ISSN 0798 1015

Vol. 38 (Nº 28) Año 2017. Pág. 33

Métodos de censura en regímenes autocráticos intermedios: estudio de caso de países iberoamericanos 2000-2016

Methods of censorship in intermedium autocratic regimes: case study of iberoamerican countries 2000-2016

Luis M. ROMERO-RODRÍGUEZ 1; Angel TORRES-TOUKOUMIDIS 2; Ignacio AGUADED 3

Recibido: 22/05/17 • Aprobado: 30/05/2017

Contenido

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

Los medios de comunicación independientes juegan un papel fundamental como limitadores, contralores y fiscalizadores del poder, por lo que son cruciales para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas democráticos (Adsera, Boix y Payne, 2003; Besley y Prat, 2006; Coyne y Leeson, 2009; Djankov et al., 2003; Norris, 2009, 2012; Petrova, 2008; Stier, 2015; Treisman, 2007).

No es baladí que por el contrario, en sistemas de corte autocráticos, la libertad de expresión, de prensa y los medios independientes sean las primeras víctimas institucionales, pues al ser limitantes de las fuerzas de control, se convierten en un «enemigo» fuente de conmoción interna, al controlar y centralizar mediante su rol de «gatekeeper» el discurso social y las matrices de opinión, lo que devendría en debilidad institucional perceptiva, amenazas sociales de irrupción de desconocimiento a la autoridad ergo deslegitimización de órdenes y desobediencia (Sánchez, 2006: 178-1979; Romero-Rodríguez et al., 2015: 99).

Por supuesto, no todas las estructuras dictatoriales son idénticas, ni operan de la misma manera. En estructuras de régimen cerrado, más represivas en sus formas, los medios de comunicación independientes del aparato del Estado o la propia oposición política ven cercenadas directamente sus posibilidades de realizar acciones colectivas o presentar realidades distintas a la «verdad oficial, pues cualquier forma de actividad disidente es controlada de inmediato bajo medidas de censura directa. 

Mientras tanto, aquellas autocracias con estructuras de régimen intermedio o híbridos (McAdam, 1982), de ambiente semi-represivo, en los que no existen prohibiciones legales o de facto para la organización disidente, ni limitaciones a los ejercicios de los derechos fundamentales, los medios independientes se constituyen con mayor frecuencia en un contrapoder por su propia naturaleza, por lo que fungen como válvulas de escape del descontento social y escaparate de las reivindicaciones de su contexto.

1.1. Dictaduras y control informativo

Las dictaduras, independientemente de sus tipos de estructuras de control y represión, siempre intentan en mayor o menor medida administrar la transmisión de información, previniendo la diseminación de noticias desfavorables para su imagen, reputación y percepción social (Carter, 2014) y así mitigar los riesgos de la pérdida parcial o total de las tres bases del poder «auctoritas», «potestas» e «imperium».

Fe de esta situación se evidencia en el trabajo de Tai (2014, 195), en el que se demuestra que la mayoría de las circulares del gobierno chino dirigidas a los medios de comunicación entre marzo de 2007 y abril de 2013 se trataban de la prohibición expresa de dar cobertura informativa a acontecimientos en concreto. En la misma línea, Abbot y Wagner-Givens (2015), encontraron que los medios convencionales de Malasia en idioma malayo e inglés tienden a ser pro-gubernamentales, mientras que los medios «online» y aquellos cuyas versiones idiomáticas son en chino, presentan las informaciones de forma más imparcial.

Otros trabajos como los de Egorov, Guriev, y Sonin (2009); Norris (2006); Petrova (2008) y Whitten-Woodring (2009), han demostrado empíricamente, utilizando graduaciones estadísticas de democratización, la relación entre libertad de prensa y la tipología de régimen político. Se llega a entender de esa manera, que la libertad de prensa se define como el grado en que cada país permite el libre flujo de noticias e información y que depende, en sentido amplio, de tres elementos sine qua non (Stier, 2015): (1) un reducido o nulo grado de interferencia política en el ejercicio de las acciones comunicativas; (2) la existencia de normativa constitucional, legal y sub-legal en materia de protección del derecho de informar y; (3) independencia de las decisiones editoriales –de intereses comerciales o políticos, indistintamente–.

