ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 39 (Nº 41) Año 2018 • Pág. 5
Eduardo Vinicio MEJIA CHAVEZ 1; Dante AYAVIRI NINA 2
Recibido: 11/04/2018 • Aprobado: 15/05/2018
RESUMEN: América Latina es una de las regiones que menos conocimiento produce a nivel global, algunos países otorgan poca importancia a la producción intelectual, hecho que se refleja en el bajo número publicaciones realizadas y de patentes y registros obtenidos. Es una tarea pendiente para los países de América Latina, aprovechar las oportunidades que brinda el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en una economía globalizada, estableciendo políticas de propiedad intelectual claras y legislaciones pertinentes, que permitan la generación de bienestar social, equidad y desarrollo en la región. En la presente investigación, se esboza y acerca al estudio de la propiedad intelectual en el contexto de América Latina y el Caribe. Para ello, se acude a literatura especializada en el ámbito, informes de la OMPI que otorga información actualizada en relación a registro y aplicaciones de patentes. Los avances no en la región no tienen mayor relevancia en relación al resto de las regiones y las perspectivas debieran estar centradas en la profundización de mecanismos de promoción y difusión, las otras regiones denotan una participación destacada en el contexto mundial. |
ABSTRACT: Latin America is one of the regions with less knowledge produced globally, some countries attach little importance to intellectual production, a fact that is reflected in the low number of publications and patents and records obtained. It is a pending task for the countries of Latin America to take advantage of the opportunities offered by the development of science, technology and innovation in a globalized economy, establishing clear intellectual property policies and relevant legislation that will allow the generation of social welfare, equity and development in the region. In the present investigation, we outline and approach the study of intellectual property in the context of Latin America and the Caribbean. To do this, we turn to specialized literature in the field, WIPO reports that provides updated information regarding registration and patent applications. The advances not in the region do not have greater relevance in relation to the rest of the regions and the perspectives should be centered in the deepening of mechanisms of promotion and diffusion, the other regions denote a prominent participation in the world context. |
El desarrollo de la humanidad ha hecho que todas las naciones del mundo se encuentren inmersas en la sociedad del conocimiento, caracterizada por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (Pastor, 2013; Caryannis, 2016), que se ha transformado en el pilar que sustenta el bienestar de sus habitantes y la generación de recursos económicos para lograrlo (Chávez, 2016). No hay duda que los intangibles han adquirido gran valor dentro de economía globalizada, constituyéndose la innovación en una prioridad en centros de investigación y universidades, influyendo notablemente en las políticas que implementan los gobiernos para enfrentar los retos del desarrollo (Anchaluisa, 2014; Altés, 2015), en el que el conocimiento se convierte en un recurso estratégico básico, para ser competitivos y enfrentar a la incertidumbre en mercados cada vez más hostiles, donde una herramienta fundamental que puede ayudar es el desarrollo de nuevos productos y procesos (López-Cozar y Cuello de Oro, 2008; Díaz, 2008; Encaoua, 2010).
En este marco, América Latina es una de las regiones que menos conocimiento produce a nivel global, destacando la poca importancia que algunos de sus gobiernos otorgan a la producción intelectual, hecho que se refleja en el número de publicaciones realizadas y de patentes y registros obtenidos. El desarrollo del conocimiento tiene relación directa con el crecimiento económico (Kamil, 2013); siendo importante, analizar el estado de la inversión en la región y su impacto a nivel global, notándose que, en al año 2013, América Latina y el Caribe contribuyó con tan solo el 3.4% de la inversión mundial en ciencia y tecnología, cifra absolutamente insuficiente, en tanto que Norte América aportó un 28.9%, Europa un 22.7%, Asia un 42.2%, África un 1.3% y Oceanía un 1.4%. (UNESCO, 2015).
