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Todavía se observa en los países latinoamericanos, salvo excepciones honrosas, los efectos de reducidos presupuestos de las actividades de C y T, serias debilidades en la infraestructura científica, escasas vinculaciones con la industria en materia tecnológica, pocos esfuerzos de cooperación interregional y una sostenida migración de científicos jóvenes a otras latitudes en busca de mejores condiciones para su desarrollo profesional. Frente a este cuadro, un tanto desolador, pareciera que, como sostiene Mario Albornoz, en un reciente editorial de la revista REDES (Buenos Aires, agosto, 2000) Las luces que refuerzan ante la opinión pública mundial el papel decisivo de la ciencia constituye un marco que, por contraste, acentúa las vacilaciones de la mayor parte de los países de América Latina con respecto a la importancia que le deben asignar a las políticas científica y tecnológica, al estilo que debe asignarse a estas políticas y a los objetivos que es razonable establecer para ellas. En el caso venezolano, esperamos que la aplicación de la novísima Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación logre generar, a mediano plazo, los cambios esperados en la tendencia de los principales indicadores de estas vitales actividades para el desarrollo del país.
El Editor
Vol. 22 (1) 2.001
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