Tabla 1. Interrelación entre tipología de régimen político y grado de libertad de prensa

Fuente: Elaboración propia a partir de Stiler (2015: 2)

La evidencia empírica de un trabajo desarrollado por Sebastian Stiler (2015) en 149 países entre 1993 y 2010 demostró que en democracia, los periodistas y trabajadores del sector de la información gozan de las mayores libertades para la realización de sus trabajos, mientras que en las autocracias electorales, monarquías y regímenes militares se cuentan con los medios de comunicación más libres dentro del espectro autocrático. Por el contrario, en regímenes de corte comunista no se encuentran medios de comunicación independientes y en aquellos personalistas o no-alineados ideológicamente, los resultados varían entre los extremos (ver tabla 1).

1.2. La verticalidad de la censura

Harold Lasswell realizó en 1930 una de las definiciones de censura que ha gozado de mayor relevancia en la literatura científica internacional, la cual se traduce a continuación:

«Política de restringir la expresión pública de las ideas, opiniones, concepciones e impulsos que tienen o se piensa que tienen la capacidad de socavar la autoridad de quien gobierna o el orden social y moral que dicha autoridad se considera obligada a proteger»

De esta manera, la censura se verifica como (i) una política–verticalidad descendente aplicada desde el poder–; (ii) que restringe la expresión pública –limitaciones a las libertades principales y accesorias de la comunicación–; (iii) de aquellas informaciones que pueden socavar la autoridad y; (iv) que se justifica para mantener el orden social, la estabilidad y la gobernabilidad.

Es menester comprender que la censura, entendida como un método de control y manipulación del discurso público-socializado de manera vertical descendente, desde el establishment político o económico hacia los medios. El mismo puede darse en razón de (1) Un marco jurídico regulatorio de las libertades de expresión, medios o canales; (2) Una aplicación de facto de censura directa con o sin soporte institucional; (3) autocensura –autorregulación de los medios– por intereses político/económicos o por temor de consecuencia; y/o (4) Por métodos de censura indirecta.

La censura puede beneficiar a las dictaduras cuando en balance costo-beneficio el conocimiento de un acontecimiento tiene mayor probabilidad de fomentar revueltas que cuando existe «blackout» informativo (Smith, 1999). Por su parte, los ciudadanos comprenden los incentivos de sus gobiernos dictatoriales para censurar las noticias negativas, por lo que suelen darse cuenta de que existen problemas cuando aparece el «blackout». A este respecto, Shadmehr y Bernhardt (2015: 280-281), remarcan lo siguiente:

«Cuando los medios de comunicación de un país son fuertes y tienen tradición de revelar noticias relevantes en materia de política, es más difícil para una dictadura censurarlos, pues los ciudadanos se percatarán rápidamente que la ausencia de noticias relevantes se debe a la censura, por lo que el régimen solo tenderá a censurar aquellas noticias con un coste político muy elevado; mientras que en países con medios de comunicación débiles, la dictadura tendrá mayores posibilidades de censurar incluso noticias negativas no tan relevantes».

No han sido pocos los trabajos que han analizado los modelos de cobertura mediática y de censura, como es el caso de Besley y Prat (2006), Gehlbach y Sonin (2012), Egorov, Guriev, y Sonin (2009), quienes apostaron por modelos binarios (imagen positiva vs. negativa) de los regímenes en los medios domésticos, con el fin de comprender la interrelación costo-beneficio de la censura. Por otra parte, Edmond (2013) o Romero-Rodríguez (2014, 2015a, 2015b, 2016), han analizado los mecanismos de censura de manera cualitativa, con el fin de clasificar o al menos evidenciar, las formulaciones más comunes de la censura en la pragmática política actual.

