Introducción
La posibilidad de generar conocimiento útil a la actividad industrial por parte de las universidades y centros de investigación ha sido una de las mayores aspiraciones de los actores e instituciones encargados de la formulación y ejecución de la política científica y tecnológica en América Latina. En este ámbito han sido innumerables los esfuerzos realizados desde hace varias décadas por generar vínculos efectivos, muchos de ellos basados en proposiciones de organismos multilaterales. Sin embargo, al revisar los impactos en términos de desarrollo y transferencia de tecnologías, y de la contribución a la resolución de problemas en los diversos ámbitos de la producción, se determina que los resultados han sido muy discretos, distando mucho de alcanzar los objetivos planteados.
En Venezuela han sido múltiples los esfuerzos de vinculación. A inicio de los años sesenta se producen los primeros acercamientos entre industriales y académicos donde se destaca la importancia de trabajar conjuntamente por el desarrollo del país. A inicio de los setenta, en plena conformación de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, y aun cuando en la exigua política pública privaba una visión ofertista orientada a promover la actividad científica, se insistía en la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico, pero esto no iba más allá de actos meramente declarativos o, como ingeniosamente lo ilustran Avalos y Antonorsi (1981), constituía una suerte de boxeo de sombra. Durante los ochenta se incrementan los esfuerzos de promoción de la vinculación, adoptándose proposiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y durante los noventa de otros organismos multilaterales, específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Quizás una de las razones de los escasos resultados de estos esfuerzos deriva de la implantación de ideas y políticas, provenientes de los países desarrollados (PD), casi bajo la forma de modas, sin tomar en cuenta las realidades del SNCTI, especialmente de los niveles y requerimientos del desarrollo tecnológico local, derivado de una inadecuada consideración de dos elementos estructurales: una enraizada cultura de investigación en las universidades, orientada hacia actividades científicas básicas con grandes debilidades en áreas tecnológicas, y una baja cultura tecnológica en la industria (Pirela, y otros, 1991), que privilegia la adquisición de la tecnología, dejando pocos espacios para el desarrollo tecnológico propio y la innovación.
Así, a pesar de los diversos esfuerzos, la integración entre el mundo académico y productivo no termina de concretarse. A inicios de la primera década del siglo XXI se planteó el desarrollo de una nueva institucionalidad para la ciencia y la tecnología en el país, en la que se amplíaba la participación social y la responsabilidad en el desarrollo de estas actividades. Se creó un importante tramado de instituciones tecnológicas, entre ellas el CNTQ, experimento de gestión que surge para aprovechar las capacidades existentes en universidades y centros de investigación para atender a necesidades tecnológicas de la industria procurando romper con esquemas ofertistas.
La aprobación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en 2005, abrió un espacio inédito para la innovación y el desarrollo tecnológico al establecer la obligatoriedad de las empresas grandes de invertir y/o aportar en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Tener que destinar recursos a estas actividades creó condiciones objetivas favorables, pues abrió oportunidades a las firmas de realizar proyectos en él para ellas inexplorado ámbito de la innovación, y de hacerlo conjuntamente con las universidades, instituciones que podían tener en este marco de política un anhelado puente para la vinculación. Pero ¿esta posibilidad es suficiente para cambiar culturas de investigación en las universidades volcadas a la investigación básica y la visión empresarial de adquirir todo lo relacionado con la tecnología en el exterior y establecer los vínculos? Evidentemente no.
Lo cierto es que después de cincuenta años de intentos, vínculos efectivos entre la universidad e industria en Venezuela continúan siendo una excepción. El desafío de política es procurar modificar las citadas conductas. Cabe señalar que los comportamientos han variado, pero no al ritmo que debería esperarse, sobre todo del lado de la oferta. En las nuevas instituciones para el desarrollo tecnológico se reproducen de forma casi idéntica las conductas de las universidades tradicionales focalizadas en la investigación; se trabaja en la generación de conocimientos que en la mayoría de los casos no supera las etapas de desarrollo de prototipos, por lo que los resultados generalmente están lejos dede satisfacer requerimientos de la producción. Las universidades por su parte siguen centrando esfuerzos en procurar recursos para continuar con sus prácticas habituales de investigación.
En esta perspectiva, es necesaria la formulación de instrumentos de política que partan de la identificación de problemas y/o necesidades de la industria y la incorporación de capacidades de las universidades y centros de investigación. Allí se han identificado dos problemas cruciales en los que es imperioso trabajar:
- La capacidad tecnológica de la industria venezolana, que en la generalidad de los casos de acuerdo a las categorías definidas por Westphal y otros (1985), apenas alcanza la de uso y operación 2.
- Limitadas capacidades de ingeniería y diseño en las universidades y centros de investigación, que en muchos casos no pueden satisfacer requerimientos de la esfera productiva.
En los primeros años del CNTQ, se planteó la integración alrededor de temas concretos de la producción mediante la conformación de redes tecnoproductivas que incorporaran activamente a empresas, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico y la estructura de apoyo institucional de la ciencia y la tecnología, teniendo como marco de referencia y sustento la LOCTI.
Llegado a este punto, es imprescindible mencionar un tercer aspecto que ha afectado y afecta considerablemente el logro de las políticas de vinculación, y de forma más general de la política científica y tecnológica: la falta de continuidad en las trayectorias institucionales, condición que dificulta una permanencia razonable de proyectos y programas que permita ver y evaluar resultados (Mercado y otros, 2002). De hecho, en diciembre de 2010, se aprobó en la Asamblea Nacional una modificación de la LOCTI cuyo objetivo principal era establecer la obligatoriedad de las empresas de realizar aportes al estado, que establecerá los criterios para su utilización, desapareciendo la figura de inversión, lo cualdisminuyó dramaticamente la posibilidad de impulsar proyectos propios, situación que retrotrae a planteamientos claramente ofertistas, característicos de las décadas de los sesenta y setenta, inviabilizando las experiencias de vinculación que se presentan en este estudio.
En la primera parte del artículo, se presentan brevemente algunos esfuerzos de vinculación en América Latina y en Venezuela, seguida de una descripción del cambiante marco institucional de la ciencia y la tecnología en este. Se continúa, presentando la experiencia de promoción de vínculos Universidad – Sector productivo adelantados desde el CNTQ, específicamente la conformación de redes tecnoproductivas como mecanismo para el logro del objetivo institucional, evidenciando que era posible avanzar en la vinculación aprovechando el marco institucional que estableció la LOCTI en 2005, trabajando en temas de relevancia socioeconómica. Finalmente, se discute como la reforma parcial de la LOCTI de Diciembre de 2010 torna prácticamente inviables estos esfuerzos.
