ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 38 (Nº 43) Año 2017. Pág. 8
Lina GIRALDO-AGUDELO 1; Juan Esteban RODRIGUEZ-GÓMEZ 2; Edinson Gabriel BRAND-MONSALVE 3
Recibido: 28/04/2017 • Aprobado: 25/05/2017
RESUMEN: El estudio sociodemográfico de la Vereda Granizal del Municipio de Bello-Antioquia, fue un ejercicio realizado entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y el grupo de investigación en organizaciones KABAI, de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con dos propósitos: establecer las condiciones de vida de las personas ubicadas en la Vereda que han sufrido el desplazamiento forzado e indicar variables críticas respecto al Goce Efectivo de Derechos –GED-. |
ABSTRACT: The demographic study of Vereda Granizal the Municipality of Bello-Antioquia, was an exercise conducted between the Office of the UN High Commissioner - UNHCR and research group KABAI organizations, Faculty of Business Administration of the University Autónoma Latinomericana, two purposes: to establish the living conditions of the people at the Vereda who have suffered forced displacement and indicate critical variables regarding the effective enjoyment of rights defined by the Colombian Constitutional Court. |
En Colombia, según cifras oficiales, entre 1997 y 2013 se han registrado 5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana y las comunidades indígenas (ACNUR, 2016). La complejidad que encarna en términos de dignidad y calidad de vida han puesto al Estado frente a una realidad compleja, que le implica una intervención particular. De esta manera, la Corte Constitucional ha promulgado sentencias y parámetros para posibilitar un proceso de intervención con enfoque de Goce Efectivo de Derechos; esto quiere decir, permitir y facilitar como mínimo, las condiciones básicas de dignidad a esta población. Bajo esta misma lógica, la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” (Ley 1448 del 10 de junio de 2011), genera condiciones para actuar frente el tema de restablecimiento de derechos e integración local de la población desplazada.
En el marco de esta situación, entidades como ACNUR –La Agencia de la ONU para los Refugiados- viene atendiendo la crisis humanitaria y haciendo asesoría técnica a los gobiernos nacionales y locales para enfrentar la situación con énfasis en la Integración Local de la Población desplazada, es decir, aportando a la solución integral y transformadora de la situación.
De esta manera ACNUR, viene acompañando las dinámicas de intervención que se realizan en la Vereda Granizal del Municipio de Bello, en la cual habitan - según datos suministrados por Visión Mundial - aproximadamente unas 18.000 personas que tienen como principal característica su condición de población desplazada. Este proceso se realiza en conjunto con diferentes instituciones, las cuales develan las realidades de la zona a través de estudios sociales y económicos. De igual manera, desarrollan acciones específicas, que procuran el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del lugar. Sin embargo, y en aras del fortalecimiento comunitario e institucional en la vereda, ACNUR, estableció la necesidad de realizar un estudio que presente detalladamente, las condiciones de Goce Efectivo de Derechos y las condiciones de Integración Local de los habitantes de Granizal, con el fin último, de facilitar la formulación de una Política Pública por parte del gobierno local.
El conflicto es un amplio concepto que la ciencia política y la sociología han desarrollado teóricamente. Muchos teóricos han presentado diversas definiciones, sin embargo, las condiciones de contexto llevan a que se determinen variaciones en su explicación. Aron (citado por Ruíz, 2005) lo define como “Oposición entre grupos o individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles” (p. 18) y Coser (citado por Ruíz, 2005) lo expone como “…una lucha con respecto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales” (p. 18).
La historia de Colombia ha estado marcada por la violencia. Los conflictos en la nación suramericana han sido principalmente por las divergencias de orden político, desde la independencia hasta los días recientes, las diferencias por quienes y como gobernar el país han determinado serias condiciones para la sociedad en general; una de las consecuencias manifiestas, es el desplazamiento forzado, que a la vez se ha convertido como una estrategia esencial de control político y militar de los actores sociales en general y en particular a los armados (Ruscheinsky y Nina, 2013).
Como afirma Valdivieso (2012), lo que ha sucedido en Colombia en efecto sí es un conflicto. Esto se valida con lo presentado en el Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra de 1949, donde se plantea que: “hay cuatro condiciones para que se dé un conflicto armado no internacional: grupos armados identificables, estructura de mando jerárquico, ejecución de actos de violencia sostenidos en el tiempo y controlar una parte del territorio (p. 627).