A pesar de estas cifras, han existido esfuerzos y avances importantes realizados por países de América Latina, en el fomento del desarrollo del conocimiento, como en el caso de Brasil, que, constituyéndose en la octava economía más grande del mundo, invierte aproximadamente la mitad de los recursos económicos que América Latina y el Caribe destina al fomento del conocimiento y la innovación; debiendo, también, destacar los esfuerzos públicos y privados de países como México, Argentina y Chile, que en los últimos años han realizado importantes avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología; además de otras naciones como Chile, Colombia y Costa Rica, que, si bien con menor grado, vienen logrando un mayor desarrollo en este tema; sin embargo, de manera general, Latinoamérica debe ir cerrando la brecha tecnológica que la separa de los países que a nivel mundial se han convertido en generadores de conocimiento e invenciones protegidas por la propiedad intelectual, que está obligada a adquirirlas a gran costo, lo cual acentúa las desigualdades de desarrollo y bienestar social de la región, dentro de un nuevo colonialismo tecnológico.
No hay duda que América Latina y el Caribe posee problemas sociales que llevan a sus habitantes a tener necesidades de supervivencia básica insatisfechas, situación que demanda, de sus gobiernos, la búsqueda de soluciones que, tal cual lo han demostrado los países desarrollados, en gran medida giran en torno a la producción, transferencia y comercialización del conocimiento, que para generarlo demanda del establecimiento de políticas claras de fomento de la ciencia y la tecnología, así como un marco adecuado de regulaciones nacionales y regionales que estimule la investigación científica, la cultura, la formación adecuada de los recursos humanos, el financiamiento de actividades de I+D y la cooperación interregional a través de esfuerzos comunes que logren avances conjuntos en los referidos temas (David y Foray, 2002; De Román, 2017). Bajo este planteamiento, la presente investigación aborda los avances que se han dado en el ámbito de la propiedad intelectual y las perspectivas en el contexto de América Latina y el Caribe.
La creación y el impulso de un sistema de propiedad intelectual global, ha sido preocupación y objetivo de los países desarrollados tradicionalmente productores de conocimiento, dicha realidad marcó el destino de la propiedad intelectual en los países de América Latina, que ha debido formar parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), e ir generando políticas y legislación en este tema, en ocasiones de acuerdo con sus intereses, pero muchas veces en virtud a presiones de los países desarrollados, que han buscado proteger sus creaciones e innovaciones.
En el desarrollo de la propiedad intelectual en los países de América Latina, destaca, inicialmente, la adhesión al Convenio de Paris, adoptado en 1883, que se constituyó en un primer esfuerzo para buscar la eliminación de la competencia desleal y la protección de las creaciones intelectuales en otros países, en temas de propiedad industrial, referentes a patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales e indicaciones geográficas. De manera paralela, en 1886 se aprobó el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, en el que el trato nacional fue un principio básico rector del nuevo sistema, del cual nueve países de América latina son miembros.
El desarrollo del sistema de propiedad intelectual en Latinoamérica, tuvo como génesis la suscripción de varios tratados firmados en por países de la región, dentro de un proceso que buscaba la internacionalización de sus sistemas nacionales y el establecimiento de vínculos que permita una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente a inicios del siglo pasado, destacándose las convenciones lnteraméricas de México, de 1902; Río de Janeiro, de 1906; Santiago de Chile, de 1923 y Washington, de 1929 y los convenios Regionales de Montevideo, de 1889 y Caracas, de 1911.
En los años sesenta y la década siguiente, se generó a nivel mundial, un proceso de revisión de las relaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, sobre la conveniencia de un sistema de patentes en economías de países no desarrollados y la necesidad de eliminar las prácticas comerciales restrictivas o abusivas, que determinó que en América Latina, se inicien debates sobre los referidos temas y otros, desembocando en la expedición de nuevas políticas y legislaciones que normaron sus sistemas de propiedad intelectual, estableciéndose limitaciones en cuanto a los derechos que otorgan las patentes, materias patentables, licencias, duración del monopolio, entre otros temas.