Los esfuerzos de vinculación
En América Latina han sido muchos los esfuerzos para promover la vinculación universidad – sector productivo. Thomas y Dagnino (2000) identifican los orígenes en los años sesenta y setenta, período que denominan vinculacionista. Durante el mismo, apoyado en propuestas de organismos internacionales, especialmente de la UNESCO y la OEA, y respondiendo al conocido Modelo Lineal de Innovación Tecnológica (MLIT), se promovió desde el Estado la creación de centros de investigación cuyo objetivo fundamental era generar investigación y desarrollo de prototipos tecnológicos, a partir de las cuales se podía y debía generar innovación en la industria. Cabe señalar que esta realidad correspondía apenas a la de los países de mayor desarrollo relativo (Argentina, Brasil y México) pues en aquel momento, en la mayoría de los restantes comenzaba apenas a conformarse capacidades de investigación básica.
La ausencia de un tejido industrial con capacidad tecnológica capaz de demandar ese conocimiento de base, entre otras causas, determinó que muchas instituciones académicas reforzaran un perfil orientado a la investigación fundamental, cuya producción se traducía básicamente en artículos y comunicaciones científicas de escaso impacto socioeconómico, situación que llevó a cuestionar la efectividad de este modelo de corte ofertista.
Estos autores identifican un segundo período que denominan neovinculacionista, a partir de los ochenta, en el que se hace más evidente la “alineación” de la política científica y tecnológica de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYTs) con las proposiciones de organismos multilaterales, especialmente la OCDE. Por ejemplo, a mediados de los años ochenta se da el “Boom” de creación de parques tecnológicos, comenzando en Brasil donde en 1984 el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil (CNPq) inició su programa de Parques tecnológicos. En Venezuela a comienzo de los noventa el CONICIT crea su programa (Mercado y otros, 1998), mientras que en Argentina, comienzan a implantarse los primeros parques durante esa década (Giacone, 2004). Los resultados de estas experiencias han sido muy disimiles, pues mientras en Brasil se consolidaron algunas importantes experiencias, y en menor medida en Argentina, en Venezuela, quizás con la excepción del Complejo Parque Tecnológico de Mérida (CPTM), han tenido resultados discretos.
Durante los noventa, acompañando los programas de apertura y ajuste estructural adoptados por muchos países de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) irrumpe en la escena de la promoción de la actividad científica y tecnológica estableciendo líneas de crédito para fomentar las actividades de Investigación y Desarrollo en universidades y centros de investigación. Como se verá adelante, estos programas, pensados desde los países desarrollados, tampoco consideraban las condiciones y necesidades particulares de los SNCTI de los diferentes países.
Cabe señalar que los esfuerzos no han provenido apenas de los ONCYTs. Acuña (2007) citando a Machado y Kessman (1991), Rojas (1991) y Waissbluth (1991) indica que son múltiples las formas que han establecido la universidad y el sector productivo para relacionarse. Estas varían en intensidad, yendo desde actividades sencillas de formación y prestación de servicios como el dictado de cursos; acuerdos para pasantías en la industria; análisis de laboratorio; asistencia técnica y actividad de consultoría, hasta algunas más complejas como la transferencia de tecnología; conformación de incubadoras de empresas; financiamiento de proyectos de I+D; diseño de postgrados adaptados a necesidades empresariales; programas de investigación cooperativos y conformación de parques tecnológicos.
Los esfuerzos en Venezuela
Una revisión del caso venezolano permite observar que se han intentado desarrollar prácticamente todos los mecanismos señalados por Acuña. Por ejemplo, se consiguen tempranos esfuerzos para crear instancias para generar conocimiento tecnológico, pudiendo citarse la creación del Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológicas e Industriales (INVESTI) en 1958, albergado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Departamento de Tecnología de los Alimentos, actualmente Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA), de esta misma universidad en ese mismo período (Valdivieso y Esqueda, 1990). Desde entonces y hasta 1990 se crearon algunos pocos centros cuyo objetivo era promover el desarrollo tecnológico, contemplando en sus objetivos, algunas veces implícitamente, la vinculación. Sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad y sus capacidades, fueron exiguas si se le compara con la creación de organismos orientados a la investigación científica durante el mismo período (Mercado y otros, 1997).
La irrupción de la crisis económica a inicio de los ochenta tuvo impacto directo en las estructuras académicas que vieron como comenzó a mermar el financiamiento, afectando especialmente las actividades de investigación. En ese momento y en respuesta a esta merma se identifican esfuerzos en el seno de algunas universidades nacionales por crear centros de prestación de servicios para el sector productivo y se comienzan a crear las empresas universitarias como el Laboratorio de Servicios de la Escuela de Química de la UCV a inicios de los ochenta y de las empresas TECNIDEC de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en 1984 y Productos y Servicios de la Facultad de Ciencias (PROSERVFACICA) de esta universidad a finales de la misma. Es preciso señalar que estas tuvieron éxitos discretos y en buen número de casos existencia efímera.
En el área de formación y capacitación, hubo esfuerzos por crear postgrados para responder a demandas de algunas industrias. Por ejemplo, a lo largo de las últimas tres décadas, fueron diseñados diversos cursos de postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ,y en otros casos reorientados, para responder a demandas de las áreas de petroquímica e industrias básicas. Sin embargo adolecían de un sustento de investigación y desarrollo capaz de generar conocimiento de base para el desarrollo tecnológico. En muchos casos se diseñaban para responder a requerimientos de capacitación necesarios para el uso y operación de tecnologías adquiridas en el exterior (Mercado y Testa, 1996). Más recientemente en varias universidades nacionales (Central de Venezuela, Simon Bolívar, Carabobo y Zulia) se han creado especializaciones y Maestrías en diversas áreas gerenciales y técnicas orientadas al sector productivo.