Los modelos binarios, mayoritariamente aplicados a países con regímenes semi-cerrados o intermedios (McAdam, 1982), exploran los modelos tradicionales de censura directa de los medios de comunicación, aunque no toman en consideración que en el ecosistema comunicativo actual el hermetismo o control absoluto puede resultar ilusorio.

La presente investigación tiene como objetivo principal clasificar y estructurar los métodos de censura más comunes en regímenes autocráticos intermedios en Iberoamérica durante el período 2000-2016 a partir de una exploración cualitativa por muestreo de casos extremos. Este tipo de método se focaliza sobre aquellos casos que son ricos en información, a causa de que son inusuales o especiales en alguna forma. La lógica de este tipo de muestreo está en que del análisis de las condiciones inusuales se pueden derivar informaciones útiles para comprender aspectos ocultos en las situaciones regulares (Quintana-Peña, 2006: 58).

Se parte realizando una criba de aquellos gobiernos iberoamericanos que se pueden considerar regímenes autocráticos intermedios durante el período en análisis. Para ello, y comprendiendo las fórmulas detectadas por los modelos de Egorov, Guriev, y Sonin (2009); Norris (2006); Petrova (2008) y; Whitten-Woodring (2009); en los que se considera que el nivel de libertad de expresión es reflejo directo de la democratización de un país, se procederá a realizar esta preselección de países utilizando la clasificación del Informe Anual: La Libertad de Información en el Mundo 2015, de Reporteros Sin Fronteras (2016). Esta investigación no analizará el caso de Cuba, al ser este un régimen de tipo cerrado (McAdam, 1982), en el que existe un control de censura directa a los medios de comunicación, siendo estos en su totalidad de propiedad estatal.

Para realizar este ranking, la organización citada ut supra utiliza seis criterios estructurales, que son fundamentales para analizar el grado de libertad de prensa: (i) Pluralismo (Plu) –diversidad de opiniones–; (ii) Independencia (Ind) –no intromisión del Estado o del gobierno en la actividad de los medios–; (iii) Ambiente laboral y tendencia a la autocensura (EnA); (iv) Marco legal (CaL); (v) Transparencia (Tra) y; (vi) Infraestructura (Inf). Estas dimensiones son analizadas cuantitativamente bajo baremo para la obtención de un score inicial (COA), de la siguiente manera:

En segundo lugar, se obtiene el indicador de violencia (scoreEXA), que toma en consideración: (i) El número de periodistas asesinados en n años (Mor); (ii) La cantidad de periodistas encarcelados en n años (Emp); (iii) Número de periodistas secuestrados en n años (Enl); (iv) Número de medios expropiados, saqueados o atacados (Med); (v) n de periodistas que han huido del país (Exi); (vi) Cantidad de arrestos (Arr); (vii) n de agresiones físicas (Agr), aunado al (viii) correspondiente al score de libertad de expresión obtenido (noteHT), bajo la siguiente fórmula:

Del coeficiente anterior, el Informe de Libertad de Información (ob. cit) realiza la sumatoria de scores, habiendo previamente otorgado un 20% añadido al COA (SCOA), resultante de una baremación sumatoria de ambos coeficientes, expresándose cuantitativamente con el resultado de lo siguiente:

De esta manera, mientras menor sea el CoreFinal, mayor se entiende que es el grado de libertad de información, ergo democratización del país (Egorov, Guriev, y Sonin, 2009; Norris, 2006; Petrova, 2008; Whitten-Woodring, 2009). Así, la clasificación mundial 2016 de la ONG Reporteros sin Fronteras, expone lo siguiente:

Tabla 2. Baremación de la libertad de información en los países
iberoamericanos por orden ascendente (2015-2016)

Fuente: Clasificación Mundial 2016, Reporteros Sin Fronteras (Reporteros Sin Fronteras, 2016)