Estos procesos ocasionaron que el Grupo Andino , expidiera nuevas normativas que regulaban la propiedad intelectual, especialmente en el tema de patentes, fomento de la inversión extranjera y relaciones comerciales entre los países miembros y los demás de América y el mundo, fenómeno que también se replicó particularmente en Brasil y México, causando una influencia regional, dada la importancia geopolítica que poseen en América Latina.
La Comunidad Andina, en base a su pretensión de establecer un mercado común para sus países miembros, pero influenciada por la globalización ha tomado medidas tendientes a la liberalización del comercio e inversión (Manani, 2013), en la que la normativa sobre propiedad intelectual ha jugado un rol preponderante, siendo ésta reflejada en las siguientes normas comunitarias más importantes: El Régimen Común de Propiedad Industrial (Decisión 486), vigente desde el 1 de diciembre del 2000, norma lo referente a patentes, marcas, secretos industriales, denominaciones de origen, entre otros; pretendiendo dar seguridad jurídica a inversionistas a través de la plena vigencia de los derechos de propiedad intelectual y mecanismos claros de patentamiento y registro de marcas, incorporando principios contemplados en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, como la lucha contra el plagio, el trato de la nación más favorecida, entre otros; por otra parte, el régimen de Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales (Decisión 345), promulgada el 21 de octubre de 1993, protege el derecho de producción y comercialización de nuevas variedades vegetales, distintas y homogéneas, obtenidas por los fitomejoradores, mediante la utilización de conocimiento científicos
Un hito importante en el desarrollo de la generación de conocimiento en América Latina y el Caribe y las implicaciones que éste tiene respecto de los derechos de propiedad intelectual, se dio a partir de la Declaración de los Presidentes de América (Uruguay, 14 de abril de 1967), donde las máximas autoridades de 20 países de la región, reunidos en Punta del Este, en Uruguay, como una respuesta al desarrollo del conocimiento y las inversiones en I+D en otras regiones, acordaron, entre otros puntos, el establecimiento una zona de libre comercio sin los Estados Unidos y la promoción del desarrollo educacional, científico y tecnológico, en un marco de cooperación regional, programa que se ejecutaría través de los organismos nacionales encargados de la política científica y tecnológica, cuyos elementos principales fueron: la promoción de la capacitación profesional de científicos y técnicos y el aumento del número de éstos (Vargas, 2010); la creación de las condiciones favorables para la plena utilización de la potencialidad científica y tecnológica en la solución de los problemas económicos y sociales de la América Latina y para evitar el éxodo de personas que poseen tales capacidades; el establecimiento de estímulos para incrementar la contribución financiera privada a la investigación y enseñanza de la ciencia y la tecnología (Belly, 2004; Anguita, 2016).
Un año más tarde de la Declaración de Punta del Este, la OEA creó el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico (PRDCYT), dependiendo del Consejo Interamericano Cultural con los siguientes objetivos: reforzar la infraestructura científica y técnica de los países miembros; desarrollar la capacidad de crear tecnologías propias, adaptadas a las condiciones de la región; lograr un grado suficiente de autonomía científica y técnica; promover la integración científica y técnica latinoamericana al servicio del desarrollo económico de los pueblos.
En 1968 se dio un paso importante en el desarrollo de la ciencia y tecnología por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA), que creó el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico (PRDCYT), con los siguientes objetivos: reforzar la infraestructura científica y técnica de los países miembros; desarrollar la capacidad de crear tecnologías propias, adaptadas a las condiciones de la región; lograr un grado suficiente de autonomía científica y técnica; promover la integración científica y técnica latinoamericana al servicio del desarrollo económico de los pueblos.
Los postulados básicos de operación del PRDCYT eran la multilateralidad, la complementariedad de las acciones con las ejecutadas por los países, la movilización de los recursos internos de cada país y el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas, apoyando tanto la investigación pura Ciencia y Tecnología en las Américas (Albornoz, 2002).