Retomando los esfuerzos en el ámbito de la política científica y tecnológica, durante los noventa dentro de una estrategia para la región por parte del BID, Venezuela obtuvo dos créditos para financiar actividades de I+D. Las condiciones establecidas tampoco tomaban en consideración la realidad del SNCTI. Por ejemplo, el programa BID I colocaba como áreas prioritarias a ser financiadas a las denominadas nuevas tecnologías que incluían la química fina, la microelectrónica, nuevos materiales y la biotecnología, áreas en las que, al menos en el caso de Venezuela, prácticamente no existía capacidad industrial. Lo sorprendente era que en los contratos para el otorgamiento del préstamo se establecía como condición fundamental que se garantizara la transferencia de resultados de los proyectos al mundo de la producción. La pregunta que inevitablemente surge es ¿qué transferir si no había adonde transferir? Es lógico esperar que en el caso del préstamo BID I no hubo tan siquiera una transferencia de los resultados de la investigación a la producción, evidenciado en las pocas evaluaciones que se realizaron.
Esta situación deriva de otro problema del SNCTI: la poca capacidad para articular y coordinar acciones entre los diferentes actores que le componen (Mercado y otros 1999). Una revisión de los instrumentos de política para promover la vinculación lleva casi siempre a identificar esfuerzos institucionales particulares, bien sea de las universidades, a través de los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCHs), bien desde el Estado a través del CONICIT en un primer momento, y posteriormente del Ministerio para Ciencia y Tecnología (MCT), respondiendo fundamentalmente a premisas de los técnicos y los planificadores que han considerado poco los puntos de vista y necesidades de otras instituciones y sectores.
Por estas razones, ha resultado difícil la conformación de instancias de integración entre las universidades y el sector productivo, espacios que, son necesarios para avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica, propósito fundamental explícito en la política científica y tecnológica (PCT) que planteó la administración gubernamental presente en Venezuela desde 1999 (Mercado y Malavé, 2010).
Nuevas estrategias de desarrollo tecnológico en la agenda de política científica y tecnológica
Una revisión de los esfuerzos de política en los diferentes niveles (desde la Constitución aprobada en 1999, pasando las diversas leyes y sus reglamentos relacionadas con la ciencia en ciencia y tecnología, planes y programas de política) evidencian un cambio en el enfoque de la promoción, desarrollo y uso del conocimiento científico y tecnológico en Venezuela que procura una mayor participación de la sociedad. Al otorgarle rango constitucional, se reconocia la importancia de la actividad de CyT para el desarrollo del país, pero además se ampliaban los ámbitos de responsabilidad social, al incorporar explícitamente al sector productivo, incluido el ámbito privado, como promotor y ejecutor de estas actividades Esta era una diferencia clara en el enfoque del Estado con relación a experiencias anteriores.
A partir de este mandato constitucional, en 2004 se formula el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005 – 2030, instrumento donde destaca la voluntad de inclusión y el intento de planificar con una visión a largo plazo, y se sanciona la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en 2005, estableciendo aspectos inéditos en el tema de la participación y el financiamiento.
Quizás el aspecto más novedoso y de mayor impacto de la LOCTI 2005 fue el establecimiento de la obligatoriedad que tenían las empresas de invertir y/o aportar en actividades de ciencia, tecnología e innovación, lo cual tuvo hasta 2009 un efecto movilizador inédito en la industria en torno al hecho tecnológico. La modificación de la ley a finales de 2010 -a menos de cinco años de haber sido implantada- establecióla obligatoriedad de aportar los recursos a la autoridad nacional de ciencia y tecnología a través del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (FONACIT), quien será el responsable de la administración, recaudación, control, verificación y determinación de los aportes. De esta forma, se eliminaba la opción de las empresas de invertir en proyectos propios y comprobar su ejecución mediante declaración. Se apuntaba a “Fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela a través de proyectos enmarcados en la generación de contribuciones permanentes a problemas específicos que frenan el desarrollo de la nación, al abordar la causa de los mismos con una visión integradora de conocimientos y tecnologías” 3, proposición que retrotrae la política en CyT a planteamientos ofertistas característicos de las décadas de los sesenta y setenta 4.
La creación de espacios para el desarrollo tecnológico
A mediados de la primera década del siglo XXI, se registra un esfuerzo para crear espacios de desarrollo tecnológico. Procurando superar la visión ofertista limitada, centrada en la promoción de investigación de marcado perfil académico, surgen la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT), el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (CENDITEL), orientados a actividades de I+D en Hardware y Software y el Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ). Se refuerzan además, centros existentes como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), la Fundación Instituto de Ingeniería (FII), el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE). Estos organismos tienen como objetivo general incrementar las capacidades de desarrollo tecnológico endógeno y el impacto social de la actividad de I+D, retos importantes si se toma en cuenta el escaso nivel técnico de la estructura productiva del país y su alta dependencia de soluciones tecnológicas foráneas.
Pero una revisión de las prácticas de estas instituciones evidencia el predominio de la visión ofertista; su trabajo continúa siendo definido con base a lineamientos que pocas veces son concertados con los usuarios de la tecnología a partir de sus demandas específicas. Si bien se reconoce que tratan de ampliar el alcance social de las actividades de I+D y la incorporación de nuevos actores, su crecimiento se ve limitado porque el conocimiento que se genera, el cual puede catalogarse como investigación aplicada, frecuentemente está en un nivel de desarrollo temprano que hace difícil su uso y/o apropiación.
En condiciones de bajo desarrollo tecnológico, como el venezolano, estos organismos deberían dedicarse no sólo a desarrollar proyectos, sino procurar construir espacios de vinculación entre las universidades y el sector productivo; convertirse en un correaje capaz de aprovechar conocimiento generado en las primeras, y orientarlo a atender demandas específicas de la actividad productiva. La poca cantidad de masa crítica con la que se cuenta para llevar adelante actividades de investigación y desarrollo tecnológico en Venezuela, debe aprovecharse coordinando el trabajo y construyendo sinergias entre los diversos actores 5.
Organismos interfase
Fernández y otros (1986) identifican tres estrategias en torno a las cuales pueden agruparse las EDI: Intermediación, en la cual se proporciona soporte técnico y económico en la gestión de proyectos de I+D ; Dinamización, cuyo objetivo es contribuir con el cambio de cultura en el mundo académico para una mayor incorporación de investigadores en las actividades de cooperación y transferencia de conocimiento al sector industrial, y la Comercialización de los resultados de la investigación (Mercado y Malavé, 2010). Los ámbitos de gestión de éstas estructuras se concretan a través de actividades tales como la promoción de los vínculos, el apoyo tecnológico a las empresas, celebración de contratos de I+D, Transferencia de conocimientos, protección de resultados de Investigación, creación de empresas de base tecnológica, conformación de incubadoras y formación y capacitación del Recurso Humano.