A lo largo de estos conflictos, uno de los problemas con mayor resonancia ha sido el del desplazamiento forzado. Si bien el desplazamiento o la migración, han sido parte de la historia humana, el movimiento humano de un lugar a otro por razones de violencia, presenta connotaciones de otro orden para el sujeto. Así, Gómez, Astaiza y Souza (2008) definen migrante como “…toda persona que, por cualquier motivo, decide, mediante una elección tomada libremente, cambiar su lugar de residencia, ya sea de manera permanente o no” (p.1650). En el caso contrario, la migración o desplazamiento forzado se refieren a: “Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” (ONU, 1998, p. 4; citado en Mendoza, 2012, p.172).
De acuerdo a Gómez, Astaiza y Souza (2008), la normatividad internacional indica que los migrantes forzados tienen dos connotaciones: una, la de refugiado, otra, la de personas en situación de desplazamiento forzado interno. El refugiado es quien ha abandonado su país y busca o se radica en otra nación, producto de acciones de violencia; el desplazado forzado es quien busca acomodación en su mismo país, producto de los conflictos armados y en los que se violan los derechos humanos. Es de aclarar, que para el caso específico colombiano, no se utiliza el concepto de refugiado, sino el de desplazado.
Dadas estas circunstancias se han definido estrategias para la atención a un sinnúmero de víctimas, entre las cuales está la sentencia T 025 del 2004 de la corte constitucional (2009), allí se establece la declaración de “…existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a la protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento” (p. 4) y en la cual se definen los indicadores del goce efectivo de derechos que buscan establecer las condiciones básicas para la población en situación de desplazamiento forzado.
Según Mendoza (2012), el goce efectivo de derechos, promueve el cumplimiento de derechos de acuerdo a la normatividad internacional, dándole igual importancia a cada derecho, haciendo una evaluación integral en todos los ámbitos, permitiendo su solicitud por parte de las víctimas y generando las responsabilidades concernientes y precisas al estado, de forma tal, que el cumplimiento de los mismos genera el fin del desplazamiento.
En este mismo sentido, otro concepto fundamental es el de víctima, que en el marco de este trabajo se estima desde la ley 1448 del 2011. Allí se define que víctimas son:
“…aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, por hechos posteriores al 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (p. 19).
PNUD, ACNUR y El Banco Mundial, definen la Iniciativa de soluciones sostenibles, como una estrategia de colaboración entre actores para la búsqueda de soluciones sostenibles de la población desplazada (UNHCR, UNDP, World Bank , 2010). Dicha iniciativa se ha llevado a cabo en Nepal, Sudán y Colombia siendo éste último país el de mayores avances
Con el liderazgo de autoridades locales y nacionales y el apoyo de las comunidades, TSI pretende que las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado superen el status de desplazado en busca de una ciudadanía plena basada en derechos. De igual forma, TSI promueve ejemplos concretos de soluciones para desplazados internos y fortalece políticas públicas nacionales con base a en experiencias internacionales de soluciones sostenibles que abarcan las opciones de retorno, reubicación e integración local según las necesidades de cada comunidad. (ACNUR, 2016)
La reintegración sostenible al sitio de origen, también denominada regreso o retorno, es la elección menos aspirada por las personas que han sido sujeto de desplazamiento, solo el 6% de la población desplazada dese hacerlo (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre deslazamiento forzado, 2010). Sin embargo, no en todas las situaciones se puede acceder a esta alternativa por condiciones de seguridad y elementos de la voluntariedad de las víctimas, en este orden de ideas es de vital importancia resaltar que todos estos procesos deben indefectiblemente cumplir con los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad, al tiempo que deben apuntar hacia el restablecimiento completo de los derechos humanos vulnerados en el desplazamiento.
Por su parte la integración sostenible en otro sitio en el país, refiere a aquellos casos en los cuales las personas víctimas de desplazamiento no quieren o no pueden regresar al lugar de donde fueron desplazadas ni tampoco desean o pueden quedarse en el lugar de asentamiento, por lo cual de manera individual o colectiva y con ayuda del Estado son reubicadas en un lugar diferente. Esta decisión pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha el andamiaje institucional para que estas personas puedan en algún momento estructurar un proyecto de vida y darle impulso sin la necesidad de la institucionalidad.