Para la realización de la segunda criba, tomaremos en consideración aquellos países cuya libertad de información está cercenada por censura, entendida como (i) una política–verticalidad descendente aplicada desde el poder–; (ii) que restringe la expresión pública –limitaciones a las libertades principales y accesorias de la comunicación–; (iii) de aquellas informaciones que pueden socavar la autoridad y; (iv) que se justifica para mantener el orden social, la estabilidad y la gobernabilidad. Es decir, solo integrarán el objeto de estudio aquellos países en los que se verifique hostigamiento o presiones a medios de comunicación privados, comunitarios o independientes por parte de los gobiernos o miembros del establishment, quedando excluidos aquellos casos donde la censura sea por temor a represalias por la delincuencia organizada o los regímenes autoritarios cerrados, en los que no existen medios independientes del sector público –privados o comunitarios–. En este sentido, emergen los siguientes:

Tabla 3. Muestra efectiva (Me): Países iberoamericanos en cuarto cuartil (2016)
con cercenamiento de la libertad de información por censura vertical descendente

Fuente: Elaboración propia a través de la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras

Derivada y justificada la muestra efectiva (Me), se procederá a realizar la exploración cualitativa por muestreo de casos extremos (Quintana-Peña, 2006: 58), atendiendo especialmente a los métodos de censura más comúnmente utilizados en los países en estudio durante el período 200-2016, para posteriormente poder clasificar y estructurar los modelos de censura e identificar patrones, tendencias o innovaciones en los métodos.

3.1. Venezuela

Según la ONG Reporteros Sin Fronteras (2016), las autoridades venezolanas han implantado, apoyadas por el poder judicial del país, la presión sobre los medios de comunicación independientes, incluyendo la medida de prohibición de salida a 22 directivos y representantes de medios de comunicación privados (Tal Cual, El Nacional y La Patilla), incluyéndoles la obligación del cumplimiento de presentación semanal en tribunales. Aunado a esta situación, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela obliga a los corresponsales extranjeros a firmar una “carta de buena conducta”, especialmente para la cobertura de las informaciones de carácter electoral, imponiéndoles límites y consignas que, de no respetarse, supondrían la retirada de la acreditación de prensa.

Según el informe, además, son reiterativas las amenazas y acusaciones que miembros del ejecutivo nacional hacen contra los medios de comunicación y los periodistas, las cuales coincidentemente preceden escenarios de agresiones físicas contra la sede de los medios independientes y sus periodistas, tanto por miembros de las Fuerzas Armadas como por «colectivos oficialistas», grupos paramilitares que operan con total impunidad en el país.

Otra de las situaciones que han ocurrido en Venezuela, según señala el Informe de la ONG referida ut supra es la «asfixia económica» que mantiene el Estado contra los medios privados. Esta situación aúna principalmente: (1) Las limitaciones cambiarias a moneda extranjera para la adquisición de papel periódico; (2) Las presiones aduanales para la importación de papel; (3) La persecución y continuas sanciones tributarias que tienen algunos medios privados y; (4) La poca posibilidad que existe para reemplazar equipos técnicos radiofónicos y audiovisuales por el cepo cambiario.

Asimismo, se verifican procedimientos de «adquisiciones sospechosas» de medios de comunicación críticos contra el sector oficial (como es el caso de los diarios Últimas Noticias y El Universal y del canal privado de televisión Globovisión), los cuales después de sufrir persecuciones continuadas, fueron vendidos a nuevos dueños y cambiadas radicalmente sus líneas editoriales, obligando a la renuncia de periodistas e incluso accionando despidos masivos (IPYS Venezuela, 2015).

Es importante señalar también el cierre directo de 34 emisoras de radio críticas contra la línea oficial en agosto de 2009 y la negativa del Estado de la renovación de la concesión al canal de televisión privado RCTV en mayo de 2007, por instrucción del entonces mandatario Hugo Chávez.