La creación de EDI en Venezuela comienza a mediados de los ochenta. Se citan como ejemplos la Fundación de Investigación y Desarrollo (FUNINDES) de la Universidad Simón Bolívar creada a mediados de los ochenta para servir de mecanismo vinculante entre las capacidades de esta universidad y las necesidades del sector industrial. La Fundación Parque Tecnológico de Barquisimeto en ese mismo período, y la Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTN) de la Universidad de los Andes creada en 1992, con el objetivo de promover la investigación y la creación de empresas de base tecnológica (Ibid,ant).
Pero transcurridas más de dos décadas de estos esfuerzos, puede decirse que los resultados en términos de impacto sobre las capacidades tecnológicas de la estructura industrial han sido bastante discretos. Debe señalarse que la inexistencia de una agenda de política tecnológica e industrial coherente y sostenida que impulsara el desarrollo tecnológico, contribuyó a estos discretos resultados.
La necesidad de innovar la política
Apesar de los cambios notables en el discurso a partir de 1999, los esfuerzos de política pública en ciencia y tecnología realizados hasta ahora en Venezuela muestran la persistencia de la visión ofertista. Si bien con la creación de instituciones tecnológicas en la última década se ha avanzado en superar limitaciones estructurales, , se mantiene el divorcio que resulta de no trabajar considerando requerimientos específicos de la producción u otros sectores de la sociedad.
El CNTQ. Una experiencia inusual de vinculación
La creación del CNTQ, constituyó un experimento inedito de gestión en ciencia y tecnología en el ámbito nacional. A finales de 2004, las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología propusieron crear un organismo bajo la figura de interfase que aprovechara las capacidades existentes en universidades y centros de investigación para atender necesidades tecnológicas de la industria química y petroquímica. Se perseguía un doble propósito: romper con los esquemas ofertistas de política científica y tecnológica y consolidar un espacio efectivo de interacción entre la universidad y la industria que contribuyera con el objetivo de desarrollar un modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del siglo XXI, considerado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista -PPS- 2007-2013. Un estudio de factibilidad recomendó que fuese una estructura que se concentrara en la intermediación, dando soporte técnico a diversos actores del SNCTI, y en la dinamización, tratando de concretar esquemas de trabajo que incentivaran la cultura de la coordinación y la cooperación en torno al desarrollo tecnológico.
Inicialmente, el esquema de gestión proponía trabajar con las empresas en la identificación de problemas, y a partir de ahí ubicar capacidades en universidades y/o centros de Investigación para conformar equipos para el desarrollo del proyecto. Estos esfuerzos iniciales evidenciaron, aparte de las tradicionales dificultades de aproximación (objetivos y dinámicas diferentes de la empresa y la universidad) problemas importantes tales como: estructuras organizacionales que entorpecen la vinculación, dificultad de muchas empresas para caracterizar adecuadamente sus problemas y plasmarlos en proyectos e inexistencia, en diversos casos, de capacidades de I+D en las universidades para resolver problemas planteados por las unidades productivas, en especial de aquellas pertenecientes a sectores intensivos en tecnología y capital (Mercado y Malavé, 2010).
Esta situación llevó a analizar cuan apropiadas resultaban las estrategias iniciales. Identificar problemas en la unidad productiva y a partir de estos formular proyectos conjuntos de I+D+i se veía limitada por la baja capacidad tecnológica de las empresas, la cual en la mayoría de los casos apenas alcanza capacidad de uso y operación, y por la ausencia de capacidades tecnoproductivas en las universidades, entendida ésta como aquella capaz de generar conocimiento útil para el desarrollo tecnológico del mundo de la producción (Íbid, ant)). Se procede entonces a revisar las estrategias iniciales y a procurar mecanismos que permitieran adecuarse a esta realidad.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) aprobada en 2005, constituyó un marco institucional apropiado ya que, basados en la obligación que tenían las empresas de invertir y/o aportar en ciencia, tecnología e innovación, permitió diseñar instrumentos de política de corte sectorial para orientar la inversión a fin de abordar importantes problemas estructurales de la industria, requiriendo para ello de la conformación de redes tecnoproductivas.
Redes tecnoproductivas y programas sectoriales
Es evidente que los desafíos que plantean la baja capacidad tecnológica de la industria y las debilidades de las universidades y centros de investigación en las áreas de diseño y tecnología de procesos son de gran magnitud. Es necesario promover un cambio en las culturas de los actores del SNCTI para que la coordinación y la cooperación sean elementos fundamentales de sus estrategias de vinculación; ello requiere el desarrollo y la conjunción de capacidades técnicas y de gestión.
Para responder a estos imperativos, más que una instancia meramente promotora de la vinculación universidad - industria, el CNTQ se fue constituyendo en un organismo orientado a la conformación de redes que integran unidades productivas, grupos de investigación, organismos técnicos del Estado, asociaciones empresariales y organismos regionales de apoyo a la I+D+i alrededor de problemas estructurales de importantes sectores industriales, a partir de los cuales se formularon programas y/o proyectos que comenzaron a ampliar las agendas de trabajo entre los diversos actores.
Las redes son definidas por las funciones concebidas en su conformación. Según Lambooy (2004) tienen dos funciones básicas: hacer posible la coordinación de decisiones que siendo tomadas individualmente por los actores e instituciones, muchas veces tiene impacto limitado, y la transmisión de información, datos y conocimientos entre los actores por un uso efectivo de las conexiones que se establecen. Las configuraciones de la red son determinadas en gran medida por las especificidades tecnoproductivas de los espacios (localidades o regiones) donde se conforman. Por ejemplo, en el caso de espacios donde se establecen sectores tecnológicos de punta, las redes se caracterizarán por ser intensivas en el intercambio de conocimiento de frontera, por lo que las instituciones de investigación, incluso las orientadas a la investigación básica, son elemento clave para su desarrollo. Espacios locales, ligados a prácticas productivas tradicionales, requieren, aparte de soporte tecnológico, apoyo de información y conocimientos en aspectos normativos y organizativos. En este caso, los organismos de promoción, prestación de asistencia técnica y aquellos responsables de la regulación y las normas son elementos clave para su conformación. Por lo tanto, las especificidades sectoriales serán determinantes en el tipo de información transmitida y la intensidad de las relaciones entre los componentes de la red (Love y Roper, 1999).