Dentro de los esfuerzos regionales emprendidos en los últimos años, buscando impulsar a la generación de conocimiento, deben destacarse los siguientes: Programa Sudamericano de Apoyo a las Actividades de Cooperación en Ciencia y Tecnología (PROSUL), iniciativa de Brasil; Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (CTCAP), auspiciada por la OEA; Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centro América y Panamá (CTCAP); Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología (RECYT), del MERCOSUR; Consejo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de UNASUR.
Los países de América Latina y el Caribe, deben concentrar sus esfuerzos individuales y colectivos en lograr identificar los medios adecuados para atender a las necesidades básicas de sus poblaciones, con programas de nutrición y saneamiento, reducción de la pobreza, educación inclusiva y de calidad, desarrollo económico y acceso a los beneficios que otorga el aprovechamiento del conocimiento y la innovación.
En este contexto, promover las oportunidades que ofrece el cambio y progreso tecnológico en una economía globalizada resulta imprescindible para cualquier economía emergente (BID, 2010), entendido que para logarlo es necesario establecer políticas y legislaciones que garanticen el respeto pleno de los derechos de propiedad intelectual, pese a que existen opiniones que señalan que la propiedad intelectual, para los países en vías de desarrollo, es una nueva colonización, como en el caso de las patentes, que las potencias occidentales las consideran un derecho "natural", como lo fue la conquista en su tiempo; indicando que entre la colonización de ayer y la de hoy hay diferencias: la religión no es la justificación última de la conquista actual, sino el mercado. El objetivo de ésta ya no son los territorios, el oro y los minerales, sino que, actualmente, lo que hay que controlar son los sistemas económicos y los mercados, ya que el conocimiento en sí tiene que ser convertido en propiedad, como lo fue la tierra durante la colonización. El disfraz de recompensa a la inventiva, oculta su objetivo real: el control de la economía mundial (Vadana, 2003).
Indudablemente, la propiedad intelectual es un derecho monopólico, cuyo ejercicio ha permitido el desarrollo heterogéneo de las naciones (Bueno, 2011; Carrie y Loor, 2014), porque se han homogenizado sus normas de protección a nivel de todos los países, sin tener en cuenta su diferente grado de desarrollo tecnológico, económico y cultural, lo cual se podría evitar con la adopción de las siguientes medidas: Definición de políticas claras por parte de los Estados, que impidan el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual y que eviten afectar el acceso al comercio, la seguridad alimentaria, la salud, la inversión extranjera y el desarrollo de investigaciones científicas estratégicas; definiendo limitaciones a los derechos de propiedad intelectual en las legislaciones nacionales de los países; aprovechando eficientemente la flexibilidad que otorgan los diferentes convenios que firman las naciones a nivel mundial; estableciendo estrategias que permitan que la propiedad intelectual se enmarque en un equilibrio, difícil de encontrar, entre las necesidades sociales y el ejercicio del Derecho, que aliente el desarrollo de nuevas invenciones, permitiendo la recuperación de los recursos que se invierten en I+D y el otorgamiento de una justa retribución económica a los creadores y autores, pero que no contribuyan a acentuar las diferencias entre los pueblos.
Son fundamentos para el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología las políticas adecuadas de las cuales derivan legislaciones coherentes; en el caso de los países que conforman América Latina y el Caribe, si bien muestra un avance importante, pero no es suficiente como para considerar como potencial de desarrollo, lo cual no facilita la generación de investigaciones y pertinentes con las necesidades de desarrollo, ocasionado que la mayoría de los países de esta región posean serias debilidades respecto del desarrollo de la ciencia y tecnología (Albornoz, 2002).