Según un estudio realizado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela, 2015) que abarcó las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios independientes (sector privado) sobre la libertad de información en ese país, se extrae que: (i) son frecuentes las órdenes expresas de representantes gubernamentales para la censura de informaciones; (ii) los dueños de los medios reciben presiones continuas por parte de los poderes estatales y hasta de la delincuencia organizada y grupos paramilitares afectos al régimen y; (iii) los grupos económicos privados, anunciantes de los medios, también ejercen presiones para el silenciamiento de algunas informaciones que pueden comprometer el status quo.

Del precitado estudio también se extraen otros métodos de censura, como lo son:

• Impedimentos en las emisiones informativas.

• Recogida de ediciones en imprenta o puntos de venta.

• Lineamientos editoriales en los medios independientes, comunitarios y estatales que prohíben la cobertura de ciertos temas.

• Prohibiciones judiciales de tratar ciertos casos que tienen interés público.

• Coerción y presiones contra fuentes informativas.

• Órdenes directas de «rectificación» sobre informaciones que están debidamente validadas y contrastadas.

• Órdenes para la publicación de notas de prensa provenientes del sector oficial.

• Agresiones e intimidación en la actividad reporteril.

• Confiscación de equipos de trabajo y agresiones físicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

• Daños a los equipos de trabajo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y «colectivos oficialistas».

• Intervenciones ilegales de cuentas de correo electrónico de periodistas y medios de comunicación.

• Bloqueo de páginas web de ediciones digitales de medios de comunicación independientes .

• Intervención de cuentas personales e institucionales en las redes sociales.

• Limitado acceso a la información pública.

• Continuas cadenas presidenciales a través de todos los sistemas de televisión y radio del país.

3.2. Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de esta nación centroamericana contabiliza desde 2003, 51 asesinatos a periodistas y representantes de medios de comunicación, de los cuales el 96% continua impune a la fecha. La mayoría de los homicidios presuntamente son realizados por miembros de pandillas y estructuras de crimen organizado. Las autoridades gubernamentales y judiciales, lejos de considerar las hipótesis de que los delitos estén vinculados con la actividad periodística, sugieren en algunos casos que existen vinculaciones y «ajustes de cuenta» con las víctimas por delitos comunes. Por su parte, los periodistas hondureños también han denunciado persecuciones por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y guardaespaldas de personeros gubernamentales.

También se verifica continuamente, según la ONG Reporteros Sin Fronteras (2016) el hostigamiento a los periodistas críticos con la línea oficial que incluyen amenazas y retiradas de acreditaciones para cubrir actos oficiales.

A esto se suma la situación de vulnerabilidad que mantienen los medios comunitarios al estar marcadas como «fuera de la Ley», lo que facilita los ataques gubernamentales y los continuos allanamientos que sufren estos medios asociativos. En el ámbito normativo, Reporteros Sin Fronteras (2016) también ve como un peligro la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, aprobada en enero de 2014, ya que da la facultad al Gobierno para determinar, justificar y clasificar datos de interés nacional, por lo que los funcionarios podrán, sin intervención judicial alguna, imponer el secreto de información pública de manera facultativa.

Con relación igualmente al marco normativo, en 2013 el gobierno hondureño entregó al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Telecomunicaciones, en el que según la Asociación de Periodistas de Honduras, se prevé un sistema de consigna y censura previa, en el que el poder legislativo tendría la facultad de aprobar –previo a la difusión de informaciones–, los contenidos de los medios de comunicación, creándose así un sistema de consignas. Asimismo, se prevé en la normativa multas confiscatorias, sanciones de desmantelamiento de medios y penas de reclusión de 5 a 10 años.

El informe «Censura Sutil en Honduras: Abuso de Publicidad Oficial y otras formas de censura indirecta en Honduras» del Consejo Nacional Anticorrupción (Mejía y Funes, 2008) observa como principal causa de la censura –y autocensura– de los medios hondureños, la falta de transparencia y equidad para las contrataciones de publicidad institucional de los organismos del Estado, bajo lo cual se benefician discrecionalmente solo a aquellos medios que mantienen una línea editorial próxima a la oficialidad. Asimismo, el precitado informe añade que una práctica común es realizar pagos a periodistas, favoritismos a ciertos medios para poder hacer preguntas en las ruedas de prensa, excesos de cadenas de radio y televisión

De esta manera, los métodos de censura imperantes en esta unidad muestral se resumen en:

• Asesinatos a periodistas y representantes de medios de comunicación.