Los programas sectoriales
Como se indicó, la estrategia inicial de promover vínculos identificando proyectos en las empresas y la conformación de equipos de proyecto con personal de universidades,resultó poco efectiva. Un problema clave a resolver era saber si el tipo de requerimientos que surgía más frecuentemente de la industria era plausible de ser abordado con las capacidades de las universidades, y si efectivamente en todos los casos se requería de la formulación de un proyecto tecnológico. Considerando que la capacidad tecnológica de la mayoría de las empresas es de uso y operación, era de esperar que las demandas, en general, se orientaran a proyectos que procuren incrementar la eficiencia productiva dentro de los parámetros originales de la tecnología, prácticas que presentan un marcado carácter adaptativo.
Estudios sobre importantes sectores de la industria (Mercado, 2001, 2006) y evaluaciones realizadas directamente por técnicos del CNTQ en las empresas, identificaban la existencia de problemas estructurales en la industria que si bien tenían naturaleza tecnológica, trascendían claramente este espacio de gestión. Problemas relacionados con garantizar la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad industrial, y la minimización del impacto ambiental constituyen serios problemas que afectan la productividad y, en muchos casos, hasta la operatividad de las empresas de los diferentes sectores industriales; se estableció, además, que existe correlación entre los esfuerzos que realizan las empresas en la adecuación y mejora en estas áreas y su desempeño tecnológico. Aquellas que presentan mejor infraestructura tecnológica o, de modo más general, una actitud más positiva ante la innovación, incorporaban de manera más rápida y efectiva los elementos normativos y regulatorios.
Por su parte, la LOCTI de 2005 establecía las actividades consideradas como de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras:
a) Sustitución de materias primas o componentes para disminuir importaciones o dependencia tecnológica.
b) Creación de redes de cooperación productivas con empresas nacionales.
c) Utilización de nuevas tecnologías para incrementar calidad productiva.
d) Participación, de universidades y centros I+D en la introducción de nuevos procesos tecnológicos, esquemas gerenciales y organizativos, obtención de nuevos productos o procedimientos, exploración de nuevos mercados y en general procesos de innovación en el ámbito de las actividades y fines de las empresas, con miras a mejorar su competitividad y calidad.
e) Formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos.
Como se aprecia, incluianuna gama de actividades necesarias para abordar los problemas estructurales señalados (calidad-inocuidad, seguridad industrial e impacto ambiental). El marco legal abría laoportunidad de desarrollar instrumentos de política que permitieran aprovechar la inversión y/o el aporte que debían realizar las empresas para buscar soluciones a problemas que obstaculizan la productividad y, en muchos casos, afectan hasta la operatividad de las unidades productivas.
Conformación de las redes
Tomando en cuenta estas condiciones, se diseñaron programas que aprovecharan la obligatoriedad de invertir y/o aportar en CTI, para mejorar el desempeño de la industria en términos de su gestión integral, es decir, haciendo consideración simultánea y continua de los temas de tecnología, calidad - inocuidad, seguridad industrial, salud y ambiente. Pero un abordaje sectorial, partiendo del reconocimiento de las debilidades que presentan las unidades productivas y las universidades requería establecer sinergias. Era necesario aglutinar las capacidades existentes a fin de potenciarlas y poder desarrollar proyectos de alta relevancia socioeconómica. Ello requería la efectiva articulación de los actores. Surgia el planteamiento de conformar redes tecnoproductivas, concebidas como espacios de interacción que generaran, intercambiaran y difundieran conocimiento tecnológico y científico con alto potencial de aplicabilidad en el ámbito productivo o para la resolución de problemas socioeconómicos.
Estas redes, además de permitir coordinar decisiones de los actores e instituciones, y la transmisión de información y conocimiento, constituían espacios de aprendizaje institucional en el que se debían establecer metas concertadas que apuntaran al logro del objetivo – el desarrollo del proyecto o programa. Pero además debían esforzarse en modificar la cultura de las diferentes instituciones y actores, no sólo en lo referente a sus capacidades y aptitudes para el desarrollo tecnológico y el manejo de los otros temas considerados, sino también de su disposición para la articulación y coordinación de las acciones con los demás actores. En esta perspectiva, un objetivo era la producción de conocimiento de alta pertinencia social, que se caracteriza por tener un importante componente de “colaboración” (collaborative research), un perfil multidisciplinario -en realidad más bien transdisciplinario- e interactuar con actores diversos de la sociedad, mucho más allá de los grupos técnicos y de investigación.
Lo anterior requería una estructura que permitiera eel diseño de programas que garantizaran desde la formulación, la integración efectiva de todos los actores vinculados al desarrollo tecnológico e industrial, a saber: empresas públicas (socialistas y de propiedad social) y privadas, investigadores, tecnólogos, asociaciones empresariales y profesionales y, en diversos casos, las comunidades organizadas; ello con el patrocinio de organismos del Estado (figura 1).
Figura 1
Estructura de las redes tecnoproductivas organizadas desde el CNTQ
Redes en torno a problemas específicos de la industria
Como se indicó, la estructura de la red dependerá de las funciones que se definan. En los casos que nos ocupan, el abordaje de los importantes problemas identificados en la industria determinaba que los esfuerzos se orientaran a que las unidades productivas se adecuaran para responder efectivamente a los temas críticos de gestión (tecnología, calidad - inocuidad, seguridad industrial, salud y ambiente) en función de cumplir con la regulación y dar respuesta efectiva a los mercados donde se desenvuelven. Esto determinó que en los programas se planteara como objetivos iniciales la implantación de sistemas de gestión en los temas citados apoyándose en la obligatoriedad de invertir y / o aportar en actividades de CTI que establecía la LOCTI.