Por último, la integración local sostenible en el área del desplazamiento o integración local, es la alternativa de solución que refiere a las personas que son víctimas de desplazamiento se asientan de manera permanente en su lugar de llegada y que corresponde al 73% de las personas en condición de desplazamiento (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre deslazamiento forzado, 2010), esta alternativa refiere más a que toman el lugar de llegada como su nuevo hogar, dinámica que es importante tanto para la población de acogida como la población de llegada, pues ambas se enfrentan a situaciones desconocidas, por lo cual debe atender la institucionalidad.
Respecto a lo anterior cabe aclarar que la dinámica de la Vereda Granizal es la Integración Local, que como se explicó anteriormente es el asentamiento en su lugar de llegada, estrategia que fue adoptada por ACNUR para esta zona. (ACNUR , 2016) Es aquel mecanismo permanente o transitorio que impulsa a las personas desplazadas para que las mismas puedan vincularse y formar un nuevo proyecto de vida en el lugar de asentamiento. La pretensión que se busca en la integración local es que las personas logren asentarse y establecerse en el nuevo lugar, para ello es de vital importancia asegurar el cumplimiento de los derechos de la población desplazada a través de los mecanismos que ofrece el marco normativo nacional y la gestión de políticas públicas concretadas entre comunidad e institucionalidad que den la ruta para mejorar las condiciones de este grupo humano.
La metodología de la caracterización sociodemográfica es cuantitativa, de tipo exploratorio y descriptivo. Este enfoque, facilita mediante la medición numérica y el análisis estadístico, el establecimiento de condiciones precisas sobre un problema o un evento específico.
La principal técnica de recolección de información es la encuesta de tipo censal, que define condiciones con preguntas cerradas. Esta encuesta se realiza a partir de la fundamentación del Goce Efectivo de Derechos, que establece la Corte Constitucional, con la previa verificación y validación de ACNUR.
La población objeto de estudio son los hogares en situación de desplazamiento asentados en la vereda Granizal del Municipio de Bello, que de acuerdo con información preliminar suministrada por las Juntas de Acción Comunal de la vereda a través de ACNUR, se estima en 4129 (referenciado en el número de contadores, pues no existe nomenclatura).
Para la elección del tamaño de la muestra se utiliza el muestreo aleatorio simple (MAS); en este sentido, con un Nivel o Intervalo de Confianza (1-α) del 95%, asumiendo la mayor varianza posible para el parámetro de proporción, 50%, y un porcentaje de error del 5%, se obtiene que el tamaño de muestra es n=352.
De acuerdo a esto, si se estima una proporción de pérdidas esperadas del 15% por lo que la muestra sería 352*100/85 = 414. El muestreo se hace proporcional al tamaño PPT de cada estrato o sector, así:
Se realizaron entonces, 414 encuestas familiares en la zona (a personas mayores de edad), con 5 encuestadores, sin embargo, previamente se hizo una prueba piloto con 15 encuestas para revisar la respuesta de la comunidad al ejercicio, dificultades con preguntas y eficacia en su aplicación.
Aplicadas las encuestas se procedió a su digitación, tabulación y análisis. El programa utilizado fue el SPSS, que facilita la lectura de los datos y el cruce de variables de forma estadística. De igual manera, se relacionó mediante una base de datos las personas encuestadas y las coordenadas aproximadas de la zona, mediante medición facilitada por GPS.
Los datos obtenidos se analizaron, haciendo contraste con la información definida en Goce Efectivo de Derechos y las condiciones de Integración Local definidas por ACNUR, para ser revisados y aprobados por esta Agencia.
A continuación, se presentan los resultados de los aspectos más relevantes del estudio, respecto a condiciones directas para la integración local. Estos son: el perfil poblacional y la movilidad; además, las condiciones de los derechos: vivienda, educación e ingresos.
Una vez aplicado el instrumento los principales hallazgos encontrados fueron los siguientes:
Del total de casos abordados el 90,8% correspondió a población en condición de desplazamiento y el 9,2% a población no desplazada, esto es, habitantes que llegaron al lugar por razones diferentes al desplazamiento forzado. Lo anterior corresponde a 377 personas encuestadas que manifestaron ser desplazados y 38 que dijeron que no.