• Clima de total impunidad.

• Falacias argumentales y ausencia de investigaciones sobre crímenes contra periodistas.

• Hostigamiento y persecución contra periodistas y representantes de medios de comunicación.

• Retiradas de acreditaciones de prensa para la cobertura de actos oficiales.

• Vulnerabilidad de medios asociativos / comunitarios.

• Marco legal vigente contrario al derecho a la información pública.

• Amenazas de sistemas de consigna y censura previa.

• Sanciones confiscatorias y de desmantelamiento de medios.

• Monopolio de grupos mediáticos.

• Existencia de «prensa tarifada» por grupos políticos.

• Prohibición del ejercicio del periodismo contra algunos trabajadores de la información.

• Discrecionalidad en la contratación de espacios publicitarios institucionales en medios de corte oficialista.

• Pagos a periodistas por parte de autoridades y candidatos.

• Favoritismos a ciertos medios para hacer preguntas en ruedas de prensa.

• Excesos de cadenas de radio y televisión.

3.3. Colombia

Desde el año 2000, se contabilizan 56 periodistas asesinados en esta nación suramericana (Reporteros Sin Fronteras, 2016), los cuales en su mayoría han tratado temas sobre corrupción, crimen organizado o violaciones de los Derechos Humanos.

La Federación Colombiana de Periodistas (Falcoper) ha puesto de manifiesto la autocensura y presiones económicas continuas de los trabajadores de los medios de comunicación, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, donde la publicidad institucional se elige en función de las líneas editoriales de los medios.

Asimismo, han sido denunciadas por ONG y asociaciones pro Derechos Humanos en Colombia la persecución judicial que se mantiene en contra de periodistas, especialmente bajo acusaciones de cooperación con las FARC y otros grupos irregulares. Aunado a ello, también existen procesos judiciales abiertos en contra de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por tortura contra periodistas.

En este sentido, se pueden resumir los métodos de la siguiente manera:

• Asesinatos de periodistas.

• Impunidad contra los casos de homicidios de trabajadores de la información.

• Presiones y hostigamiento económico contra los medios de comunicación.

• Persecución judicial contra periodistas.

• Tortura psicológica contra representantes y trabajadores de los medios de comunicación.

3.4. Guatemala

Según Reporteros Sin Fronteras (2016), los asesinatos, amenazas, presiones y hostigamiento a trabajadores de medios de comunicación que investigan casos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado están a la orden del día, especialmente en la ciudad de Mazatenango (Suchitepéquez).

A la presión directa por parte de políticos, candidatos y grupos delictivos organizados, se le suma además el clima de impunidad y el hostigamiento por parte de la propia Policía Nacional Civil (PNC), las cuales ha incluido lesiones y decomisos de equipos de trabajo a reporteros.

Es importante destacar el importante papel que realizan los medios de comunicación comunitarios en este país centroamericano, especialmente las radios, las cuales llevan información de relevancia local a las regiones rurales o autóctonas. La legislación guatemalteca, tras la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (2012), otorga la posibilidad a los medios concesionarios para una renovación automática de 20 años, mientras que se omitió la regularización de los medios comunitarios, que no solo quedan al límite de la normativa sino que es considerada de facto como «medios piratas» y corren el riesgo de ser cerradas en cualquier momento.

En este sentido, se puntualizan como métodos de censura directa, los siguientes:

• Intimidación a los trabajadores y dueños de medios de comunicación.

• Impunidad contra asesinatos de trabajadores de medios de comunicación.

• Clima de amenazas y presiones de las autoridades y candidatos.