La red en la industria de alimentos
Se toma como primer ejemplo la experiencia desarrollada en la industria de los alimentos, en la que un tema crucial para la gestión productiva gira en torno a la inocuidad y la calidad del producto y donde se han identificado serios problemas en la mayoría de las ramas que le componen. En este caso, las funciones de la red se orientan a crear mecanismos para que las empresas implanten sistemas de inocuidad, calidad y control de procesos (SICCP) para cumplir, en un primer nivel, con lo establecido en la regulación, específicamente implantando las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), y en caso de tener requerimientos más rigurosos, como exigencia de mercados internacionales, avanzar en la implantación de normas más completas como el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC -HACCP en sus siglas en ingles) o sistemas de gestión integral (ISO 22000).
En Venezuela las BPF son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, muchas empresas no cumplen satisfactoriamente con la norma. Por otra parte, estudios determinaron correlación entre la implantación de sistemas de calidad y control de procesos y el aprendizaje tecnológico , lo que incluso plantea la posibilidad de establecer secuencias incrementales de capacitación tecnoproductiva donde el esfuerzo innovador y la capacitación en los sistemas de gestión se retroalimentan.
Se concibió entonces la posibilidad de orientar la inversión obligatoria que debían hacer las empresas en el marco de la LOCTI para que realizaran el proceso de adecuación para la implantación de los SICCP definiendo como función principal de la red el diseño e implantación de un programa que contemplaba diagnóstico, plan de adecuación e implantación del sistema requerido por la empresa. La red se estructuró con participación de diversas instituciones públicas y privadas vinculadas directamente con el problema de la inocuidad y la calidad de los alimentos (Ministerios de Salud y Alimentación, Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos, Universidades y Centros de Investigación).
La participación grupos de investigadores de las universidades, trabajadores de las empresas y técnicos de otros organismos del Estado en la red permitió incorporar a un importante número de empresas en procesos de implantación de los sistemas de calidad y control de procesos, en niveles no antes vistos debido a una disminución de los costos de transacción. La red, además, provee e intercambia información y conocimiento a través de capacitación y asesoría técnica.
Se planteó un abordaje diferenciado en función del tamaño de la empresa. Para las grandes, se diseñó el programa Implantación de Sistemas de Calidad y Control de Procesos en el marco de la LOCTI, en el que participaban mediante aporte y/o inversión. Para las pequeñas, el programa Fortalecimiento del manejo de la inocuidad en redes de innovación productiva (RIPS) y en pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de alimentos, financiado con recursos propios del CNTQ y aportes provenientes de grandes empresas 6.
Para 2010, seis grandes empresas en todo el ámbito nacional habían participado en el programa, considerando el diagnóstico de diecisiete plantas procesadoras y/o comercializadoras de alimentos y la implementación de SCCP en trece de ellas 7. En las actividades participaron investigadores de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes, técnicos del CNTQ y del Ministerio de Alimentación. En diversos casos, los procesos de adecuación para la implementación de los sistemas requirieron esfuerzos en las áreas de ingeniería y tecnología. La modificación de la LOCTI, al eliminar la opción de inversión inviabilizó el programa Implantación de Sistemas de Calidad y Control de Procesos en el marco de la LOCTI, En el caso de las pequeñas y medianas empresas se conformó una sólida red regional en los estados Mérida, Táchira y Trujillo que ha incluido la participación de pequeños productores, investigadores de la Universidad de los Andes, Técnicos del CNTQ, de los ministerios de Salud, Alimentación y alcaldías de dos municipios de uno de los estados.
Hasta finales de 2011 se habían incorporado más de cien unidades productivas que incluyen pequeñas empresas familiares, cooperativas y Redes Socialistas de Innovación productiva. De esta cantidad más del sesenta por ciento completó satisfactoriamente la implantación de las BPF. Las actividades incluyen la revisión de las condiciones de producción, instalación y equipamiento, plan de implementación, capacitación y seguimiento. En 2010 este programa se extendió a la región centro occidental del país (estados Lara y Falcón) y central (Carabobo), contando para ello con el apoyo de las fundaciones de apoyo de la ciencia y la tecnología (FUNDACITE`s) de estos estados. Este programa continua, contando en la actualidad con aporte financiero del CNTQ y el FONACIT.
La Red Nacional de Tecnología de Procesos (RNTP)
El segundo ejemplo es la Red Nacional de Tecnología de Procesos conformada en 2010 con el objetivo de de aprovechar las capacidades de universidades y centros de investigación para el desarrollo de proyectos que respondan a requerimientos de la industria. Incorpora a las principales universidades nacionales, centros de investigación y empresas de las industrias química y petroquímica bajo coordinación del CNTQ.
Como se indicó, la naturaleza de los proyectos que puede demandar la empresa estará condicionada por su capacidad tecnológica. La mayoría de las empresas venezolanas de este sector apenas posee capacidad de uso y operación, por lo que no puede esperarse proyectos tecnológicos altamente innovadores. Los requerimientos en este nivel se relacionan fundamentalmente con el dominio de la tecnología vía incremento de la eficiencia productiva, modificaciones menores al proceso, adecuación de materias primas y disminución del impacto ambiental, esfuerzos que constituyen pasos iniciales del aprendizaje tecnológico. No obstante, requieren conocimientos que no posee la empresa y que pueden ser provistos parcialmente por universidades y centros de investigación, o ser desarrollados conjuntamente. De allí la necesidad de que estas instituciones se incorporen desde la fase misma de formulación del proyecto mediante la conformación de una red tecnoproductiva.
La innovación en procesos en esta industria se apoya crecientemente en técnicas de modelaje y simulación cuyos paquetes (software) son desarrollados por unas pocas empresas en el ámbito internacional. Por factores de costo para la mayoría de las empresas del país y las universidades resulta muy difícil adquirir estas herramientas y mantener las licencias, limitando sus posibilidades de desarrollar proyectos. Un esfuerzo de integración entre las unidades productivas y grupos de investigación bajo la figura de red puede contribuir a disminuir costos de adquisición y el intercambio de información.
El propósito de la red es coordinar las acciones de los diferentes actores para adelantar proyectos conjuntos de innovación en las empresas pero creando las condiciones para tal fin. . En tal sentido, se hizo una convocatoria amplia de universidades nacionales, y empresas públicas, privadas y mixtas (Figura 2) 8.