Del total de informantes abordados el 81% correspondieron a mujeres y el 19% a hombres, lo cual podría explicarse por la mayor participación de las mujeres en tareas del hogar, en tanto que los hombres tienen una mayor responsabilidad en la consecución de recursos.
Ilustración 1. Distribución de la población según sexo. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
Respecto a la movilidad, esto es, la condición de estabilidad en el lugar geográfico definido, se evidenció que la mayor proporción de los habitantes ocupan su lugar de vivienda de manera reciente, comparada con quienes han ocupado por más de 10 años. Nótese que el 54,9% de la población ha ocupado por menos de 5 años y el 24,3% entre 6 y 10 años, para un total del 79,2% de población ocupante del territorio en un corto y mediano plazo, de allí que pueda considerarse que los fenómenos de desplazamiento han ocurrido en la década del año 2000 a la actualidad, y no puede hablarse de un cese en esta condición.
Ilustración 2. Distribución de la población según tiempo de ocupación (en años). Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
Aunado a lo anterior, la ocurrencia de este fenómeno se ha dado en mayor medida en el Departamento de Antioquia, con un 90,6%. De aquí que el desplazamiento no solo se ocasiona en Antioquia en la mayoría de los casos, sino que además es posible considerar que los desplazados de otros departamentos hayan sufrido un nuevo desplazamiento estando en Antioquia, especialmente en la cabecera urbana de ciudades como Medellín; lo que no puede separarse bajo el concepto de desplazamiento intraurbano, en razón que se trataría de la misma población rural a la cual no se le ha garantizado su permanencia en un territorio, siendo que se trataría de una expulsión continua de diferentes espacios urbanos, con lo cual se pondría en consideración que la población desplazada intraurbana sea considerada a partir de su desplazamiento anterior de la zona rural.
Respecto a la intención de quedarse viviendo en Granizal, se encuentra que al 30,5% de la población no le gustaría quedarse en Granizal. Así mismo se tiene que 61,7% desea quedarse a vivir indefinidamente y el porcentaje restante solo por unos años, con mayor participación los que quisieran quedarse solo dos años. De esto podría decirse que casi el 40% de la población tiene la expectativa de irse a vivir en otro territorio, lo cual incluye retornar a su lugar de origen.
Ilustración 3. Distribución de la población según tiempo que desea
quedarse en Granizal por tiempo de ocupación. Bello. 2013.
Fuente: Elaboración propia
Respecto a las razones de la población que desea quedarse en Granizal por un tiempo o indefinidamente se encuentra que la mayoría lo hace por economía, esto es, porque el costo de vida es mucho más bajo que en otro lugar; seguido de la posibilidad de tener una casa propia. Es importante notar que el hecho de la seguridad en el lugar de origen es una razón con baja representación, de donde puede afirmarse que un proceso de retorno podría ser exitoso solo para algunos casos.
En otras razones expresadas por los encuestados se encuentra una alta valoración del clima, la tranquilidad y la adaptación que han ido logrando en la convivencia con el espacio y las personas.
Respecto a la habitación legal del predio se encuentra que en la categoría ocupada se encuentran más de la mitad de los casos, indicando que hay una apropiación del predio, más no puede verificarse propiedad legal a través de escrituras, correspondiendo este dato con un 0% de los casos.
En relación a la seguridad jurídica se tiene que quienes ocupan no detentan escrituras y además quienes pagan arriendo, que corresponden al 17,3% no cuentan con contrato, dado que no son viviendas legalmente constituidas, además que podría decirse que los arriendos se fundamentan en acuerdos de palabra. Además, se encontró una proporción del 15,2% de la población que habita una vivienda prestada, un 6,3% habita una vivienda de un familiar y un 4,6% está pagando el lote que adquirió de manera informal.
Ilustración 4. Distribución de la población
según tenencia de la vivienda. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
En materia de educación se encontró que del total de personas de la vivienda 576 desarrollan actividades escolares, lo que corresponde al 32,2%; de los cuales 275 son hombres y 301 son mujeres. A su vez se tiene que de esta población hay 340 niños en primaria y 203 en secundaria; de los cuales 495, el 91,1%, no pagan matrícula.