Sin embargo, se destaca que Brasil, México y Argentina, han tenido avances considerables en este ámbito durante los últimos 5 años; así, en el caso de Brasil hay importantes progresos a través de las políticas emanadas desde su Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, con una adecuada estructura organizativa en la que las universidades juegan un papel importante y un sostenido impulso público. México ha tratado de consolidar una plataforma de ciencia y tecnología desarrollada a través de las políticas que, en este tema, desde 1970, emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, como organismo público y descentralizado. Argentina, a partir del 2007, por medio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fue el primer país de Latinoamérica que contempló a la innovación productiva, asociada a la ciencia y la tecnología, como clave en el desarrollo nacional, orientándola al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina.
Siendo el financiamiento de las actividades de I+D, uno de los problemas más graves en América Latina y el Caribe. No obstante, se debe resaltar el aporte que ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha jugado un papel fundamental en el financiamiento de programas para promover el desarrollo tecnológico y la innovación en la región, a través de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, otorgando recursos económicos para la construcción y equipamiento de infraestructura científico-tecnológica, asistencia técnica, diseño de políticas públicas de fomento a la innovación y fortalecimiento de los organismos estatales ejecutores de dichas políticas (BID, 2010).
A pesar de este aporte, aún con los esfuerzos realizados por los países de Latinoamérica y el Caribe, la fragilidad se concentra las políticas de fomento a la investigación, que sigue siendo muy limitado su financiamiento, pues muchos gobiernos no han entendido la importancia de asignar recursos económicos para la generación de conocimiento (UNESCO, 2016). En los siguientes gráficos se observan el total de aplicaciones de patentes en las regiones.
Gráfico 1
Aplicaciones de patentes en el sector industrial
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Gráfico 2
Aplicaciones de diseño industriales
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Gráfico 3
Aplicaciones de marcas
Fuente: Elaboración propia con base a OMPI, 2017
Se observa en el primer gráfico, América Latina y el Caribe se sitúa en el penúltimo lugar, antes de África, en el ámbito de las aplicaciones de patentes; en el caso del diseño industriales, la región se sitúa junto a África con pequeñas diferencias, situándoles en el último lugar; de igual forma, en las aplicaciones de marcas, se encuentra en el penúltimo lugar, África ocupa el último lugar. El lugar que ocupa en los tres ámbitos es preocupante, frente al crecimiento de las otras regiones, Asia, Europa principalmente, seguido por Norte América, las dos primeras regiones han incrementado sus aplicaciones, no se observa el mismo comportamiento en la región de América Latina y el Caribe.
La explotación comercial de ideas innovadoras, no es común en la región, a diferencia de lo que sucede en la región de Asia, Europa y Norte América, en estos países se explotan las creaciones a través de empresas Empresa Spin-off es el término con que se designa a una empresa que surge del seno universitario, si bien es jurídica y técnicamente diferente a la Universidad está apoyada por ésta, al menos durante su fase inicial. Puede tratarse de una empresa nacida al interior de los centros de investigación de la Universidad, por iniciativa de los mismos investigadores con el fin de proyectar los resultados de sus investigaciones, productos y tecnologías de alto valor agregado (Castro, 2009; Manderiex, 2011); que han tenido un crecimiento importante en términos de comercio; en tanto que en América Latina y el Caribe, si bien existe un despegue de este tipo de empresas, especialmente en Brasil, México y Chile, la dificultad para acceder a financiamiento, hace que su desarrollo sea incipiente, en virtud a la resistencia de los mercados financieros para destinar sus recursos a la implementación de ideas innovadoras; estas cuestiones también puede ser un factor que influye para el comportamiento expuesto.