Figura 2
Estructura y funciones de la Red Nacional de Tecnología de Procesos
Como se aprecia, se establecen varias funciones en la red. En primer lugar identificar problemas o requerimientos técnicos de las unidades productivas y establecer que universidades tienen las capacidades para integrarse al proyecto. Para ello es necesario que estas últimas cuenten con las tecnologías necesarias para apoyar el proyecto mediante el modelaje y la simulación. En segundo, que las universidades y centros de investigación intercambien información y coordinen acciones para fortalecer sus capacidades en esta área.
Para el logro de este objetivo durante 2010 se realizaron talleres para integrar a las universidades, se dictó un curso de técnicas de simulación (manejo de software) a personal de estas instituciones por parte de representantes de empresas proveedoras de la tecnología, y se realizó un curso taller de formulación y evaluación de proyectos con participación de investigadores de las universidades y gerentes técnicos de las empresas a fin de identificar problemas técnicos a partir de los cuales formular proyectos a ser desarrollados de manera conjunta. Durante 2011, se adelantaron las gestiones para la adquisición de las herramientas de simulación. Para el primer trimestre de 2013, aun se esperaba concretar esta actividad.
Los beneficios para los diferentes actores e instituciones de participar en la red son claros: a las empresas les abría la posibilidad de obtener información para resolver problemas específicos y aprovechar oportunidades tecnológicas, incorporando importantes capacidades de generación de conocimiento tecnológico y científico de las universidades, conociendo directamente la oferta y capacidades de estas. Para las universidades el fortalecimiento de sus capacidades tecnoproductivas (desarrollo y aplicación de los conocimientos generados en actividades de desarrollo de productos y procesos de utilidad industrial) mediante la dotación de herramientas de simulación, financiadas por el CNTQ y una ampliación de su agenda de investigación y desarrollo con requerimientos específicos de la producción.
Al igual que en la red de alimentos la RNTP, aparte de coordinar decisiones de los actores e instituciones y el intercambio de información y conocimiento, se conformaba un espacio de aprendizaje institucional donde se podía definir de manera concertada las actividades a desarrollar apuntando al logro del objetivo (la ejecución del proyecto). La dinámica de trabajo ha comenzado a sensibilizar a las diferentes instituciones y actores, algunos ya están conscientes de la necesidad de modificar su cultura, no sólo en lo referente a sus capacidades y aptitudes para el desarrollo tecnológico, sino también de su disposición para la articulación y coordinación con los demás actores.
Otros esfuerzos
Programas similares de implantación de sistemas de gestión se comenzaron a desarrollar en otros sectores de la industria de procesos, incorporando un número importante de instituciones públicas y privadas. Específicamente se conformaron redes para las empresas básicas (minería, Hierro y aluminio) de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para abordar los severos problemas ambientales y tecnológicos que confrontaban. En este caso, se realizaron importantes esfuerzos de capacitación en formulación de proyectos para abordar los citados proyectos enmarcados en el ámbito de la LOCTI. Se entrenó a 172 profesionales y a partir de talleres de trabajo se elaboraron documentos conceptuales donde se identificaban problemas ern las áreas citadas y se generaba la información base para formular los proyectos que se financiarían mediante la inversión obligatoria que establecía la Ley. Sin embargo, la severa crisis que afecta a las empresas básicas desde 2009 y la modificación de la ley paralizó este esfuerzo.
En la Industria Química se diseñó un programa para la implantación de sistemas de gestión de Responsabilidad Integral (Responsible Care) con participación de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM). Organismo responsable para el seguimiento de su implantación en Venezuela. Igualmente, consideraba la conformación de una red de trabajo con participación de personal de unioversidades, técnicos de ASOQUIM y asesores. Para el momento de la reforma parcial de la LOCTI se contaba con la participación de tres empresas en el programa, una de las cuales implantó la norma ambiental ISO 14000 y otra su sistema de gestión de la calidad.
La revisión de estas experiencias da cuenta de la existencia de un instrumento de política (policy) desarrollada que permitió conformar un tramado de redes en torno a problemas específicos de cada sector industrial, lo cual en diversos casos comenzaba a ampliar efectivamente la participación social y los ámbitos de responsabilidad en el desarrollo de la actividad tecnológica.
Espacio movilizador
La red tecnoproductiva constituía un arreglo socioinstitucional inédito que podía contribuir a elevar el escaso nivel de desarrollo tecnológico. Su conformación bajo coordinación de un organismo del Estado interfase abría un espacio de aprendizaje para los actores y organizaciones participantes. Grupos de investigación de las universidades entendieron la necesidad de desarrollar agendas de trabajo aplicando conocimientos generados en sus laboratorios que efectivamente dieran respuesta a necesidades de la industria, llevando en cuenta que para esta un factor crucial para su vinculación son los tiempos de respuesta, necesariamente cortos. Diversas empresas grandes, al tener la oportunidad de orientar su inversión de acuerdo a lo que establecía la LOCTI (2005) mediante programas específicos, la hacían más eficiente percibieron, mediante resultados concretos de mejora, la importancia de destinar recursos a la innovación y el desarrollo tecnológico. En las pequeñas, en parte con financiamiento de las grandes, se ha consolidado una dinámica de mejora continua, que permite capacitar a sus trabajadores e implantar las normas, logro casi imposible si lo emprendieran por si solas. Una derivación importante, es que el abordaje de estos problemas de inocuidad-calidad y seguridad, requirió en diversos casos la realización de proyectos de mejora tecnológica y ambiental, que han requerido de la incorporación de profesionales que interactúan activamente con los actores iniciales.
La Politics torna inviable el esfuerzo de Policy
La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) en Diciembre de 2010, establece la obligatoriedad de realizar aportes directamente al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) eliminando la opción de las empresas de invertir en proyectos para si mismas y verificar mediante declaración si estos se encuadraban en las actividades de ciencia, tecnología e innovación estipuladas en el artículo 42 de la LOCTI de 2005. Otro cambio fundamental, es que las universidades y centros de investigación no pueden recibir aportes directamente de las empresas. Estas nuevas condiciones dificultan de manera importante el esfuerzo de política (policy) adelantado desde el CNTQ que, como se indicó, se encuadraba en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista -PPS- 2007-2013.