En este mismo ámbito se tiene que del total de personas registradas el 21,3% no presenta ningún grado de escolaridad, siendo que el nivel de escolaridad con mayor representación es el de primaria incompleta, seguido de secundaria incompleta. Es importante mencionar que allí participan todas las personas que aún se encuentran estudiando.
Nótese que en el nivel técnico solo se registra un 1,4%, y en menor medida el nivel tecnológico, teniendo 2 casos en universitario. De aquí es claro que el nivel educativo de las personas en Granizal puede considerarse bajo, especialmente considerando que hay 854 personas entre los 18 y los 60 años, que proporcionalmente podría leerse que de esas personas, solo 29 presentan un grado de formación superior al bachillerato, correspondiente al 3,3%.
Ilustración 5. Distribución de la población según cantidad
de personas por nivel de escolaridad. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
Para el nivel educativo de la madre se presenta que no hay ningún nivel de escolaridad para el 15,4% del total de viviendas abordadas; con secundaria completa se encuentra el 11,3% de los casos. En el nivel técnico el 1,9% y en el tecnológico el 0,5%. De aquí es claro que el nivel educativo de las madres es predominantemente básico, teniendo una proporción importante de madres que no han cursado ningún nivel escolar. Es de anotar que para 36 casos no se registra información, esto posiblemente porque no existe la figura de madre.
Esta misma condición frente al padre muestra que la mayoría de los casos se concentran en primaria incompleta; teniendo un 4,6% con secundaria completa, es decir, casi seis puntos porcentuales por debajo de las madres. Se registra un caso en nivel técnico y un caso en tecnológico. Con base a la información anterior es claro que los padres presentan un nivel educativo más bajo respecto a las madres.
Es de anotar que no se registra información para 141 casos, entre los cuales se tiene que no existe la figura paterna o no se dio la información por desconocimiento.
Es claro que en general, tanto en padre como en madre el nivel educativo es muy bajo, lo cual redunda en una limitación a las oportunidades de acceso al mercado laboral de esta población, haciéndolos más vulnerables económicamente; y a su vez limita sus posibilidades de acompañamiento a los integrantes de la familia que se encuentran estudiando actualmente, en las responsabilidades propias de que hacer académico.
Del total de la población abordada 1.210 presentan una ocupación diferente a estudiar. La ocupación predominante en esta población corresponde a los oficios del hogar, con una participación casi total de las mujeres. A esta ocupación la sigue el grupo de personas desocupadas que corresponden al 31,6%. De los hombres se encuentra que casi el 50% se encuentra generando ingresos, la mitad empleados y la otra mitad por cuenta propia. El 14,8% de los hombres se encuentra desempleado y el 34,1% se muestra sin ocupación. De aquí se tiene que por cada hombre que está generando ingresos hay otro que no lo hace.
Para las mujeres se registra que la mayoría se dedican a oficios del hogar, con un 45,1% del total; siendo que se encuentran desocupadas un total del 29,4%. Sobre el porcentaje restante se registra que el 19,1% del total de mujeres generan ingreso, la mayor parte por cuenta propia, siendo que solo 8,1% se encuentran vinculadas a un empleo.
Ilustración 6. Distribución de la población según cantidad
de personas por ocupación y sexo. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
Del total de población empleada, correspondiente a 196 personas, 156 informan el área de trabajo, correspondiendo en mayor proporción con la construcción, seguido muy de lejos por el empleo en casas de familia.
Ilustración 7. Distribución de la población empleada
según área de empleo. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
Un dato muy importante es que del total de personas que dijeron ser empleadas, según la definición consignada en la categoría: “Cumple horario, tiene empleador, tiene unas actividades definidas”, solo 77 registraron un contrato de trabajo escrito, esto es el 39% del total de empleados; pudiendo decir que del total de población que presenta una actividad económica, solo el 18,4% presenta condiciones laborales dignas a través de la legalización de la relación con empleador.
Adicionalmente, se encontró que hay una mayor proporción de personas que trabajan más de ocho horas al día, con un porcentaje de 41,8%. En este mismo aspecto se encuentra que el 7,7% trabaja por menos de ocho horas y solo el 28,6% trabaja por las ocho horas diarias mínimas legales.
Sobre la población que trabaja por cuenta propia se tiene que la mayor proporción está dedicada a la construcción y a las ventas informales, lo cual se da en casi igual distribución, con un 10,1% y un 9,9% respectivamente; seguidas del comercio en local con un 4,6% y los oficios varios con un 4,1%.