• Hostigamiento por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

• Persecución judicial contra columnistas y reporteros.

• Cierres de medios de comunicación comunitarios y de televisión por suscripción.

• Cuerpo normativo que excluye a los medios independientes/comunitarios.

• Actos vandálicos contra sedes de los medios de comunicación.

• Publicidad institucional otorgada con discrecionalidad a los medios de línea editorial oficial.

Tal y como se desprende del concepto lasswelliano de censura, que interpreta a la misma como una política de restricción de la expresión pública que tienen o se piensa que tienen la capacidad de socavar la autoridad de quien gobierna o el orden social y moral que dicha autoridad, es menester señalar que en regímenes autocráticos intermedios estas limitaciones del derecho de información vienen dado bien por la acción o por la omisión –no hacer–, bien por la incapacidad –dolosa o culposa– de otorgar garantías y medidas de protección a los medios de comunicación o por la comisión de actos que limitan el ejercicio de este derecho fundamental.

En la línea de los trabajos de Egorov, Guriev, y Sonin (2009); Norris (2006); Petrova (2008) y; Whitten-Woodring (2009); es verificable que son coincidentes los países iberoamericanos con regímenes autocráticos intermedios –o que tienen situaciones de conmoción interior– con aquellos donde se verifica la censura y el control informativo, evidenciándose con meridiana claridad una interrelación entre calidad democrática y libertades de información, de ejercicio del periodismo libre y de expresión.

Se comprueba además, a través del análisis de casos extremos (Quintana-Peña, 2006), que existen métodos de censura coincidentes en los cuatro países que conforman la Muestra Efectiva (Me), siendo el asesinato de periodistas, la impunidad de los casos, el financiamiento directo o indirecto a través de publicidad gubernamental a medios de líneas editoriales oficiales, las intimidaciones y amenazas, así como las persecuciones judiciales contra medios, periodistas y representantes de los medios, los métodos que mantienen una moda (Mo) superior al promedio.

Tabla 4. Métodos de censura más comunes (Mo) en la Muestra Efectiva (Me), 2000-2016

Nota: Asesinatos / homicidios (Ase); Impunidad de crímenes contra los periodistas (Imp), Intimidación y agresiones contra medios y periodistas (Int); Retiro de acreditaciones o amenazas de retiros (Acr); Marco legal y normativo contrario a la libertad de información (Ml); persecución judicial contra periodistas y representantes de medios de comunicación (Jud); Cierres de medios, confiscaciones, expropiaciones o nacionalizaciones (Exp); Exceso de cadenas de radio y televisión (Crt); inversión publicitaria institucional con discrecionalidad (Pub); intervenciones ilegales contra las comunicaciones de los medios, correos electrónicos y teléfonos (Inc); prohibición expresa de la cobertura informativa de ciertos temas (Pec); límitado acceso a la información pública/oficial (Lai); Ilegalización o alegalidad de medios comunitarios (Com); bloqueos de páginas web y cuentas de redes sociales de medios (Web).

Se remarca de esta manera la importancia que tienen los medios de comunicación independientes en las democracias, pues ejercen un papel de limitadores, contralores y fiscalizadores del poder (Adsera, Boix y Payne, 2003; Besley y Prat, 2006; Coyne y Leeson, 2009; Djankov et al., 2003; Norris, 2009, 2012; Petrova, 2008; Stier, 2015; Treisman, 2007). En este sentido, es de vital importancia por salud democrática que existan normativas e iniciativas institucionales para garantizar el libre desenvolvimiento del derecho a la información y la protección, desde los gobiernos pero también desde las organizaciones internacionales –locales, regionales, mundiales y supranacionales–, siendo imperativo un sistema de protección y garantías del ejercicio de la profesión periodística.

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1. Docente nivel III de la Universidad Internacional de la Rioja, España. luismiguel.romero@unir.net

2. Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. atorrest@ups.edu.ec

3. Catedrático en Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva, España. aguaded@uhu.es