América Latina y el Caribe, es una región con un potencial importante de innovación que no está siendo aprovecha. Las clasificaciones de las economías locales en el Índice Mundial de Innovación no han mejorado de manera significativa en los últimos años en comparación con las de otras regiones, tanto que actualmente no existe un país de la región que registre un desempeño superior a su PIB. Chile se sitúa en el primer puesto entre todas las economías de la región (44°) debido a los buenos resultados en los indicadores sobre instituciones, infraestructuras y desarrollo de las empresas, seguido de Costa Rica (45°), México (61°), Uruguay (62°) y Colombia (63°). Brasil se sitúa en el puesto 69º, y tiene como puntos fuertes los factores relevantes para la educación y la I+D, la calidad de sus publicaciones científicas y la producción de alto nivel tecnológico (OMPI, 2016), es importante el avance dado por Chile, Costa Rica y Uruguay, que no solo aparecen en esta lista en puestos importantes, sino que desplazan a Brasil, en su tradicional liderazgo en la región, mientras que México aparece conservando su habitual posición.
Otro indicador importante a nivel mundial, que refleja el avance de la innovación y de la propiedad intelectual, es el número de patentes generadas, notándose el escaso número de éstas en de América Latina, situación preocupante porque priva de una fuente primordial para financiar sus actividades e inversiones, al tiempo que no se logra la recuperación de valores invertidos en proyectos de I+D y el financiamiento de nuevas investigaciones. Las cifras publicadas por la Organización mundial de Propiedad Intelectual en este tema son concluyentes; pues, en el año 2017, América Latina y el Caribe, apenas generaron 61.300 patentes, mientras que Norte América registró 640.300 de ellas, en tanto que Asia generó 2.219.100 patentes, mientras que África registró 17.500 de ellas (OMPI, 2017).
Analizar la evolución de las solicitudes de patente presentadas en el mundo, por región en el año 2004 y 10 años más tarde, permite obtener una visión en el tiempo sobre el desarrollo de las solicitudes de patente; así, en el año 2004, Asia presentó el 49.0% Europa el 20.5%, América Latina y El Caribe el 2.9%, Norte América el 25.1% y África: 0.6%, en tanto que en el año 2014, Asia presentó el 60.0% de las solicitudes de patente a nivel global, Europa el 12.9% América Latina y El Caribe el 2.4%, Norte América el 22.9% y África el 0.6% (WIPO, 2015), notándose claramente un sustancial incremento en las solicitudes presentadas por Asia y un decrecimiento, en América Latina y El Caribe, que sin duda afecta a las economías de sus países y en general al bienestar de sus ciudadanos.
Respecto de las marcas, la situación se presenta más favorable si a comparación se establece con la región norteamericana; pues, en el año 2017, América Latina y el Caribe, registraron 680.300 marcas, en tanto que los países de Norte América registraron 699.300 de ellas; sin embargo, que si la comparación se establece con Asia es totalmente desfavorable, ya que esa región registró 5.861.200 marcas (OMPI, 2017).
Así también, conviene reflejar que el número de publicaciones científicas sobre tecnología es un indicador que refleja el estado de la producción intelectual global por regiones, en un período de un año (entre el 2016 y 2017), se establece que en número de este tipo de publicaciones, Asia alcanza a 103.229; Europa, 55.997; Norte América, 58.030 y América Latina y El Caribe 1.518 (WIPO, 2018), cifra absolutamente baja en la región, que constituye el 1.47 % de lo publicado en Asia, el 2.71% de la producción intelectual publicada en este tema en Europa y el 2.61% de lo que Norte América publicó sobre tecnología.
Es tan baja la productividad de la investigación, que en el período 1996 - 2011, la contribución de las publicaciones de América Latina y el Caribe a nivel global fue únicamente del 3.1% en relación, por ejemplo, a un 23.8% de Estados Unidos de Norte América (Crespi y Dutrenit, 2013).
Si bien en los últimos años ha existido un incremento de producción de conocimiento científico en América Latina y el Caribe, siguen siendo limitados los canales de trasferencia de conocimientos a la economía, el mercado y la sociedad (Emiliozzi, 2008), situación que amplía aún más la brecha tecnológica y de bienestar social entre la región y los países económica y tecnológicamente desarrollados.