Nótese que respecto a la población empleada, las personas que trabajan por cuenta propia se distribuyen en una mayor cantidad de actividades económicas, lo cual puede comprenderse desde la idea del “rebusque”, donde las personas se vinculan con una serie de actividades, muchas veces en la calidad de aprendices, sin que aquí pueda establecerse ese nivel, pero sí definirse que hay un amplio panorama de áreas de acción en las cuales intervienen estas personas, que no son fijas, siendo posible que en un nuevo levantamiento de información se encuentre una alta variación de las actividades económicas de la población que trabajan por cuenta propia.
Ilustración 8. Distribución de la población que trabaja
por cuenta propia según área de trabajo. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
En el nivel de ingresos se encuentra que la mayor cantidad de población genera menos de un salario mínimo legal vigente, con un 60,2%; un salario mínimo el 25,3%; entre 1 y 2 salarios mínimos el 9,9%; solo el 0,7% genera más de dos salarios mínimos, y en 16 casos no se registra información.
Si se toma el valor promedio del salario de los casos que dicen ganar menos de un salario mínimo, que correspondería a $294.750 pesos, y el valor de los que dicen ganar un salario mínimo, esto es $589.500 pesos, se tendría que en promedio en estos 355 casos (85,5%) se sobrevive con $11.327 pesos diarios. Si se toma esta cifra con base al promedio de ocupantes por vivienda, que corresponde a 4, serían $2.831 pesos por persona en promedio.
Con base al umbral de pobreza que estima el Banco Mundial que corresponde a 2 dólares por día, esto es 3.700 pesos por día, podría decirse que la mayor parte de la población de Granizal en promedio se mantiene por debajo del umbral, teniendo claro que por ser un valor promedio hay un grupo de la población que se encuentra mucho más por debajo de esta cifra.
Respecto a la fuente de estos ingresos se encuentra una predominancia del ingreso por salario o remuneración de la actividad económica ejercida, seguida de los subsidios recibidos a través de programas especialmente de Estado, como se registró en apartados anteriores. Nótese que solo el 7,7% de la población posee un negocio propio, lo cual se da en menor proporción respecto a las ayudas que proporcionan los vecinos, la familia o en general la limosna que tiene un 23,6% de los casos, agrupados en la opción “Otra”.
En contraste se encuentra que los gastos en promedio representan 12.331 pesos por vivienda diario; siendo de 2.873 pesos por persona en el día; de donde se concluye que en promedio los gastos informados por los encuestados superan en $42 pesos los ingresos en forma diaria; siendo importante aclarar que al ser promedio, una proporción de los casos supera esta diferencia de valor.
De igual forma es importante anotar que el concepto al que más se dedica el gasto en las viviendas de Granizal corresponde con la alimentación, con un 53% del total del gasto registrado, seguido del transporte con un 23,3%; y de los servicios públicos con un 10%, esto último ratifica la idea del bajo costo de vida que representa este territorio, expresado en las razones por las cuales la población quisiera seguir viviendo en Granizal.
Es muy importante anotar que solo un 0,8% se dedica a la educación, lo cual puede leerse en el sentido que no es muy alta la proporción de población dedicada al estudio, a lo que se suma que una gran proporción de la población que está estudiando, y que corresponde a niños, no asume un costo por concepto de matrícula, reduciendo significativamente el requerimiento de gasto en educación. En otros gastos se registra el pago de TV por cable.
Es de anotar que solo el 0,05% del presupuesto registrado se dedica al ahorro, lo cual es una cifra muy baja, que podría catalogarse de ínfima.
Ilustración 9. Distribución de la población según cantidad de dinero
promedio gastada por mes según concepto de gasto. Bello. 2013
Fuente: Elaboración propia
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1. Docente investigadora de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Candidata a Magister en Relaciones internacionales, Especialista en Derecho de los Negocios y Economista. Correo electrónico: linagiraldo.agudelo@unaula.edu.co
2. Docente investigador de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Magister en Comunicación Organizacional y Sociologo. Correo electrónico: juan.rodriguezgo@unaula.edu.co
3. Docente de la Universidad de Antioquia. Magister en Desarrollo y Sociologo