Esta modificación obedece a un cambio radical en la visión política (Politics) de nuevos actores institucionales, en la que el trabajo con el sector productivo privado no es prioridad y, sobre todo, reintroduce una visión “cientificista” a la política científica y tecnológica. Ello resulta evidente en la declaración del para entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI), que en rueda de prensa con motivo de la reforma de la ley señalaba:
“Los recursos para la Investigación y la Innovación de la Ciencia y Tecnología estarán a la disposición del pueblo, es la premisa fundamental y eso implica fortalecer un sistema científico y de investigación de nuestro país. Un sistema científico que favorezca y se oriente no en función de un interés particular de aquel que pueda hacer peculio, sino que sea un sistema que permita fortalecer los intereses nacionales” 9.
Se deja claro que los esfuerzos se orientan a la investigación, estableciéndose en ese momento cuatro áreas prioritarias: Vivienda y hábitat; Dinámicas, tendencias y desafíos del desarrollo urbano; Impacto del cambio climático y Eficiencia energética con énfasis en las fuentes alternas de energías y la generación y distribución de energía (MCTI, 2010). Estas fueron definidas casi exclusivamente por personal directivo del MCTI proveniente de universidades, reproduciendo sus patrones disciplinarios y culturas de investigación. Los espacios para el desarrollo tecnológico en las industrias clave del país (petróleo, química y petroquímica, y alimentos) difícilmente pueden insertarse en estas áreas.
Todas las instituciones, públicas y privadas, deben ahora someter a consideración del FONACIT los proyectos y éste, otorgará los fondos recibidos a aquellos que considere pertinentes. Esto coloca dos obstáculos a los programas de redes tecnoproductivas del CNTQ: el primero que las áreas y actividades contempladas en los programas no encajan dentro de las nuevas prioridades, dificultando la obtención de financiamiento. El segundo, tiene que ver con los tiempos de aprobación del proyecto y desembolso de los fondos, ya que al eliminar la posibilidad de negociar directamente con la empresa, se deben solicitar al FONACIT, organismo cuyos procedimientos han sido históricamente muy lentos. Solicitantes consultados indican que estos pueden llevar hasta dos años, situación que hace insostenible el trabajo con el sector productivo en el que la variable tiempo es crucial.
Conclusiones
Los múltiples esfuerzos de vinculación entre la universidad y la industria adelantados en América Latina, y particularmente en Venezuela, en los últimos cincuenta años, han tenido resultados discretos que ponen en entredicho la efectividad de las políticas adoptadas. La implantación acrítica de modelos concebidos en los países desarrollados y una inadecuada consideración de la realidad de los Sistemas Nacionales de Ciencia, tecnología e Innovación destacan entre las causas del bajo impacto.
Los intentos de construir una nueva institucionalidad para la ciencia y la tecnología a partir de 1999 colocaron la discusión sobre la realización de estas actividades en diversos ámbitos sociales, más allá de los tradicionales. Sin embargo, hasta ahora no se logró incrementar su impacto. Aspectos positivos han sido los esfuerzos por incrementar la participación de diversos actores sociales, la ampliación de la responsabilidad en el desarrollo de la actividad científica y tecnológica y la creación de nuevos espacios para el desarrollo tecnológico. Sin embargo, en estos nuevos espacios se sigue reproduciendo fundamentalmente la producción de conocimiento desde “la oferta”, es decir, desde la investigación, cuyos resultados frecuentemente no tienen posibilidad de ser absorbidos por instancias productivas que se caracterizan por presentar, de manera general, baja capacidad tecnológica.
La LOCTI promulgada en 2005, abrió espacios inéditos para el desarrollo de la actividad tecnológica al establecer la obligatoriedad de aportar y/o invertir en actividades de ciencia, tecnología e innovación. La escasa cultura tecnológica de las unidades productivas y una baja capacidad tecnoproductiva en las universidades constituían obstáculos para la formulación y desarrollo conjunto de proyectos tecnológicos. Por esta razón era necesario innovar las políticas de CTI.
La mayoría de las empresas venezolanas posee apenas capacidad tecnológica de uso y operación, condición que determina que el tipo de proyectos que puedan demandar apunten en la mayoría de los casos a incrementar su eficiencia productiva, requiriendo básicamente de actividades de marcado carácter adaptativo. Esta realidad, dio al CNTQ la oportunidad de aprovechar el nuevo marco institucional para ensayar nuevas formulas de vinculación. Trabajar en problemas del sector industrial que afectan seriamente se productividad y desarrollo, como son la seguridad industrial, inocuidad – calidad y ambiente, planteó una agenda de trabajo amplia en la que se insertaban efectivamente universidades y centros de investigación.
Esto se logró conformando redes tecnoproductivas para abordar problemas que por su amplia recurrencia en los sectores alcanza una dimensión estructural, surgiendo como una alternativa organizacional apropiada. Estas redes aparte de coordinar acciones de los actores e intercambiar conocimiento e información, se fueron constituyendo en espacios de aprendizaje que apuntaban a modificar las culturas de actores que históricamente han sido poco dados a coordinar y cooperar.
La experiencia de la red de la industria de alimentos mostró que es posible incorporar grupos de trabajo de las universidades de manera activa en la resolución de los problemas de un importante número de empresas para garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos para la población venezolana. Mientras que en el caso de la Red Nacional de Tecnología de Procesos se adelantaba un esfuerzo colaborativo que buscaba fortalecer las capacidades de generación de conocimiento tecnológico de las universidades apoyándolas con la dotación de técnicas de simulación de procesos que les permitiera trabajar en proyectos con las empresas petroquímicas.
Las interacciones entre actores diversos de la academia, la industria y el Estado, comenzaron a generar aprendizajes institucionales que se traducen en una elevación de las capacidades de gestión tecnoproductiva de diversas empresas. Sin embargo, la reforma parcial de la LOCTI apenas cinco años después de promulgada y cuatro de su implantación afectó la continuidad de estas iniciativas.
La reforma constituye otro episodio más de una de las prácticas más perniciosas del SNCTI venezolano: Los cambios recurrentes en leyes y reglamentos, que impide construir trayectorias institucionales sólidas. Esta reforma modificó radicalmente las reglas de juego al establecer la obligatoriedad de realizar aportes directamente al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) eliminando la opción de las empresas de invertir en proyectos propios. El esfuerzo realizado para que empresas con baja capacidad tecnológica comenzaran a interesarse por la innovación y la mejora continua, que se comenzaba a traducir en un incremento de capacidades tecnoproductivas, se retrajo significativamente.
SNI volcado a la investigación..
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