencia por los servicios en momentos de crisis económica o cambio del ciclo económico, y la consiguiente degeneración de la convivencia diaria como consecuencia del inadecuado funcionamiento o acceso deficiente a estos servicios.

Como consecuencia de ello en mayo de 2007 se produce un vuelco electoral y aparece una nueva formación política: Iniciativa Habitable. Un partido político que ha sido tachado de xenófobo e incluso de ultraderecha, cuando paradójicamente la mayoría de los votantes de que se ha nutrido son votantes socialistas. De hecho, el Partido Popular mantuvo tras las elecciones los mismos concejales que en la legislatura anterior, mientras que fue íntegramente el PSOE el partido que perdió los 5 concejales conseguidos por Iniciativa Habitable. ¿Significa esto que hasta entonces el PSOE se había nutrido de votantes con ideología de ultraderecha? ¿O significa más bien que la ideología no es el factor principal explicativo de este vuelco electoral? Nosotros sostenemos que la ideología radical, si la hay entre los votantes de este partido, es una consecuencia de la gestión llevada a cabo durante años por las administraciones locales y regionales anteriores. Algunos ejemplos claros de esta gestión problemática, cuando no claramente deficiente o irresponsable, son el de la política de vivienda, la educativa y la de acceso a servicios sociales básicos.

4. Conclusiones

Entendemos que las administraciones públicas deben ser capaces de favorecer la integración social arbitrando medidas de cohesión social universales, no sólo para colectivos concretos o etnias. Creemos que las políticas deben ser generalistas, es decir, estar dirigidas a todos aquellos que no disfrutan por uno u otro motivo de estos niveles mínimos de bienestar considerados como fundamentales e irrenunciables. Nuestra convicción es que una adecuada política de integración sólo debería distinguir (a la hora de plasmarse en medidas concretas) entre integrados y no integrados, es decir, entre aquellos que disfrutan de unos niveles de bienestar mínimos aceptables y aquellos que no, siendo el origen, la etnia, la religión, la cultura, el sexo, etc., entendidas como factores explicativos de la desigualdad, no como límites o compartimentos estancos definitorios de colectivos sobre los que focalizar la acción pública, excluyendo a los individuos que no encajan en estos perfiles.

El acceso a bienes y servicios públicos debe ser entendido como un derecho que se deriva tanto de los propios derechos universales inherentes a la persona, como del cumplimiento de las obligaciones que impone el sostenimiento del estado del bienestar y de la contribución al mismo.

Las políticas públicas que sólo se limiten a proveer de servicios, sin tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones individuales de los ciudadanos (ya sean autóctonos o inmigrantes) y sin sopesar la contribución real al sostenimiento del estado de bienestar por parte de estos, se acaban percibiendo por la ciudadanía como políticas injustas y generan rechazo, como consecuencia de la competencia de los ciudadanos en el acceso a los servicios y prestaciones públicos.

Los fenómenos de rechazo colectivo a la población inmigrante no pueden explicarse sólo por el recurso fácil a la ideología xenófoba de quienes lo protagonizan, sino que son más bien consecuencia de la competencia social por los bienes y servicios básicos que prestan las administraciones públicas.

La conclusión final es clara: el buenismo irresponsable de los políticos, combinado con cambios drásticos en las condiciones económicas del mercado de trabajo y de la economía en general, puede convertirse en una bomba de relojería para la conflictividad social, cuando las políticas públicas no prevén y cubren adecuadamente las necesidades sociales básicas que van aparejadas necesariamente a cualquier movimiento migratorio importante que se produce de forma acelerada en el tiempo y concentrada en un espacio territorial dado. A mayor concentración y mayor rapidez de los flujos, más necesaria es una política de adecuada cobertura e incremento en la dotación de los servicios sociales para evitar fenómenos indeseables de xenofobia y problemas de convivencia, motivados por la competencia por dichos servicios.

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1. Dr. en Desarrollo Sostenible y Ordenación Territorial y Gestor de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible - INTERRA, Universidad de Extremadura, Cáceres, España.  josecastro@unex.es

2. Dr. en Geografía y Ordenación del Territorio. Catedrático acreditado. Prof. Departamento de A. y Ciencias del Territorio, Universidad de Extremadura, Cáceres, España. tajoguadiana@gmail.com

3. Dr. Desarrollo Territorial Sostenible y Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura, Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Cáceres, España.. fcocastellano@unex.es  (Autor para correspondencia)