Respecto del desarrollo de los derechos de autor, en América Latina, éste se encuentra notablemente influenciado por los preceptos contenidos en el Sistema Interamericano de Derecho de Autor, que brinda mayor flexibilidad a los países de la región para lograr protección de sus creadores más allá de sus fronteras, entre los países de las Américas. De hecho, este fue el sistema neurálgico de la protección para los creadores de la región hasta finales de la década de los ochenta, cuando los países latinoamericanos accedieron a ser parte del Convenio de Berna y demás instrumentos subsecuentes en materia de derecho de autor (Cerda, 2016).
No hay duda que el desarrollo de conocimiento, ciencia y tecnología, las universidades juegan a nivel mundial un rol preponderante, por lo que es un reto, especialmente para las de América Latina por sus condición socioeconómica, no solo cumplir su función de formar profesionales con un fuerte compromiso social, que más allá de buscar un espacio laboral sean generadores de riqueza y bienestar, sino que, además, debe imperativamente ser promotora de conocimiento que genere bienestar colectivo e innovación, que debe ser transferido adecuada y oportunamente a la sociedad.
La economía mundial es cada vez más competitiva, los adelantos tecnológicos y otros elementos de reciente aparición, han sometido a las instituciones públicas y privadas, pero de manera especial a las empresas, a presiones por parte de consumidores absolutamente bien informados y con una oferta de bienes y servicios a su alcance como nunca antes, que demandan de aquellas constante innovación (López-Cozar y Cuello de Oro, 2008); esta situación debe ser oportunamente aprovechada por las universidades latinoamericanas, dando respuestas a las necesidades de innovación indicadas, aquello permitirá no solamente su contribución social, sino también recuperación de los recursos invertidos en investigación y la obtención de otros provenientes de regalías que genera la propiedad intelectual, que permitan invertir en nuevos proyectos I+D, incrementar los ingresos económicos de profesores e investigadores y mejorar la infraestructura y el equipamiento tecnológico.
Si bien en el contexto mundial, el número de patentes solicitadas por las universidades latinoamericanas es aún bajo, es una clara muestra del potencial científico y creativo de la universidad el aumento del número de dichas solicitudes, que a criterio de la OMPI se debe a la consolidación de la protección de la propiedad intelectual que se observa hoy a nivel mundial y a la promulgación de un marco normativo más amplio que se ha expedido con la finalidad de promover una mayor interacción de la investigación con la industria, a fin de obtener apoyo a las actividades de I+D.
América Latina y el Caribe afronta una serie de problemas en el orden económico y social, entre los que se destaca el escaso desarrollo de la ciencia y la tecnología, que juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo económico, ampliando la dependencia tecnológica y la inequidad que contribuye al mantenimiento y profundización de los problemas sociales de la región. En esa línea, también presenta limitaciones en su crecimiento de registro y aplicaciones de patentes en la región frente a las otras regiones, el crecimiento que se observa en las otras regiones porcentualmente es superior a la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que refleja que no existen políticas de promoción y difusión de los mismos, la perspectiva en consecuencia, se traduce en generar políticas y proyectos que reviertan y mejoren los indicadores del registro y aplicaciones de patentes.
En base a la generación de conocimiento, la propiedad intelectual debe ser para América Latina y el Caribe, un mecanismo válido que le permita mejorar las condiciones de su desarrollo, estimulando la investigación en correspondencia con las necesidades de la sociedad y la economía, tomando en cuenta que la falta de valoración y respeto de la propiedad intelectual representa una seria limitación en el desarrollo de los países latinoamericanos y sus mercados.
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1. Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, Docente en la Universidad Nacional de Chimborazo. Email: vmejia@unach.edu.ec
2. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad Nacional de Chimborazo. dayaviri@unach.edu.ec
3. Conocido también como Pacto Andino, constituido por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que luego de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, pasó a denominarse Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuya finalidad es la de alcanzar el desarrollo integral y conjunto, mediante la integración andina